Ituango: El destierro y la tragedia que no cesan

Más de 800 personas salieron desplazadas de la zona rural de Ituango. Defensoría del Pueblo lo había advertido en alerta temprana de enero, y ongs lo hicieron la semana pasada. Nadie les escuchó o, al menos, nadie logró frenar la salida masiva de campesinos que se da en medio de fuerte presencia del Ejército que no logra frenar el poderío de las Autodefensas Gaitanistas en disputa con otros grupos ilegales. Cumplir el Acuerdo de Paz, el llamado de los defensores de derechos humanos. GeneracionPaz.Co habló con el Secretario de Gobierno y les presenta una radiografía de esta tragedia anunciada.

Por: 
Revista Generación Paz

Perros, sombreros, ropa, botas, machetes, gallinas y costales. Como en los viejos tiempos, los campesinos salieron con lo que tenían al hombro y pasaron una noche fría en el suelo de una escuela y un coliseo deportivo. Son "815 personas de 109 familias desplazadas de 6 veredas de Ituango" según confirmó a Revista Generación Paz el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, a primera hora de este lunes a punto de abordar el helicóptero que lo llevaría al lugar de la tragedia: Ituango, el municipio más grande de Antioquia, a 195 kilómetros de Medellín en el apetecido Nudo de Paramillo en disputa -histórica- por los grupos armados, traficantes de cocaína, y las empresas privadas y el Estado que construyeron allí el polémico proyecto hidroeléctrico Ituango.

 

Mientras un grupo de motociclistas turistas recorrían ayer el ultra seguro perímetro de HidroItuango, las humildes familias campesinas se volcaban a las vías para salvar sus vidas asegurando un cupo en los buses - escaleras que los llevarían al casco urbano donde esperan protegerse tras recibir amenazas directas de los grupos armados:

 

"Nosotros vamos a tomar el control, es mejor que se vayan"

Aseguraron de casa en casa en la vereda El Cedral a donde el Ejército apenas logró llegar cuando ya el caserío estaba desocupado. De allí, salieron 120 personas atemorizadas dejando, como todo desplazado, un paraíso a sus espaldas, y llevando a cuestas la cruz de ser invisible e ignorado hasta que una tragedia le ocurre. Para muchos, no es la primera vez que se las ven con el destierro, la escasez y la pobreza que comienzan al pisar suelo urbano. Muchos son sobrevivientes de las masacres de La Granja y El Aro cometidas por paras y Ejército, y saben también de los bombazos que las Farc tiraron contra el puesto de Policía en el casco urbano, o del desplazamiento provocado por la construcción de la hidroeléctrica más ambiciosa y grande Colombia que terminó por desviar el curso del río Cauca dejándolos en emergencia por meses. Llevan todas esa heridas en el corazón y a la piel, junto a los duelos por sus seres amados asesinados y desaparecidos.

 

Desplazamiento anunciado

La gente de Ituango, pues, no ha parado de sufrir. Y ahora -desde allí- las imágenes del horror del desplazamiento vuelven a colarse ante los ojos del país que observa el regreso de la guerra tras las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz (firmado por gobierno y Farc en noviembre de 2016) y la avanzada de grupos ilegales en territorios que la Fuerza Pública no logra copar estratégicamente o donde tiene presencia sin efectividad.

El destierro de campesinos a quienes el Estado no logra proteger no es un asunto del pasado. 

El augurio pesimista se está cumpliendo sin que el Ejército, con todos sus hombres armados en diversas veredas de Ituango ni sus helicópteros ni su inteligencia, logre control del territorio donde avanzan a sus anchas las tropas de los "Comandos Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) Misión Ituango" desde abril del año pasado, en disputa con las disidencias del Frente 36 de las Farc (nacidas en 2017) y el Frente 18 "Román Ruiz" de la guerrilla (que habrían surgido el año pasado). En este municipio, también habría presencia, según la alerta 004 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, de un grupo "indeterminado": presumiblemente el Bloque Virgilio Peralta Arenas llamados Caparrapos o Caparros "ejerciendo presencia de manera más evidente desde agosto de 2019 en zona rural de Ituango y por el cañón que comunica a estas veredas con el municipio de Peque en el occidente de Antioquia".

