Mil afros e indígenas están en medio de las balas de ELN, el Clan Úsuga y la Fuerza Pública en el departamento del Chocó. Desplazándose en grupos de a cien familias intentan salvar sus vidas, mientras el gobierno nacional no se pronuncia al respecto, a pesar de que la Defensoría del Pueblo generó la alerta temprana sobre esta recurrente situación desde hace seis meses.
Mientras las miradas siguen en La Guajira por cuenta de la visita de la aparición pública de las FARC con armas al hombro, la población del Pacífico huye de las balas y clama por la protección de gobierno de Juan Manuel Santos que aún no se pronuncia sobre la grave situación humanitaria de la última semana en Chocó. Mil indígenas y afrodescendientes están confinados en la zona del Alto Baudó entregándose a la suerte y sus Dioses para escapar las ráfagas del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, como se anunció desde agosto del año pasado, venían en proceso de expansión territorial. También la Fuerza Pública dispara por aire y desde el agua hacia las maniguas selváticas que se levantan a orillas de los ríos y afluentes en esta, la zona más lluviosa del mundo, y la más empobrecida de Colombia habitada, principalmente, por las comunidades más vulnerables y excluidas en el país: indígenas y negros.
"Esta situación ya había sido advertida desde agosto del año pasado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, a través de una nota de seguimiento a un informe de riesgo, que se mantiene vigente, para los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó", informó ayer el Ministerio Público en rueda de prensa en Bogotá. Allí detalló que pudo constatar que unas 300 familias se están desplazando por temor a la arremetida de los grupos ilegales y la respuesta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Colombia que intenta, sin éxito desde hace cincuenta años, tomar el control en la esta selvática zona de dominio de los ejércitos rebeldes y paramilitares, así como del narcotráfico que tiene su ruta de salida hacia el Mar Caribe, por lo tanto, hacia el mundo, en el departamento del Chocó que limita con Panamá.
La Defensoría informó que los motoristas les manifiestaron, de primera mano, "sentir temor y no contar con las garantías de seguridad para movilizar sus embarcaciones, lo cual se refleja en la interrupción del tránsito fluvial por el río Baudó y sus afluentes" y que además de esta situación de confinamiento, "los habitantes del Alto Baudó han manifestado su zozobra debido a la advertencia hecha por las AGC (Autodefensas Gaitanistas) durante varias reuniones a las que los han llevados bajo presión, sobre sus intenciones de expandir la presencia armada y los controles sociales en la región".
"Estos mensajes generaron que varias familias abandonaran sus viviendas. Justamente, el mismo 23 de febrero comenzó a registrarse el desplazamiento masivo de población de la zona rural hacia Pie de Pató (cabecera urbana de Alto Baudó) y hacia las comunidades afrocolombianas de Cocalito y Boca de León. Hasta el momento, se registra la llegada de 166 personas a la cabecera de Pie de Pató", dijo desde la capital Jorge Calero Director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El Clan Úsuga estaría avanzando de Bahía Solano hacia Nuquí en medio de la resistencia armada de la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) que a pesar de tener más de año de acercamientos con el gobierno de Santos, aún no se decide a sentarse en una mesa de diálogos para poner fin a su lucha armada y mitigar el sufrimiento de la población civil. En Chocó ahora mismo son más de diez comunidades que, según el testimonio de la misma Defensoría, "están sufriendo el rigor de la violencia, están sufriendo presiones, amenazas, intimidación y confinamiento".
Por su parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU denunció ayer que 422 indígenas y afrodescendientes sufren restricciones a la movilidad y desplazamientos por la presencia de guerrilleros del ELN en Chocó. Entre los desplazados, indican, hay 66 niños "que necesitan protección, albergue y alimentación".
La OCHA agrega en un comunicado que la presencia en zonas rurales del municipio Alto Baudó del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, y “el riesgo de combates” con otros grupos armados hacen que 300 habitantes sufran restricciones de movilidad. Ambas instituciones coinciden en señalar que el transporte fluvial está paralizado en Chocó hace cuatro días, mientras que 4 de 5 comunas de Quibdó presentan preocupante incremento de las violencias.
"Existe una alerta urgente por la expansión territorial de las Autodefensas Gaitanistas de colombia", agrega Calero de la Defensoría del Pueblo.
Los defensores de Derechos Humanos exigen a los gobiernos departamentales y nacional que tomen las medidas necesarias para proteger la integridad de estas comunidades históricamente aporreadas por los actores armados, y esperan que, en esta ocasión, actúan de manera inmediata para proteger a los civiles para que nunca más ocurra una tragedia anunciada como el lamentable desenlace de los enfrentamientos entre paras y Farc en el caserío de Bellavista, en Bojayá, en 2002, y por el cual esa guerrilla ofreció el único perdón público a un pueblo visto hasta ahora.
Audio Completo de la Defensoría del Pueblo:
https://soundcloud.com/generacionpaz-998223030/victimasconfinamientochoco
