Timisay Monsalve: “En Hidroituango no hicimos trabajo de antropología forense”

Por: Carlos Olimpo Restrepo S.
Foto: Juan David Tamayo

La investigación sobre los patrones de criminalidad de los actores armados que, durante casi dos décadas, ha desarrollado Timisay Monsalve Vargas, ha hecho que la antropóloga sea reconocida como una de las autoridades académicas en este campo, en los diferentes momentos y conflictos que ocurren en la geografía nacional.

También ha hecho que ella misma viva, en carne propia y no solo por testimonios de otras personas, los métodos que emplean desde la clandestinidad quienes están interesados en que no salgan a la luz algunas verdades que pueden resultar incómodas para algunos sectores.

Esas presiones la han llevado a vivir en dos ocasiones el exilio, aliviadas en parte por estudios de posdoctorado, en compañía de su familia. Ahora, al igual que en 2011 y 2017, recaen sobre ella amenazas, cuya procedencia aún no es clara, pero que llevaron a que la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenara medidas de protección, ante el riesgo extraordinario que afronta.

Esta profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia ha liderado este tipo de trabajos desde el laboratorio de Antropología Osteológica y Forense, tanto en Medellín como en la zona de influencia del proyecto eléctrico de Hidroituango. Por considerar que allí puede haber evidencia de interés para establecer la verdad en algunos casos relacionados con desaparición forzada, la JEP ordenó, en noviembre pasado, medidas cautelares sobre este centro científico.

En conversación con Hacemos Memoria explicó su labor en estos procesos, aclaró los hechos que llevaron a las determinaciones judiciales recientes y cómo ha afrontado las intimidaciones contra ella y su familia.

¿Cómo se vinculó el laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de la Universidad de Antioquia al proyecto Hidroituango?

“En 2017 EPM hizo una convocatoria para hacer un traslado administrativo de restos óseos de cementerios rurales ubicados en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. La firma Integral S.A. gana la convocatoria y pide a la universidad adelantar el proceso. La UdeA, tras aceptar el encargo, junto con Integral y EPM le solicitan por escrito a la Fiscalía General de la Nación si tiene registros abiertos en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) u otro tipo de archivos sobre casos de su interés en los tres cementerios a intervenir: La Fortuna (Buriticá), Barbacoas (Peque) y Orobajo (Sabanalarga). La Fiscalía asegura que no tiene casos pendientes allí y a la vez recomienda hacer una trazabilidad del material óseo que encontremos allá. De manera simultánea, profesionales de EPM, Integral y la UdeA hacen reuniones con las comunidades para mostrar cómo se hará el proceso y a la vez se les llama a participar en el mismo, para lo cual son ellas las que deciden quiénes van a ser contratados por el proyecto, para participar y acompañarnos en el proceso de exhumación. Son estos quienes nos informan que los cuerpos de las personas que bajaban por el río Cauca, ellos los recogían y los enterraban cerca de las playas, en lo que ellos llamaban cementerios de los ahogados, sitios que fueron intervenidos en 2015 por la Fiscalía y en los que nosotros nunca estuvimos. Hubo dos casos especiales: en el cementerio de Barbacoas nos indican una tumba que puede ser de interés judicial, entonces cercamos el lugar, lo georreferenciamos y la Fiscalía fue después a exhumar el cuerpo. En La Fortuna se acercaron unos mineros artesanales y nos informaron que a unos 40 o 50 minutos del caserío habían enterrado a una persona de la que no sabían nada. Nos desplazamos al lugar, lo georreferenciamos y entregamos la información a la Fiscalía, que después llegó a intervenir. El resto de lo que hicimos en esos lugares fue cumplir con el contrato: adelantar la prospección, exhumación y traslado administrativo de restos óseos sepultados en cementerios comunitarios con patrones de enterramiento irregular”.

Entonces, ¿por qué la JEP toma medidas bajo el supuesto de que en el laboratorio puede haber restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en la zona de influencia de Hidroituango?

“El problema fundamental es que no se supo interpretar el contexto en que nosotros estábamos abordando en ese momento el contrato en esos lugares. No era un contexto forense ni científico, trabajamos en tres cementerios comunitarios rurales, con patrones irregulares de enterramiento a lo largo de siete y hasta ocho décadas, en los que hicimos una prospección, es decir, una exploración para establecer cuántos cuerpos había —en total fueron 349 restos de personas—, los exhumamos y trasladamos al lugar que la comunidad eligió. En este proceso, diseñamos e implementamos unos protocolos para garantizar la trazabilidad del material encontrado, así como la determinación de la edad y el sexo mediante métodos bioantropológicos. En el caso de Orobajo, la comunidad nutabe nos solicitó resguardar los restos óseos de 180 personas, mientras adelanta el proceso de consulta para definir el nuevo lugar de enterramiento. Esos restos se encuentran en este momento bajo custodia del laboratorio de Antropología Osteológica y Forense. De todo esto tenía información la JEP”.

