El jefe del equipo negociador del gobierno en los Diálogos de La Habana, Humberto de la Calle, invitó a los ciudadanos y a la academia a unir voluntades y a no dar marcha atrás frente a lo pactado. La discusión, según De la Calle, ya no debe centrarse en los literales y los parágrafos del Acuerdo, sino en el rumbo que tomará Colombia: “¿para dónde vamos, qué es lo que hay que preservar y defender?” Reporte de HacemosMemoria.Org
Por Natalia Maya Llano
El 17 de mayo fue un día crucial para la implementación legislativa del Acuerdo de Paz. El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, radicó con entusiasmo el texto de la Reforma Política que se discutiría vía fast-track en lo que restaba del actual periodo legislativo en el Congreso. Sin embargo, unas horas más tarde, la Corte Constitucional emitió un fallo inesperado que tumbó dos literales esenciales del mismo fast-track, poniendo en riesgo, según Humberto de la Calle, la implementación rápida y la esencia de lo acordado entre el gobierno y las Farc en La Habana, entre ellos la Reforma Política y la Reforma Rural, consideradas “el corazón del Acuerdo de Paz”.
El alto tribunal tumbó los literales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016 (procedimiento legislativo especial para la paz o fast-track), al considerar que violaban el principio de separación de poderes: la exigencia de que las modificaciones que se le hicieran a los proyectos de ley y a las reformas constitucionales contaran con el aval previo del gobierno, y la obligatoriedad que tenía el Congreso de votar en bloque y no artículo por artículo.
En cinco meses de fast track habían sido aprobadas tres reformas a la Constitución y tres leyes de un paquete de al menos 50 proyectos que pensaba presentar el gobierno y que lo obligarían a hacer uso de la prórroga del mecanismo de vía rápida por seis meses más. Con la decisión de la Corte –que no afectará lo ya aprobado–, surgen muchas preguntas en medio de un panorama de incertidumbre que de la Calle intentó aclarar en su conferencia “Construcción de paz en Colombia”, evento organizado en el marco de la celebración de los 25 años de la Revista Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
A continuación presentamos sus principales argumentos.
El golpe de la Corte Constitucional al fast track
“El pueblo, como constituyente primario, decidió en 1991 que un mandato inherente de la estructura constitucional es la consecución de la paz, como deber y derecho de obligatorio cumplimiento, en su artículo 22. La Corte Constitucional, en su momento, aprobó el trámite extraordinario de una constituyente sencillamente porque la Constitución es un tratado de paz, citando al jurista italiano Norberto Bobbio. ¿Cómo entonces la implementación legislativa del Acuerdo de Paz vía fast track va a sustituir la Constitución?”.
“No quiero ser melodramático, pero esta es una situación que debe examinarse muy bien. Cuando el alto tribunal tumba la obligatoriedad que tenía el Congreso de votar en bloque al considerar que esto violaba el principio de separación de poderes, y afirma además que el permiso o consentimiento del gobierno para modificar lo acordado burla la estructura central de la Constitución, estamos hablando de un argumento absolutamente falso. Ya hoy en la Constitución ocurre lo mismo cuando se trata de adicionar partidas al presupuesto o cambiar el plan de inversiones del plan de desarrollo, nada de esto se puede hacer si no se tiene el permiso del gobierno; y, adicionalmente, los tratados internacionales se votan en bloque, ¿por qué hasta ahora nadie había dicho nada? Frente a la paz que, insisto, es el designio originario del constituyente de 1991, cómo nos van a decir que eso viola la Constitución, realmente aquí lo que hay es una enorme exageración, el fast track no ha impedido la deliberación, ha habido discusiones, propuestas”.
“La vía rápida de implementación legislativa consultaba dos valores: el primero, la rapidez, en un examen comparado muchos procesos de paz exitosos se han caído por incapacidad de cumplir rápidamente lo acordado, aquí no podemos estar con una guerrilla ingresando a unas zonas de normalización y en proceso de dejación de armas, esperando una tortuosa discusión en el Congreso, y no podemos ser ingenuos creyendo que bastará con tener las mayorías en el Congreso cuando asistimos a un ambiente de tanta polarización y con la cercanía del debate electoral. No quiero exagerar, pero esto ya implica un riesgo”.
