88 indígenas han sido asesinados en Colombia desde 2016, y de ellos 31 en lo que va del 2019. Intentaban hacer la paz promoviendo la sustitución de cultivos ilícitos y prohibiendo el porte de armas. Los grupos armados atacan las autoridades indígenas con violencia. Y la respuesta del gobierno produce aún más temor. ¿Por qué?
No se sabe qué produce más horror: la masacre de cinco guardias indígenas ocurrida en la vereda La Luz, municipio de Toribío, perpetrada por narcotraficantes; o el asesinato de un comunero en una vereda de Corinto y donde la familia de la víctima ha denunciado como responsable a un grupo del Ejército que lo señaló como integrante de una organización ilegal. A este segundo hecho volveré más adelante.
El primer hecho ocurrió el 29 de octubre pasado y sus detalles se han ido completando con los testimonios de integrantes de la guardia indígena y de autoridades de la zona. El proceso comenzó cuando un retén de la guardia detuvo a dos camionetas y rescató a dos secuestrados. Entonces, sus misteriosos ocupantes llamaron refuerzos, que llegaron a abrir paso a sus jefes disparando en contra de la gente. Allí fueron asesinados la gobernadora Cristina Bautista y cuatro guardias, y resultaron heridas otras cuatro personas.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) han atribuido la responsabilidad a un grupo de “disidentes rearmados” que se dedican al narcotráfico y la extorsión; mientras que las autoridades militares y de policía han señalado como responsables a los cabecillas del Grupo Armado Organizado Dagoberto Ramos, que llaman residual de las FARC-EP.
La crisis humanitaria del Cauca se refleja en las cifras de asesinato de líderes, que ha venido en ascenso en los últimos tres años. Son 88 hombres y mujeres indígenas asesinados desde 2016, y de ellos 31 en lo que va del 2019. Esos 88 asesinatos representan el 47 por ciento del total de 189 líderes asesinados en el Cauca en el mismo periodo (enero 2016- octubre 2019).
La reacción ante el control territorial indígena
La masacre anterior fue otra respuesta de los grupos armados al control territorial que hacen los indígenas del Cauca. Ellos ejercen su autonomía para proteger sus comunidades en mas de 140 cabildos que hay en el departamento y en especial entre los Nasa, ubicados en Toribío, Caloto, Corinto y Páez-Tierra Adentro, en la cordillera central con límites con el Valle al norte y el Huila al oriente.
Son 88 hombres y mujeres indígenas asesinados desde 2016, y de ellos 31 en lo que va del 2019.
Después del retiro de las FARC y de la dejación de armas en los primeros meses de 2017, las autoridades indígenas:
- Reafirmaron sus mandatos sobre completa desmilitarización de los resguardos y territorios ancestrales;
- Ordenaron a la Guardia Indígena que prohibiera en sus territorios el porte de armas, la presencia de grupos armados, los laboratorios de cocaína, las caletas de armamento, las personas secuestradas y el tránsito de vehículos robados; y
- Orientaron a los comuneros y educadores para prevenir el reclutamiento de jóvenes y de adolescentes.
- Más de cinco mil guardias indígenas redoblaron sus acciones de control, advertidos además por el reagrupamiento de algunos exmilicianos y personas no reconocidas como combatientes, pero que habían colaborado con las FARC en tareas de seguridad o enlace para cobro de cuotas o rentas del negocio de la marihuana y la producción de pasta básica para cocaína en la región.
Pero el choque con los grupos armados ilegales se agravó con las órdenes de los patronos del negocio de la marihuana y la cocaína y sus escuelas de sicarios. Todos ellos han reaccionado brutalmente ante la decisión de las autoridades indígenas de promover, así sea de manera gradual y concertada, la sustitución de cultivos ilícitos, además de enfrentar los problemas de drogadicción.
¿Quiénes son los armados?
El reagrupamiento de exmilicianos de las FARC en el norte del Cauca dio lugar a varios grupos que se dedican al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. Este último fue el caso de la masacre en Suárez, cuando asesinaron por cincuenta millones de pesos a Karina García, la candidata a la alcaldía.
Para los líderes del norte del Cauca, se trata de grupos sin ideología ni afán de enfrentar a la Fuerza Pública; en realidad son formas de delincuencia común, aunque en la región se dice que algunos de sus jefes han sido contactados por emisarios de Gentil Duarte, quien quiere reagrupar disidentes en varias regiones. También se habla del inminente retorno de Walter, el excomandante de las FARC en el Bloque Suroccidental, que se alineó con Iván Márquez en su declaración de retorno a la lucha armada.
Por otro lado, es verdad que el reacomodo de núcleos de rearmados para narcotráfico está en la agenda de los carteles nacionales e internacionales que buscan servicios de seguridad en sus rutas y negocios. Se especula sobre la presencia del Cartel de Sinaloa en el Cauca y sobre la supuesta provisión de centenares de fusiles a los grupos de apoyo al narcotráfico en el Pacifico, desde Tumaco hasta el Chocó.
