Lecciones del pasado. Nuestros procesos de paz.

En Colombia la negociación de la paz no es un asunto nuevo, durante los años 1990 a 1994 se suscribieron acuerdos con 8 grupos de guerrillas de diferentes partes del país, en los cuales se realizaron compromisos sobre Desarme, Desmovilización Reintegración- DDR con los gobiernos de turno , pero también sobre temas políticos, económicos y de desarrollo regional, los cuales demuestran que dieron lugar a una toma de medidas que apuntan a la posibilidad de la consecución de la idea de la paz, en una especie de intercambio de satisfacción de demandas de los grupos ilegales en correspondencia al marco ideológico que origino su levantamiento en armas contra el Estado y reintegrarse a la vida civil a cambio de continuar estas desde espacios de participación política, dejando a un lado la reparación de las víctimas y las demandas de justicia y privilegiando la paz.

¿Es importante el retrovisor a los acuerdos de paz pasados suscritos entre la guerrilla y el gobierno nacional? Si, de ellos podemos identificar y reflexionar sobre demandas históricas que hoy continúan sin resolverse, y que ante el inminente escenario de una cuerdo de paz con la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, si estas continúan sin resolverse no será posible avanzar hacia las garantías no repetición como uno de los principios fundamentales del punto quinto en la mesa de negociación de la Habana Cuba respecto a los derechos de las víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia transicional.

Se ha escrito sobre las experiencias de acuerdos de paz en otros países, con el fin de revisar qué aspectos de estos pueden aportar a la actual negación de paz en Colombia, pero poco se revisa de las experiencias que ya hemos tenido, qué puntos se acordaron, cuales se cumplieron y que aportes tuvieron. De estos acuerdos hay que examinar las lecciones aprendidas, e identificar que podemos tomar de ellos para avanzar el camino, entendiendo que no partimos de cero, y que hemos desarrollado nuestros propios modelos de negociación y acuerdos.

Los acuerdos suscritos con las guerrillas: Movimiento 19 de Abril- M-19, Partido Revolucionario de los Trabajadores-PRT, Ejército Popular de Liberación –EPL, Movimiento Armado Quintín Lame- MAQL, Comandos Ernesto Rojas- CER, Corriente de Renovación Socialista -CRS, Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo- MPPP y el Frente Francisco Garnica contienen compromisos sobre reformas institucionales, desarrollo regional, participación en política, derechos humanos, esclarecimiento de las causas del conflicto, acceso a la justicia entre otros, lo que da cuenta de la necesidad histórica de emprender la toma de medidas políticas y jurídicas que permitan avanzar hacia la superación del conflicto armado, y el privilegio de la reconciliación y la construcción de la paz antes que la justicia. Este es un dilema hoy persistente en la implementación de la Justicia Transicional en Colombia, la cual es vista no solo como el acceso a las víctimas a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación sino como el mecanismo para la construcción del Estado y una paz duradera

Las medidas emprendidas por los gobiernos que se comprometieron en estos acuerdos tuvieron como uno de sus fines principales el DDR, pero también la búsqueda la reconciliación, pretendiendo superar la violencia que ha había dejado la actuación de estos grupos y promoviendo la presencia del Estado en los territorios como se puede ver a continuación:

• Acuerdo político ente el Gobierno Nacional, los partidos políticos, el M-19 y la iglesia católica en calidad de tutora moral y espiritual del proceso: Fondo Nacional para la Paz destinado a adelantar acciones de beneficio comunitario, Circunscripción Especial de Paz para partidos políticos surgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil; Reforma electoral que promovía la ampliación y modernización de los procedimientos de votación.; Comisión asesora para la reforma integral de la administración de justicia encargada de proponer estrategias para la reforma de la justicia en las áreas sustantiva, administrativa, presupuestal, de personal y procedimientos; Comisión académica para el estudio de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes.

• Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores- PRT: Legalización del partido político; Comisión gubernamental delegada para los derechos humanos en la Costa Atlántica coordinada por la Consejería Presidencial con el fin de que las organizaciones sociales puedan adelantar campañas de promoción y defensa de los derechos humanos y conocer la situación de estos en la región; Atención a familiares víctimas de violencia en zonas de conflicto con presencia del PRT; Participación del PRT en Comisión de Análisis de la violencia en el departamento del Cauca; Dar a conocer a la nación las gestiones adelantadas por la Comisión Asesora y Coordinadora de las acciones contra Escuadrones de la Muerte, bandas, sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares constituida mediante decreto 813 de 1989; Planes Regionales para la proposición del alternativas de planeación que posibiliten dinamizar procesos de producción económica, social, política y cultural a partir de la elaboración de un diagnóstico y de un plan de trabajo producto del análisis y recopilación de los distintos planes de desarrollo regional y sectorial existentes; Fondo para la Paz con el fin de invertir recursos para la realización de programas y proyectos en zonas de conflicto de influencia del PRT.

• Acuerdo Final Gobierno Nacional y el Ejército Popular de Liberación: Legalización de partido político; Comisión superación de la violencia, la cual entre sus principales funciones estaba realizar diagnósticos y recomendaciones en materia de violencia y violación de derechos humanos en las regiones; Atención de los damnificados por los actos de violencia política; Planes Regionales con el fin de fomentar el desarrollo económico general.
• Acuerdo Final Gobierno Nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame: Inclusión de miembros del MAQL en comisión de la superación de la violencia en el marco de la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas; Promoción del proceso de paz a través de la promoción de sedes en el Cauca para la democracia y la educación ciudadana.

Obras de desarrollo regional para el Cauca.

• Acuerdo entre los comandos Ernesto Rojas y el Gobierno Nacional: Se acogen a los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y el EPL.
• Acuerdo Político Final Gobierno Nacional Corriente de Renovación Socialista: Desarrollo regional en zonas de conflicto: Programa de Inversión Social con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida en determinadas zonas del país; Promoción de mecanismos de participación ciudadana; Foro para analizar la situación de derechos humanos en Colombia
• Acuerdo para la Convivencia Ciudadana Gobierno Nacional Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas, de la ciudad de Medellín: Normalización de la vida ciudadana (acceso a servicios de justicia, capacitación para el empleo para jóvenes, servicios espaciales comunitarios, plan de seguridad y convivencia
• Acuerdo Final Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera: Circunscripciones electorales especiales para los movimientos políticos surgidos de grupos subversivos desmovilizados.

Bibliografía: Centro de Documentación para la Paz (1995), Acuerdos de Paz. Bogotá: Programa para la reinserción, 1995