“Y el segundo valor, que para mí es más importante, es que las leyes y reformas recojan y desarrollen de manera genuina todo lo acordado, y es aquí donde viene un enorme error de perspectiva: no estamos hablando de un acuerdo nuevo, no es que ahora nos tengamos que sentar a discutir con el Congreso o con la Corte cuáles son las características de un nuevo acuerdo, no. El Acuerdo existe, por lo tanto, la democracia colombiana debe garantizar que su implementación corresponda genuinamente a lo que ambas partes en La Habana discutieron y acordaron, es aquí donde está el eslabón perdido en la caracterización que hizo la Corte en su fallo, porque cuando digo que hay un Acuerdo, estoy hablando de un Acuerdo de Estado, este ya no es un acuerdo parcial de un ejecutivo que simplemente fue a La Habana a firmar un papel, fue suscrito por el ejecutivo y refrendado por el Congreso siguiendo los lineamientos de la misma Corte Constitucional”.
Un problema jurídico, político y principalmente ético
“Hablo de un problema jurídico derivado del fallo de la Corte porque estamos ante un Acuerdo que existe y que tiene que ser cumplido e implementado sin traicionar su espíritu. También me refiero a un enorme problema político porque no es una invención nuestra que sectores políticos, como el Centro Democrático, han dicho que al Acuerdo hay que volverlo trizas. Pero más allá de esto, que de por sí es preocupante, en mi opinión se trata además de un problema con una profunda raigambre ética porque el Estado colombiano no puede suscribir un acuerdo para luego empezar, punto por punto, detalle por detalle, a ver cómo lo reacondiciona al interés de las mayorías esporádicas en el Congreso de la República”.
“Es decir, el riesgo ético es enorme. A mí me parece, sinceramente, un contrasentido histórico que procedamos de esa manera cuando la historia de Colombia está plagada de acontecimientos semejantes con las consecuencias que ya sabemos. José Antonio Galán hizo un pacto con monseñor Caballero y Góngora y después de eso lo mataron; la guerrilla liberal, Guadalupe Salcedo, entrega las armas y lo matan; lo que ha ocurrido con la Unión Patriótica; esto va mucho más allá del derecho o de la política, me parece que hay un elemento ético en virtud del cual los pactos son para cumplirlos. Uno no desarma una guerrilla para luego incumplir, ese es un acto de perfidia, y a mí me parece que no solo es un riesgo sino que tiene una muy profunda deficiencia ética obrar de esa manera”.
El nuevo escenario de la implementación del Acuerdo de Paz
“Tenemos a un grupo político que asume como bandera hacer trizas el Acuerdo, y tenemos el nuevo mensaje de la Corte Constitucional que, en mi opinión, sugiere que asistiremos a una nueva negociación que pasará por ellos. El control constitucional automático lo pactamos nosotros con las Farc, y obviamente hay que acatar el fallo, en ningún momento diré lo contrario, pero en una democracia podemos discutir y, sobre todo, advertir que retrotraer lo que está ocurriendo ahora, una paz que apenas es incierta y comienza, tiene enormes riesgos. Y más cuando lo que se pactó en La Habana fueron seis puntos concretos para terminar el conflicto, que no es equivalente a alcanzar la paz sino al contrario, que abre la puerta para la búsqueda de una paz que ya no depende de las Farc ni del gobierno sino de todos los colombianos, de multiplicidad de actores, empezando por las propias víctimas que necesitan satisfacción de sus derechos.
“Definir que lo que se iba a negociar era el fin del conflicto impidió que ocurriera lo que hacía fracasar los procesos en el pasado, que se pensara que una mesa de negociaciones era para hablar de lo divino y lo humano, eso no fue lo que se hizo y, también por eso, la idea de incorporar la totalidad del Acuerdo al llamado bloque de constitucionalidad no prosperó, lo que se hizo fue limitarnos al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, que son los elementos dentro del Acuerdo que sí tienen una preminencia jurídica, incluso por normas y jurisprudencia muy anterior a lo que se dijo en el propio Acuerdo”.