Comandantes de las Fuerzas Armadas han dicho que esos carteles mantienen emisarios en la región, aunque no han llegado al punto de ser jefes de unidades armadas y dueños directos de cultivos. También algunos empresarios rurales del Cauca afirman que la presencia de los carteles mexicanos ya ha pasado a los primeros niveles de control, pues ellos cuentan con jefes ubicados en la zona de Jamundí y Quilichao.
La presencia de grupos criminales trasnacionales es un tema importante que está en investigación. Pero debe recordarse que el interés de esos carteles ese el tráfico de cocaína, que tiene su epicentro en el eje Tumaco – Buenaventura, incluyendo en el Cauca la provisión de pasta básica producida a partir de 30.000 hectáreas sembradas de coca. Sin embargo, estos cultivos se encuentran principalmente en los municipios de El Tambo, Argelia, Guapi y López de Micay en el Andén Pacífico.
En cambio, la disputa en la zona indígena del nororiente del Cauca es principalmente por la marihuana, y allí es débil la relación con los carteles de Sinaloa y Jalisco. Por eso, la ACIN y el CRIC hablan del uso de esos nombres para camuflar bajo siglas intimidantes las operaciones de pequeños grupos rearmados que quieren imponerse sobre los Cabildos.
¿Más militares?
La reacción del gobierno ante la grave situación del postacuerdo ha sido aumentar la presencia militar, que ya supera los 10.000 efectivos en el Cauca y se refuerza ahora con 2.500 miembros del ejército, que llegarán en semanas a la región más crítica.
Después del Catatumbo, el Cauca es la región con mayor presencia de las Fuerzas Armadas en proporción a población y territorio. A esto se le suma la presencia de cuarteles de la Policía Nacional en todos los municipios, incluidos los de mayoría indígena.
A los líderes sociales del norte del Cauca les preocupa la militarización, como también su ineficacia para desmantelar los grupos criminales y de sicarios al servicio del narcotráfico.
Más de cinco mil guardias indígenas redoblaron sus acciones de control.
Muchas veces la ACIN y los cabildos han señalado inoperancia y posible complicidad omisiva de agentes de la fuerza pública con las mafias que se mueven por los corredores del Micay, Naya y otros que son rutas de la cocaína. Las autoridades étnicas han señalado que en la zona altamente militarizada de El Palo y vías hacia el Valle, Tolima y Huila circulan toneladas de productos ilegales sin que los decomisos afecten significativamente los negocios.
En cambio, la alta militarización es motivo de alerta por la estigmatización de pequeños cultivadores como criminales “aliados de los carteles”. Preocupan situaciones como el asesinato de Flower Trompeta en Corinto, quien habría sido detenido el pasado 28 de octubre en predio de su abuela y abandonado allí cuando la comunidad rodeó a la tropa. Según la hermana de Flower, los militares estaban haciendo un montaje para justificar la muerte del comunero en supuesto combate a dos kilómetros de la casa familiar.
El informe preliminar de Medicina Legal indica que fue ultimado con dos disparos en la espalda y dos de frente, lo que apunta a un homicidio en estado de indefensión. Una denuncia al respecto fue presentada en el de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano (REDDHFIC).
¿Delincuencia organizada o asunto de seguridad nacional?
La coordinación entre las autoridades indígenas y el gobierno ha sido difícil por la historia de incumplimientos y el rechazo de las comunidades a que la guardia indígena se subordine a la fuerza pública. A esto se suma la desconfianza que despierta entre las comunidades el tratamiento autoritario y el señalamiento estigmatizante a pequeños cultivadores de cannabis y a comuneros en general.
Las declaraciones de mandos de la III Brigada —que anuncian mano dura contra las guardias campesinas y la orden de dar de baja a “bandidos” jefes de las disidencias— han despertado interrogantes sobre el peligro del retorno de ordenes operacionales que incluyen la pena de muerte con solo una calificación como miembro de un GAOR (Grupo Armado Organizado Residual) y que ponen en riesgo los derechos de la población.
El problema parece ser que la ocupación militar del territorio se sustenta en la lectura errada de un caso de delincuencia organizada como si fuera un asunto de seguridad nacional y de defensa del Estado.
En el norte del Cauca las tensiones llegan de todos los frentes.
Después de la masacre en la vereda La Luz, las autoridades del CRIC reunidas en Tacueyó radicalizaron sus decisiones contra de la presencia de armados y dieron un plazo de seis meses para iniciar la total erradicación de cultivos de uso ilícito que estén en territorio de resguardos.
La intención es afrontar la situación con la guardia indígena y apoyar a las comunidades, aun cuando eso implique asumir el riesgo de nuevos asesinatos para reafirmar la autonomía, la soberanía territorial y la jurisdicción propia.
Semejante determinación ha sido asumida por los grupos armados que medran en la región como una declaratoria de guerra. A ellos, los pueblos indígenas les están repitiendo las palabras de los Mayores y Mayoras:
“No nos callarán ni nos detendrán en la defensa de nuestro territorio y nuestra cultura, que son irrenunciables e innegociables”.
Fotos: Comunidades indígenas en Cauca. Cortesía de Gerald Bermúdez
