Una oposición vehemente a las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, sería la actitud previsible de los militares retirados. Sin embargo, este colectivo al que suele identificarse como la voz ‘camuflada’ de los militares activos, ha sido más bien prudente frente al tema, tanto que ya aceptaron sentarse con los asesores de la guerrilla.
El presidente Juan Manuel Santos anunció en diciembre lo que se venía murmurando desde hacía tiempo, que “cualquier beneficio que se les diera a las Farc en materia de justicia, se les daría también a los miembros de nuestra Fuerza Pública”. Así lo el primer mandatario en una alocución televisada.
Dicho anuncio implica que en términos prácticos, por más que algunos acuerdos sobre justicia sean señalados como laxos por quienes se oponen al proceso, esto en últimas beneficiará a los militares que han cometido crímenes en el marco del conflicto y que podrán acogerse al acuerdo. Esta ecuación, al parecer, finalmente puso a los militares en retiro definitivamente del lado de las negociaciones.
El acercamiento de Santos a los militares no ha sido fácil, pues la oposición al gobierno por parte del partido Centro Democrático, tiene como uno de sus ejes fundamentales la presunta desmoralización de las Fuerzas Armadas y un trato demasiado benévolo con la guerrilla. De hecho, los militares en retiro apoyaron oficialmente al candidato Óscar Iván Zuluaga, quien prometía el voto para todos los militares activos y una ampliación del fuero militar, en caso de ser elegido. Sin embargo, los avances del proceso en el último año parecen haber alterado las cargas.
De tú a tú con las Farc
Si bien desde el inicio de los Diálogos de Paz militares de alto perfil como el general Jorge Enrique Mora y el policía Óscar Naranjo hacen parte de la Mesa de Conversaciones y mantienen una cara a cara con la guerrilla, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore) se había mantenido al margen e incluso habían rechazado invitaciones a La Habana.
Cuando comenzó el más grande “tú a tú” con las Farc, en el momento que se instaló la Subcomisión técnica del Fin del Conflicto donde se negocia propiamente la dejación de armas, el revuelo en el país no se hizo esperar. El General Javier Flórez quien preside la SubComisión por parte del gobierno, fue blanco de críticas por parte, por ejemplo, del general ( r) Harold Bedoya quien rápidamente se quedó solo en su pelea, como lo asegura la revista Semana del 9 de diciembre de 2015.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, respaldo a Flórez asegurando en su cuenta de twitter que su presencia en La Habana “garantiza la institucionalidad y representa a las Fuerzas Armadas". También el Consejo Directivo del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las FF. MM. manifestó su apoyo al jefe de la Subcomisión del Fin del Conflicto. En 2015, le enviaron una carta “de desagravio y solidaridad a su distinguida esposa, sus hijos y allegados. Sea igualmente un mensaje para todos los miembros de la institución castrense en momentos en que imperan la polarización y la duda sobre el futuro que merece Colombia”, señaló la misiva firmada por el general (r) Néstor Ramírez Mejía.
Días antes, Acore había hecho pública su postura ante los medios nacionales. "No somos parte del proceso de negociación, nada tenemos que ver con este asunto, no tenemos porqué estar allá discutiendo una cosa que no nos corresponde en una negociación política para la cual el Gobierno nombró ya una comisión", dijo en agosto del año pasado el general retirado Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, a Caracol Televisión.
Mucho más vehemente era la opinión de Ruiz en 2012 cuando le dijo a la Revista Semana: "La excesiva generosidad del Estado en este proceso, constituiría una gran muestra de debilidad que sería hábilmente explotada por los terroristas".
Sin embargo, a comienzos de este año, él mismo reconoció que voceros de su agremiación se sentaron más de una vez con Álvaro Leyva y Enrique Santiago, asesores jurídicos de las Farc, para analizar las implicaciones de los acuerdos de justicia transicional que ya se alcanzaron en La Habana.
Tan confiados están los ex militares con el acuerdo, que el 27 de enero pasado, la propia Acore organizó un foro ya pensando en el momento posacuerdo: “Justicia transicional y su aplicación a los integrantes de la fuerza pública”, fue el título que le dieron al espacio en el que intervinieron entre otros, el senador Jorge Robledo y el ex magistrado José Gregorio Hernández.
¿Esperando un gesto?
A finales de 2015, el anuncio de indulto por parte del presidente para 30 combatientes de las Farc enfermos que están purgando penas en diferentes cárceles del país obtuvo una respuesta inmediata de los militares que también están pagando condenas por distintos motivos.
“Hoy tenemos más de 180 militares presos que padecen graves enfermedades y limitaciones psicofísicas. Para ellos no hay nada. De igual manera, hay no menos de 300 militares y más de 800 policías purgando penas en compañía de delincuentes de carrera en cárceles comunes, muy a pesar que la ley 65 de 1993, dio vida al ‘Fuero Penitenciario’ para los miembros de la Fuerza Pública”, rezaba una carta abierta firmada por ellos y difundida a finales de noviembre del año pasado.
Al tiempo que hacía pública la misiva, Ruiz se refirió a la situación usando un tono más conciliador de lo que se le había oído antes. “No somos enemigos de la paz y ojalá que todo se solucione. Que si hay firma de acuerdo sean bajo la satisfacción de todos los colombianos”, manifestó.
Parece que a medida que la negociación avanza, los militares representados en los retirados, se van acercando paso a paso y están a la espera de un gesto para respaldar de lleno el Proceso.
Sin embargo, la prueba más importante de esta posible reconciliación podría llegar en cuanto se firmen los acuerdos. Las Fuerzas Armadas tendrían entonces la responsabilidad de garantizar que un genocidio, como el que sucedió con la UP entre los años 80 y 90 no se repita y tener éxito en esa misión sí que sería un hecho de paz definitivo.