 

Entonces ayer, los campesinos de Ituango, tal y como lo habían advertido la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, salieron huyendo de los grupos armados. Las más de 800 personas -entre ellos mujeres, niños, niñas, adultos mayores, hombres, jóvenes- llegaron en chivas, motos y como pudieron al casco urbano de este municipio del norte de Antioquia este domingo 23 de febrero. Según el Secretario de gobierno de Antioquia: 

 

"El origen del desplazamiento tiene que ver con la presencia de estructuras criminales como Grupos Armados Residuales (GAO), Clan del Golfo y otros que hacen presencia en la zona. Lo que nos ha dicho el Ejército es que no ha habido enfrentamientos. Hay versiones que dicen que estas personas los intimidaron"

 

En este codiciado corredor del Norte de Antioquia que conecta con el Sur de Córdoba y el Occidente -el Golfo de Urabá- la situación pasó de tensa a grave: A inicios de año los ex combatientes de Farc que habitan la vereda Santa Lucía habían tomado la decisión de abandonar el antiguo Etcr tras continuas amenazas y asesinatos a los firmantes de paz. En medio de ello, el fin de semana pasado un grupo menor de desplazados llegó a Santa Lucía y al casco urbano, tras combates que iniciaron en el Sur de Córdoba, como lo confirmó la Séptima División del Ejército. En el caserío de los farianos -con varias casas ya vacías por la huida que empezó en diciembre pasado- les ofrecieron techo y comida.

 

Pero la tragedia para los pobladores del campo en Ituango no comenzó en 2020: Entre abril y noviembre de 2019 se habían presentado ya cinco desplazamientos masivos en Ituango: De la vereda La Flecha hacia Juan José en el Sur de Córdoba; uno más desde la vereda La Flecha hacia el casco urbano de Ituango; otro desde la vereda San Agustín de Leones hacia el caserío de la vereda Santa Lucía; uno desde las veredas La Canturrona y San Pablo hacia el caserío de la vereda Santa Lucía; y el mes de noviembre desde la vereda La Miranda hacia la cabecera municipal de Ituango.

 

 

Defensoría del Pueblo ya había alertado

 

Ante los múltiples desplazamientos, la presencia de ilegales (Agc, Caparros, disidencias de Farc), los homicidios (41 en 2019 y 61 en 2018 posicionado a Ituango como el municipio con más asesinatos en Antioquia y una tasa de 306 homicidios por cada cien mil habitantes), y el riesgo permanente para la población civil, la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas recientemente: La 994 de 2020 y la 029 de 2019. El seguimiento logrado por el SAT (Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría en los últimos dos años, según relata la institución, da cuenta de la exacerbación del escenario de riesgo para la población civil.

 

En la Alerta 004, de la cual el Secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Suárez dijo a Generación Paz sí tener conocimiento, la Defensoría explica y contextualiza los desplazamientos en detalle así:

 

"El primero y el segundo desplazamientos masivos que afectaron a los pobladores de la vereda La Flecha, se produjeron como consecuencia de los constantes enfrentamientos entre el Frente 18 Román Ruíz – Cacique Coyará y las AGC, la siembra de minas antipersona en los caminos y senderos y los incidentes de animales con Minas Antipersonal. (...) El tercero y el cuarto desplazamientos masivos se produjeron en circunstancias similares, como consecuencia de combates entre el Frente 18 Román Ruíz – Cacique Coyará y las AGC, la presencia de MAP, amenazas y señalamientos contra pobladores. Luego de que algunos habitantes de San Agustín de Leones, La Canturrona y San Pablo salieran hacia la vereda Santa Lucía con el fin de realizar actividades relacionadas con su aprovisionamiento y la comercialización de productos agrícolas, fueron advertidos del riesgo de emprender el camino de regreso hacia sus viviendas debido a la presencia de MAP en el camino de herradura que comunica a San Agustín con la vereda Santa Lucía y la probabilidad enfrentamientos entre las AGC y el Frente 18 Román Ruíz – Cacique Coyará.

