La tierra prometida (2)

II

Nueva Jerusalén: la triste historia que las autoridades siempre conocieron

Nuevo Jerusalén es un asentamiento ilegal construido sobre un terreno de 62 hectáreas conocido como El Cortado ubicado en los límites de Medellín y el municipio de Bello. La jurisdicción territorial administrativa le corresponde Bello, la segunda ciudad más importante del Valle del Aburrá ubicada al Norte donde la historia de criminalidad es de larga data. La invasión, cuyos terrenos fueron vendidos por actores ilegales, pronto cumplirá diez años y al iniciar 2017 el Estado ordenó su desalojo forzado.

En 2007, cuando la tierra fue invadida, la situación se denunció ante los secretarios de gobierno de Medellín y Bello y fue evaluada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), que en su momento advirtió que el terreno no podía ser habitado por ser inestable y con gran peligro de deslizamiento. Además, el sector contaba con una protección minera y con una protección ambiental que también lo volvía inhabitable.

No obstante, ni la administración de Medellín ni la de Bello resolvieron el problema. La invasión la iniciaron no más de 40 grupos familiares y hoy son más de 5 mil los habitantes. La orden de desalojo se dio, inicialmente, para 175 viviendas. Sin embargo, cada día más y más familias están siendo notificadas y hoy por hoy no se tiene una cifra exacta de cuántas personas están formalmente avisadas de que su casa será demolida, pues muchos se han marchado o no quieren hablar por temor.

Cómo empezó este barrio

Las familias que fundaron Nuevo Jerusalén son víctimas del desplazamiento, algunas provenientes de pueblos de Antioquia o Colombia y otras –la mayoría- desplazadas intraurbanas que huían de la violencia paramilitar que sufrió (y sufre aún) el Valle de Aburrá. Poco tiempo después aumentaron los habitantes y entre ellos llegaron hombres venidos de la fallida desmovilización del Bloque Héroes de Granada de las AUC, quienes empezaron a delinquir en el asentamiento bajo órdenes de la estructura criminal conocida como Oficina de Envigado.

Desde entonces, Nuevo Jerusalén sufrió una dictadura criminal en la que los habitantes eran sometidos a extorsiones, pagando una extorsión mensual por el agua y por la luz pese a ser servicios artesanales instalados por la misma comunidad. Según cálculos basados en información publicada en Análisis Urbano, la extorsión sumaba rentas de más de 1.500 millones de pesos anuales. El pago era obligatorio so pena de perder la vida. En visita realizada el 21 de enero al barrio, GeneracionPaz.Co recogió testimonios de habitantes que aseguran que hace un año los criminales dejaron de cobrar las llamadas “vacunas”. La fecha coincide con los primeros rumores de desalojo.

Los hombres armados lotearon el territorio perteneciente a Bello y empezaron a vendérselo ilegalmente a los compradores desesperados por adquirir una pequeño terruño para levantar un techo. Esta situación fue conocida en su momento por Juan Felipe Palau, entonces secretario de Gobierno de Medellín, y fue denunciada por la Defensoría del Pueblo que también advertía que la venta de lotes la estaban haciendo los grupos armados. Pero nada ocurrió. GeneracionPaz.Co pudo conocer que al finalizar 2016, en el barrio Altos de Niquía también de Bello, con la misma modalidad criminales estaría vendiendo lotes detrás del coliseo deportivo en una histórica cañada con precios entre 3 y 5 millones de pesos.

En Nuevo Jerusalén la problemática criminal siguió creciendo y desbordó de tal forma que el director nacional del Sistema de Alertas Tempranas, Jorge Enrique Calero Chacón, elaboró el Informe de Riesgo N° 029 de 2013 dedicado exclusivamente al asentamiento ilegal, y lo envió al secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe el 26 de agosto del 2013. El texto resume la situación que se vivía en el territorio y emite una alerta que categoriza con la siguiente palabra: URGENTE (Fotografías del documento en la galería al inicio de este artículo)

Al final del documento, que ya cumple cuatro años de publicación, se le hacen recomendaciones a la Alcaldía de Bello, al Incoder, a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura, al ICBF, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior y a las autoridades civiles competentes, para que intervengan, frenen la problemática y garanticen los derechos a los habitantes de Nueva Jerusalén. Los “invasores” entonces como hoy no cuentan con escrituras ni propiedad formal sobre sus tierras y casas, pese a que durante algunos años muchos le pagaron impuesto predial al municipio de Bello.

El director nacional del Sistema de Alertas Tempranas incluso le recomendó a la Alcaldía de Bello:

Realizar acciones permanentes que eviten que los actores armados sustituyan la presencia y las funciones legitimas de las autoridades del Estado. En particular se recomienda presencia activa y directa en el asentamiento Nuevo Jerusalén de un inspector de policía, como puente entre la Alcaldía y la comunidad y como instancia legal para la resolución de conflictos entre los vecinos, función usurpada por los actores armados.

Las autoridades siempre supieron

Como indica el documento, la Gobernación de Antioquia siempre estuvo enterada del problema al igual que las Alcaldías de Bello y de Medellín. La fuerza pública y la Fiscalía también lo sabían. Pero ni iquiera una acción popular que fue instaurada para resolver el problema, y fue ganada en primera y en segunda instancia en los años 2013 y 2014, llevaron a generar respuestas por parte de la institucionalidad.

Habitantes de la comunidad, ya cerrando el 2014, incluso le instauraron un derecho de petición al juez Saul Martínez Salas, del Juzgado 26 Administrativo de Medellín, lugar que resolvió la acción popular, para que exlicara porqué no había dictado el posible desacato del fallo judicial emitido el 25 de noviembre de 2013 debido a que no se estaba cumpliendo lo ordenado.

El pasado 12 de enero, tres años después del fallo, se ordenó el desalojo forzado de un centenar de casas La Nueva Jerusalén al cual acudió la fuerza pública y, según denuncia la comunidad, los uniformados agredieron, golpearon y atacaron con gases lacrimógenos a los habitantes, dejando heridos y sitiando (el 17 de enero) a niños y niñas que para protegerse se ubicaron en un cancha que el Esmad tampoco respetó.

Además del abuso de la fuerza por parte de la Policía que continúa en el sector, podriá haber un nuevo  desacato en el fallo judicial. El juez no ordenó apenas un desalojo forzado sino la “reubicación de los habitantes de El Cortado en un territorio legal y con mejores condiciones, seguras y más salubres”, que les permitiera una “vida integra y de mejor calidad”. A quienes tienen que abandonar sus casas para que sean destruidas, les ofrecen tres meses de arriendo con posibilidad de prórroga, lo que para la comunidad y la Corporación Jurídica Libertad que acompaña a ésta no significa una garantía del derecho a la vivienda.

Tras los desmanes ocasionados por la Fuerza Pública, Nueva Jerusalén continúa en zozobra a la espera de próximos desalojos y mientras una máquina realiza diariamente la demolición de viviendas. Decenas de integrantes del Escuadrón Antidisturbios rondan las calles destapadas del barrio, y permanecen a la entrada del mismo junto a una tanqueta negra aparcada al lado de los baños móviles que usan casi un centenar de policías que también usa caballos para rondar el sector. 

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Primera entrega La tierra prometida

Víctimas por tercera vez

http://generacionpaz.co/content/la-tierra-prometida-1

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