Calendario de dejación de armas
“En diciembre terminó la labor de la delegación del gobierno, mi opinión frente a este tema es personal y no oficial. La última vez que me reuní con los miembros de las Farc, en enero, se mantenía vigorosamente la preservación del calendario de los 180 días, pero ahora, con los acontecimientos recientes, ha surgido la duda por un cierto congelamiento del proceso, que sería extraordinariamente preocupante. A mí me parece que lo razonable desde la perspectiva de las Farc es continuar cumpliendo ese plazo, sería un revés muy grande para los colombianos que eso no ocurriera, pero también el Estado tiene que ponerse las pilas, y hablo del Estado, no solo del gobierno, primero frente a las decisiones de la Corte y segundo en la práctica. ¿Qué va a ocurrir el día 181 con los miembros de las Farc? Esa es la gran incertidumbre. Hace poco unos excomandantes de las fuerzas militares manifestaron que se estaban reproduciendo las repúblicas independientes, que las Farc se iban a quedar en las zonas de normalización y que eso sería una tragedia nacional, yo francamente disiento de eso. La concentración de las Farc se hace bajo un mecanismo tripartito, cubierto por la sombrilla de Naciones Unidas, a través del apoyo del Consejo de Seguridad, el día 181 cesa cualquier restricción y harán presencia las autoridades ordinarias, esa afirmación es exagerada. Pero además, yo creo que el deseo de las Farc de mantener cierta unidad organizacional es lo que más beneficia al país, es lo más razonable, para evitar que nos suceda lo mismo de Centroamérica, disolver súbitamente a las Farc genera un riesgo de diáspora, de criminalidad que se situará en las ciudades. Por eso tenemos que ser cuidadosos con la forma de asumir la reincorporación de la guerrilla a la vida ordinaria y cumplir con lo pactado, así fue que se pensaron los planes de desarrollo con enfoque territorial, para que los miembros de las Farc se involucren a la vida civil y con la comunidad desarrollen dichos planes”.
Constituyente
“Con toda prudencia no quisiera precipitarme a afirmar que la salida es una constituyente, no se pueden desestimar los riesgos de un paso de esta naturaleza y no hay tampoco que descartarla, pero me parece que lo que hay que hacer es entender y hacer entender con una muy fuerte movilización ciudadana, que los mensajes que provienen del constituyente originario del año 1991 son suficientemente vigorosos”.
Coalición nacional
“Ante este mensaje negativo que envía la Corte, la respuesta obvia ha sido apelar a las mayorías en el Congreso que han apoyado lealmente el Acuerdo, pero yo considero que hay que ir mucho más allá, porque precisamente los riesgos también van mucho más allá. Eso significa que tenemos que aunar voluntades, lograr una enorme coalición que no solo incluya a los partidos que están votando en el Congreso, sino a estudiantes, independientes, a la gente que se tomó las calles después del 2 de octubre. Me parece que tenemos que dar el mensaje claro y categórico de que vamos a preservar lo que apenas nace y que la discusión ya no debe ser tanto frente a los literales y los parágrafos del Acuerdo, sino sobre el camino de Colombia, ¿para dónde vamos, qué es lo que hay que preservar y defender? Detrás del debate ya no están las Farc únicamente sino la idea de país que queremos, y el Acuerdo es una oportunidad, un proceso de transformación profunda de la sociedad colombiana cuyo principal obstáculo es el statu quo”.
Mi invitación es a que no demos marcha atrás, no nos dejemos arrebatar lo que tenemos, congreguemos voluntades, el papel de la academia es fundamental, hay que crear consciencia, hay que tratar de combatir las mentiras infundadas y vergonzosas de las redes sociales, y eso se logra generando opinión pública, haciendo presencia, teniendo consciencia de los riesgos pero también de las verdades para el futuro de Colombia”.
