víctimas

El proceso de paz en la Argentina tendrá pronto un capítulo clave tras los duros años de reconstrucción de las heridas que dejó la última dictadura militar de 1976-1983 en ese país: el Estado está impulsando ante la UNESCO una postulación para que el Museo Sitio de Memoria ESMA, que fuera uno de los más grandes campos de concentración y exterminio, sea declarado Patrimonio Mundial.

En un encuentro con la fotografía, el relato y la memoria, luego de 20 años de haber sucedido la masacre de seis niños en el municipio de Pueblo Rico, Suroeste de Antioquia, el 15 de agosto de 2000 a manos del Ejército de Colombia, un grupo de estudiantes del pregrado en Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, seccional Andes, y yo, su profesora, decidimos recorrer los caminos, la escuela, las casas y visitar a las familias en la vereda La Pica, donde ocurrieron los hechos, para narrar a través de la fotografía, en el hoy, un proceso de memoria y resiliencia sobre el fatídico hecho e

Han pasado casi veinte años desde que un pelotón del Batallón de Infantería Nº 32 Pedro Justo Berrío atacó a un grupo de 48 niños y cuatro adultos que participaban en un paseo escolar en la vereda La Pica de Pueblorrico, Antioquia. En la acción asesinaron a seis de los menores e hirieron a otros cuatro.

Más de 800 personas se desplazaron de las veredas de Ituango al casco urbano por presión de los grupos ilegales: combates, amenazas y cultivos ilícitos dejan una vez más a la población civil -incluyendo los más de 100 ex combatientes que adelantaban su reincorporación en este municipio del Norte- huyendo en medio del fuego cruzado. Sin embargo, el conflicto y el desplazamiento en este territorio ha estado relacionado, además de economías y grupos ilegales, con proyectos empresariales como Hidroituango y, recientemente con la minería.

Perros, sombreros, ropa, botas, machetes, gallinas y costales. Como en los viejos tiempos, los campesinos salieron con lo que tenían al hombro y pasaron una noche fría en el suelo de una escuela y un coliseo deportivo.

 Dabeiba, Antioquia, 17 de febrero de 2020. Este lunes, la Jurisdicción Especial para la Paz le entregó a sus familiares, en Dabeiba (Antioquia), el cuerpo del joven Edison Lexander Lezcano Hurtado, cuyos restos habían sido exhumados del cementerio de este municipio en una diligencia realizada por la Jurisdicción en diciembre pasado.

Lezcano Hurtado tenía 23 años de edad, era padre de tres hijos y se desempeñaba como agricultor en zona rural de Dabeiba cuando fue muerto por integrantes del Ejército Nacional.

Por: Carlos Olimpo Restrepo S.
Foto: Juan David Tamayo

La investigación sobre los patrones de criminalidad de los actores armados que, durante casi dos décadas, ha desarrollado Timisay Monsalve Vargas, ha hecho que la antropóloga sea reconocida como una de las autoridades académicas en este campo, en los diferentes momentos y conflictos que ocurren en la geografía nacional.

Desde que comenzó este año, estando en el Chocó, he venido denunciando las incursiones en Quibdó y en varios municipios del grupo paramilitar Gaitanistas de Colombia que opera en el Chocó; especialmente en el municipio de Quibdó en donde el 1 de enero irrumpieron disparando en un barrio atemorizando a la gente, y después el 15 de enero llega un paramilitar con un fusil de asalto en el malecón de Quibdó al lado de la Policía y nadie dijo nada; todo esto lo denuncié por redes sociales y en emisoras comunitarias del Chocó.

Isabel Zuleta es socióloga e investigadora que por años ha estudiado y analizado las problemáticas que ha generado la construcción del proyecto Hidroituango. Como vocera de Ríos Vivos, asociación que agremia a organizaciones campesinas y víctimas, levantó una voz de protesta en contra del megaproyecto, hoy investigado por posibles irregularidades en su construcción, daños sociales y ambientales, incumplimiento de contratos y por no escuchar las demandas de las familias afectadas por el conflicto armado.

A finales de 2018, la OEI  suscribió un convenio con la JEP para “Brindar asistencia técnica y cooperación a la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el desarrollo del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD)" gestionando la disponibilidad del equipo de profesionales encargados de asistir y representar a los exintegrantes de FARC que comparezcan a la Jurisdicción. Dicho Convenio y uno más firmado como Convenio 196 de 2019 ratifican el compromiso que tiene el organismo con la búsqueda de una paz estable y duradera y que corresponde con la solicitud explicita en el acuerdo de paz.