 

(...) Finalmente, el desplazamiento masivo que inició el 29 de noviembre de 2019 afectó de manera directa a la población de la vereda La Miranda que se vio forzada a salir hacia la cabecera municipal de Ituango, como consecuencia de un enfrentamiento entre las AGC y el Frente 18 Román Ruíz – Cacique Coyará y posteriores amenazas y presiones para que la población en su totalidad abandonara el territorio. Estas amenazas e intimidaciones se extendieron además para la población de las veredas La Georgia, Bajo Inglés, San Isidro, El Cedral y Santa Ana, por lo que se consideró altamente probable que se produjeran nuevos desplazamientos masivos en el mediano plazo, provenientes de esa zona".

 

La Alerta Temprana 004 de 2020 se emitió el 24 de enero. Cuatro días después fue asesinado el ex combatiente César Herrera en uno de los puntos críticos de la zona rural de Ituango, el puente del bajo inglés, donde se toma un desvío hacia el corregimiento La Granja y se cruzan distintos caminos de las zonas en disputa.  El Secretario de Gobierno de Antioquia, le dijo a esta Revista que, tras conocer la Alerta, se realizó un consejo de seguridad incluyendo a representantes del antiguo Etcr Santa Lucía atendiendo sus reclamos por el asesinato de César y la falta de atención del Ejército que tuvo su cuerpo agonizante tendido en la vía por más de tres horas sin prestarse los primeros auxilios, y teniendo esté que ser trasladado en carros de la Unp de los firmantes de paz pues el Ejército se negó a hacer aduciendo que tenían realizar movimientos en la noche. 

 

 

Pie de fuerza, la respuesta institucional que no funciona

 

¿Qué decisiones se tomaron y qué acciones se implementaron para proteger a los campesinos en riesgo y evitar el desplazamiento ? Fue la pregunta de nuestro medio de comunicación el Secretario, ante lo cual explicó: 

"Sí, conocíamos la alerta hicimos un consejo de seguridad en Ituango con presencia del Gobernador, y aunque se toman algunas medidas lamentablemente estos criminales siguieron intimidando la población. Decidimos  fortalecer la presencia de la Fuerza Pública para combatir estas estructuras que generan homicidios selectivos y en este caso el desplazamiento. También nos articulamos con instituciones como Icbf, Alcaldía, Defensoría, y trabajamos en la ruta de protección a líderes sociales".

La respuesta se centró pues, en la presencia de militares y policías que no lograron contener el dominio de los ilegales ni la expulsión de las más de 800 personas que hoy permanecen hacinadas en un coliseo deportivo y escuelas. A finales de enero, esta revista consultó en el Comando de Policía de Ituango porqué no estaban desplegados en las veredas, y nos respondieron que tienen prohibido operar en el área rural. Si bien, habían llegado veinte hombres más como refuerzo al municipio tras el asesinato del ex combatiente César Herrera y la posible amenaza de ataques armados en las vías rurales a Santa Lucía, su operatividad se reduce al casco urbano.

 

Es decir, que la protección de los habitantes del área rural recae tan solo en el Ejército. Por su parte, éste informó en julio del año pasado que "en atención a las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas 029 -2019- y 083 de 2018" decidió aumentar el pie de fuerza "para mejorar las coordinaciones que sean necesarias y así mejorar la efectividad operacional tanto en esta zona como en el sur de Córdoba".

 

Lo mismo anunciaron tras el Consejo de Seguridad a inicios de 2020: más hombres, más despliegue. Pero nada de esto ha significado protección para la gente. Esta Revista consultó con la Séptima División del Ejército cuántos hombres tienen a la fecha en el Municipio de Ituango y en qué sectores sin obtener respuesta detallada: Dijeron tan solo que:  

"En el sitio se encuentran tropas del Batallón de artillería No. 4 orgánico de la Cuarta Brigada".

 

 

Desconfianza en el Ejército y el Estado

 

¿Cómo se explica pues que mientras hay más presencia militar, más dominio territorial y poder tengan los ilegales? Son respuestas sin pregunta por parte de las instituciones pero que sí tienen hipótesis desde los organismos defensores de derechos humanos. 

