Sigue la amenaza paramilitar

No quedaba agua en la despensa. El desabastecimiento de líquidos y alimentos fue, después del miedo, una de las consecuencias más leves del paro armado realizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) o Clan Úsuga la semana anterior. Con panfletos y audios amenazantes que circularon por redes sociales advirtieron que nadie podría salir a las calles, ni andar en moto, sacar sus carros o abrir sus negocios. Algunos perecieron en el intento por llegar a sus casas. Primero, un militar fue alcanzado por los gaitanistas armados mientras se desplazaba con familia hacia San Pedro de Urabá; lo acribillaron. Después, dos policías fueron muertos a tiros en Puerto Berrío, y uno más en Chocó. Y más tarde, 33 civiles resultaron retenidos también en Antioquia por los criminales que se denominan autodefensas, y que la Policía empezó a denominar “bacrim” cuando se desmovilizaron los “paras” en 2005, pero que hoy evidencian que el paramilitarismo sigue vivo, coleando y atropellando los derechos de los colombianos. Entre tanto, en Quibdó, la ex senadora Piedad Córdoba se salvó de un atentado. Y los explosivos se hicieron sentir en las vías del país.

Durante cuatro días, estos municipios alejados de las capitales vivieron el horror que se veía apenas por las noticias. Pero el viernes, la violencia para se sintió en Medellín. La misma sigla que circulaba en fotos de Sincelejo, Caucasia o Turbo, apareció en los buses del Metro de Medellín: AGC. En la Loma de los Bernal, un sector de clase media alta, un bus fue incinerado por hombres que se atribuyeron pertenecer al Clan Úsuga. En el vecino barrio de Belén Rincón circularon también los panfletos y el pasado fin de semana los locales comerciales no abrieron y las calles permanecieron solas. Tatiana* que salió a estudiar muy temprano el viernes en la mañana, tuvo que quedarse por fuera de casa hasta la noche pues su madre le advirtió que al medio día la vía de acceso estaba bloqueada por los “paras”. Al día siguiente el Alcalde de Medellín, como el gobernador de Antioquia y el Ministro de Defensa, anunciaron que todo estaba bajo la calma. Pero el miedo ya reinaba no solo entre los habitantes de pueblos encumbrados o cascos urbanos a orillas del Mar Caribe, sino en el corazón de las grandes urbes.

De miércoles a domingo la parálisis se vivió pues en Medellín, en la Costa Atlántica, municipios de Córdoba, Sincelejo y Montería y carreteras y pueblos aledaños, así como en Chocó, y, en especial en Antioquia. En el Urabá, el Bajo Cauca y el Nordeste el poder de los paramilitares gaitanistas se sintió con fuerza. En Turbo Rodolfo* intentó conseguir un poco de líquido y alimentos antes de que llegara el caos. El paro se anunció hasta el 1 de abril, pero el fin de semana todavía escaseaban los alimentos. Para él, lo más indignante fue notar cómo mientras el vicepresidente Germán Vargas Lleras visitó la zona, las vías estuvieron militarizadas y los comerciantes y ciudadanos pudieron moverse por un par de horas. A su partida, nuevamente el terror y la soledad reinaron para los habitantes de Urabá que quedaron desprotegidos. “Acá está la Séptima División del Ejército, está la Policía, está la Armada Nacional, y todos decían que no pasaba nada, y en las calles todo cerrado, los panfletos circulando, la gente a escondidas buscando agua, y ellos, la Fuerza Pública, por ninguna parte”, cuenta el joven quien, a riesgo de ser asesinado, se tuvo que desplazar a su trabajo como de costumbre.