Pero en las medidas cautelares ordenadas por la JEP el 5 de noviembre de 2019 se asegura que “el laboratorio no tiene una clasificación, registro y organización documental adecuada de los cuerpos que allí han sido trasladados”.

“En el laboratorio hay dos tipos de restos óseos: unos que hacen parte de la colección propia, que se obtiene mediante convenios con los cementerios y son para el desarrollo de actividades científicas y académicas; los otros son los del cementerio de Orobajo, que se preservan por solicitud de la comunidad, que están documentados, tienen toda la información que recogimos en la zona durante el proceso de prospección e inhumación. En la audiencia que se realizó en Medellín entre el 8 y 9 de octubre (de 2019) la JEP solicitó un informe sobre este espacio y nosotros lo elaboramos y se lo entregamos el 31 de octubre. Es un informe técnico sobre las actividades realizadas por el equipo de la Universidad de Antioquia entre noviembre del 2017 y agosto del 2018 en los tres cementerios comunitarios donde trabajamos, el cual consta de un documento central de 64 páginas, con 54 anexos. Es un informe muy detallado, que sería imposible construirlo en un lugar caótico, como algunos aseguran que encontraron. El 20 de noviembre de 2019 entregamos el informe sobre los restos óseos que teníamos mediante el convenio entre el Municipio de Medellín, el cementerio Universal y la Universidad de Antioquia. En ese informe se muestra que algunos de esos restos están sin documentación, porque el cementerio no nos la había entregado, y se señala cuáles son los que carecen de información, porque sabíamos que la JEP iba a intervenir el Universal en busca de desaparecidos de la comuna 13 (de Medellín)”.

Y tras estas audiencias e informes y su exposición mediática surgen nuevas amenazas en su contra, que llevan a que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ordene medidas de protección para usted.

“No se trata propiamente de una situación distinta, lo que sucede es que se complementa un problema más grande, que me crea condiciones de inseguridad mayor, porque ya en corredores y pasillos se asegura que trabajo para los paramilitares, porque se supone, a raíz de lo sucedido tras las audiencias y por declaraciones públicas, que intervenimos en los cementerios de manera inadecuada. Aquí quiero recordar que los sitios donde nosotros intervenimos en el proyecto Hidroituango están muy lejos de las zonas perpetración de hechos de los actores armados. También es importante aclarar que nosotros no estábamos haciendo allá un trabajo de antropología forense, se trataba de un acuerdo administrativo para el traslado de los tres cementerios y, como ya lo dije, siempre acatamos las recomendaciones de la Fiscalía”.

Pero no es la primera vez que usted es objeto de intimidaciones por su trabajo en el laboratorio ¿cómo fueron esas otras ocasiones?

“La primera vez fue en 2011, cuando se hizo la investigación preliminar sobre desaparición forzada en comuna 13. Allí utilizamos todos los métodos y técnicas de la antropología social para indagar sobre el perfil social y biológico de las víctimas en el contexto de la desaparición. Invitamos investigadores extranjeros, de reconocido prestigio, para que nos indicarán cómo llevar a cabo investigaciones preliminares de manera más clara. En este proceso desaparecieron una persona que nos estaba acompañando, que posteriormente apareció desmembrado. También se robaron información del laboratorio, nos hicieron seguimientos, intervinieron teléfonos, dejaban mensajes en la oficina o en las aulas. Entonces la Universidad de Antioquia me autorizó una pasantía y yo salí del país con toda mi familia. Yo regresé en 2012 y para finales de 2017 volvieron las amenazas, muy fuertes, en especial sobre mi hija. Entonces en 2018 me autorizaron el año sabático y volví a irme del país, hasta el 2019”.

¿Tiene idea de donde proceden las amenazas?

“No tenemos claridad, la Fiscalía nunca nos prestó atención cuando pusimos las denuncias en cada uno de esos momentos. Nunca dio un paso adelante, ni siquiera a pesar de que yo les dije que era un asunto grave por los temas que estoy investigando, que están relacionados con derechos humanos y con métodos de perpetración, que son muy amplios y complicados. Por eso yo no puedo asegurar en este momento si efectivamente aquellos que estaban haciendo las amenazas son paramilitares o fuerzas del Estado”.