 

"Las comunidades manifiestan su total desconfianza en la institucionalidad dada la falta de voluntad y cumplimiento decidido de las funciones para las cuales han sido designados, además persisten formas de señalamiento y estigmatización de funcionarios públicos contra el campesinado en general"

 

Describen en un comunicado del 22 de febrero las ongs Corporación Jurídica Libertad, Comité de Ddhh Héctor Abad Gómez, Coordinación Colombia Europa, entre otras, donde advierten el desplazamiento que hoy está en marcha.  Para los investigadores:

 

"El incumplimiento sistemático por parte del Gobierno Duque a los acuerdos pactados el 24 de noviembre 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, ha implicado para el Norte de Antioquia un retroceso en materia de Derechos Humanos y seguridad". 

 

Según exponen, las organizaciones sociales y comunitarias están a merced del control social ejercido por los actores armados legales e ilegales, y las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos "indican la ausencia de garantías a la labor social y el peligro latente que se mantiene en el tiempo contra los constructores de paz".  Por lo demás, Ituango ha sido históricamente un referente de connivencia entre paramilitares y Fuerza Pública. Así está comprobado en las sentencias de Justicia y Paz donde los postulados (ex paramilitares) confesaron y detallaron como ejecutaron masacres como la de El Aro (1998) con ayuda de tropas del Ejército que facilitó, además de arsenal, las condiciones para robar cientos de cabezas de ganado que trasladaron a pie durante largas jornadas en las que los militares facilitaron su cruce en carreteras principales como la vía al Mar. Por denunciar públicamente estas situaciones, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle fue asesinado en Medellín y de igual forma las sentencias sobre su caso reafirman la convivencia paras-Estado.

 

En Ituango, ese territorio aporreado también por los proyectos hidroeléctricos, los pobladores esperan también la verdad sobre el paradero de sus desparecidos cuyos cuerpos habrían quedado enterrados bajo el agua tras la inundación de la presa de HidroItuango. Múltiples reclamos y violencias se conjugan pues en esta zona del Norte de Antioquia donde la paz todavía no llega a pesar de los rimbombantes anuncios del gobierno de Iván Duque de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) que incluirían millonarias inversiones para éste, uno de los territorios priorizados en el "Posconflicto" justamente por ser uno de los más golpeados por la guerra que sigue mostrando sus dientes a los más humildes. Esta revista consultó a gobierno la cifra de inversiones Pdet en este municipio, sin obtener respuesta todavía.

 

Por su parte, Luis Fernando Suárez, Secretario de Gobierno, explicó que para tomar decisiones frente a la crisis humanitaria por el desplazamiento actual hoy se realiza un consejo de Justicia Transicional en Ituango, y detalló que:

 

"Estamos coordinando kits de aseo, de alimentación, y albergue para los desplazados, y nos hemos articulado con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y las instituciones locales además de la Fuerza Pública. Nuestro principal propósito ahora es la atención humanitaria. Mientras estas personas estén en el municipio nuestro foco está orientado a darles una condiciones básicas humanitarias de albergue, de servicios públicos, y de alimentación".

 

De acuerdo con Suárez, hoy deben llegar al municipios kits de aseo, cerca de 800 colchonetas, y en el transcurso del día sería concertado un operador logístico para proveer la alimentación de las familias desplazadas. También, se trata de brindar garantías para un posible retorno. Entre tanto, en la UdeA, la Universidad Nacional, Unaula y Casa del Común del Barrio Prado, en Medellín, se reúnen ayudas como ropa en buen estado, víveres no perecederos y elementos de aseo para apoyar a los campesinos que siguen llevando la peor parte de la violencia que aún no tiene fin. 

 

Mientras tanto, la Alcaldía impide a organizaciones sociales ingresar a los sitios de refugio y realizar registro fotográfico y audiovisual de la situación. Sin embargo, nada detiene la indignación nacional por la desprotección a los campesinos ni la lluvia de críticas en redes sociales no solo a los grupos ilegales por su accionar violento, sino a las instituciones que no consiguen brindar garantías a los pobladores rurales que parecen vivir una pesadilla sin fin.

 

Fotos: Internas GeneracionPaz.Co. Zona rural de Ituango / Portada Cortesía PSG