La Corte Constitucional colombiana declaró que hay un estado de cosas inconstitucional en las garantías de seguridad de quienes dejaron las armas, tras 305 asesinatos desde de la firma del Acuerdo hasta el 30 de enero de 2022. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
La Corte Constitucional declaró, este 27 de enero, que hay violación masiva del Acuerdo Final de Paz y por lo tanto declaró Estado de Cosas Inconstitucional. Esto se da cuando se da una violación generalizada de varios derechos constitucionales a un número significativo de personas.La Corte señala que hay fallas en la implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc que se sometieron al acuerdo de paz: al 30 de enero son 305 los hombres y mujeres que dejaron las armas y han sido asesinados.
Esta decisión se tomó tras el estudio de cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que denunciaron amenazas graves contra su vida e integridad personal. Una situación que corroboró el alto tribunal y determinó que sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Corte dictó las siguientes medidas:
- Ordenar a la UNP que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la presente decisión revalúe el riesgo que enfrentan las y los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integran el partido comunes así como otras personas que se encuentren en situaciones similares de riesgo.
- Reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecernos de ser necesario nuevos esquemas para ello empezar con la contratación y la formación de los agentes escoltas para suplir las necesidades.
- Declarar el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento y la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de los excombatientes.
- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación crear un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia con el auxilio de la Defensoría del Pueblo. La Corte también creará una sala especial de seguimiento y cumplimiento hasta que se logre la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.
- En el término de tres meses el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento.
- Ordenar al Gobierno nacional adopte las medidas que le permitan cumplir las garantías de seguridad previstas en el acuerdo de paz, de modo que se facilite la reinserción efectiva y pronta a la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares.
- Ordenar al Gobierno nacional disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo de paz que ejerzan liderazgo político o social tengan la protección requerida en el marco de las actividades que están llamadas a desarrollar.
- Priorizar a los municipios y regiones especialmente afectadas por la violencia de grupos armados y la ausencia del Estado (Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca) para descongestionar los análisis de riesgos represados en la UNP.
- Aplicar con rigor los principios de presunción del riesgo extraordinario y realizar un análisis detallado del contexto para evitar actuaciones dilatorias que aumenten innecesaria el riesgo de seguridad que enfrentan las personas desmovilizadas.
La comunidad internacional exortó al gobierno de Iván Duque a escuchar el llamado del pueblo colombiano por brindar garantías para la vida no solo de los firmantes sino de los líderes sociales (son más de mil asesinados después de la firma) y las comunidades campesinas, afro e indígenas que están en medio del fuego cruzado y son las víctimas de las masacres, desplazamientos y terror y violencia que escalan desde la llegada de Duque al poder.