El resumen de los impactos del paro armado no son despreciables: 36 eventos, 28 de ellos en Antioquia, 4 en Córdoba y 4 en Chocó. En Zaragoza, Antioquia, lanzaron una granada a la estación de Policía, y otra en El Bagre. También la base militar de Unguía en Chocó fue atacada. Se bloquearon vías, se incineraron 10 vehículos, y se asesinaron tres uniformados, otros 7 fueron heridos; 1 militar fue asesinado; 7 civiles fueron heridos; y se hicieron varios retenes ilegales.  A todas esas, el país entendía que, de acuerdo con el panfleto, las Autodefensas Gaitanistas querían llamar la atención sobre su descontento por la muerte de uno de sus líderes y por el rumbo que está tomando el país. Algunos interpretaron que intentan subirse al bus de la salida negociada que ya abordaron las Farc y el Eln, pero que gobierno se niega a brindarle a ellos pues, como se sabe, el ex presidente Álvaro Uribe ya realizó una negociación con los grupos paramilitares desde 2005, y éstos serían reductos que no se desmovilizaron o siguieron delinquiendo después de “entregar” las armas.

“El Clan Úsuga es una organización criminal, narcotraficante, que por ningún motivo se le va a dar ningún tipo de tratamiento político”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el 31 de marzo cuando ya no pudo negarse más la violencia y el poder ejercidos con su paro armado. Entre tanto, en redes sociales organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos protestan con la frase #NosonBacrimSonParas aludiendo al tratamiento de meros criminales que el gobierno intenta darles desde hace años. Al respecto, la Fundación Arco Iris y otros especialistas, así como la guerrilla de las Farc desde La Habana, insisten en que el paramilitarismo en Colombia no ha terminado y que éste, además de “gatilleros” como los que dispararon a los policías y el militar aún en presencia de su hija y su esposa,  tiene nexos y semillas en la clase política y el empresariado.

La W Radio difundió, por ejemplo, que el Clan Úsuga estaría intimidando a la gente para asistir a la marcha del 2 de abril convocada por el ex presidente Uribe y el Centro Democrático, donde no pocos ex funcionarios y congresistas están siendo investigados por apoyo al paramilitarismo o, bien, por recibir apoyo de éstos en sus campañas, como es el caso de Luis Alfredo Ramos o el mismo hermano del presidente Uribe, Santiago, hoy por hoy tras las rejas. Otros, como Luis Carlos Restrepo o Andrés Felipe Arias, funcionarios de Uribe, están prófugos; huyeron del país por los procesos judiciales en su contra.

Este paro armado paramilitar -cuyo humo y terror alcanzó no solo los campesinos y humildes que siempre padecen los rigores de la guerra en la zona rural sino  los palacios del poder en las grandes capitales- demostró que los retos de la paz no están solo en desarmar la palabra y los corazones de los cientos de miles que marcharon con Uribe el fin de semana en contra de los Diálogos de Paz con las guerrillas y el gobierno de Santos. Desarmar un ejército que paraliza el país y que viene asesinando líderes sociales y defensores de derechos humanos sistemáticamente, es un reto en mayúsculas que, no por nada, estancó  el anuncio del cese bilateral del fuego el pasado 23 de marzo en La Habana, y sería el talón de aquiles del punto Fin del Conflicto que se negocia en la isla desde hace más de un año.

Como dijo El Espectador en su última editorial “es inevitable ligar esta muestra de poder con el futuro del proceso de paz”.

Hoy se retoman las conversaciones del último ciclo de negociaciones que se realiza en La Habana desde inicios de año y que tiene pausas periódicos. Del Proceso de Paz con las Farc falta por acordar el tema Fin del Conflicto e Implementación, Verificación y Refrendación. Si se llega a feliz término allí, se pondría fin a más de cincuenta años de guerra con las Farc, y se cimentarán las bases de un país que se transforma hacia la paz, gracias a los acuerdos logrados en la Mesa de Conversaciones entre guerrilla y gobierno: Tierras, Drogas Ilícitas, Participación Políticas y Víctimas. Este Proceso cuenta con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos que, en voz de su embajador en Colombia, expresó preocupación por la violencia generada por el paro armado y, con Obama y John Kerry en La Habana, se comprometió a apoyar lo que viene tanto en recursos para la paz, como en seguridad para quienes abandonen las armas. 

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Portada: GeneracionPaz.Co / Internas: tomadas de las redes sociales y elcolombiano.com