La crisis de seguridad en Medellín: confusión e incertidumbre

El pasado 5 de julio fue capturado el secretario de seguridad de la ciudad de Medellín, Gustavo Villegas, y este evento ha desatado una verdadera tempestad política.

Según la Fiscalía, Villegas habría cometido los delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia de conductas delictivas, actos relacionados con grupos delincuenciales de la ciudad. Sin embargo no hay todavía suficiente claridad sobre estas relaciones.

En su defensa se ha conocido que existía un proceso de conversaciones con un sector de la Oficina de Envigado para que se sometiera a la justicia un grupo de reconocidos criminales que actúan en la ciudad desde hace varias décadas. Según la defensa de Villegas, este proceso implicaría los contactos y comunicaciones entre el secretario de seguridad y los líderes de esta organización.

Esta situación amerita aclarar varios elementos que se han conocido con respecto a este proceso. Hay muchas lagunas en la información, un cruce muy complejo de intereses de múltiples agentes, y conflictos entre diferentes sectores delictivos de la ciudad. A esto se le suma la poca claridad de parte de la Fiscalía y de las varias entidades del gobierno que participaron en el proceso.

Negociar el sometimiento a la justicia de un grupo criminal es una de las posibilidades de la sociedad para acabar con fenómenos de violencia; por eso mismo llevar a cabo estas negociaciones no constituye un hecho reprochable en sí mismo.

Estas organizaciones han sido responsables de una buena parte de la violencia política de la ciudad.  

Desde la década de 1980 se han adelantado todo tipo de gestiones en Medellín, muchas de ellas impulsadas por organizaciones comunitarias, entidades sociales y por la Iglesia católica, con el fin de reducir los niveles de violencia en los barrios y lograr una mayor tranquilidad para los habitantes (como los pactos de convivencia impulsados en la ciudad en la segunda mitad de la década de 1990).

De igual manera, Medellín ha tenido varios procesos locales de desmovilización producto de los acuerdos entre grupos armados y el Gobierno Nacional como:

• En 1994 la desmovilización de tres grupos de milicias;
• En el mismo año, la de una parte de la Corriente de Renovación Socialista,
• En 1998 otro grupo miliciano;  el MIR COAR
• En 2003, la del Bloque Cacique Nutibara y
• En 2005 la del Bloque Héroes de Granada.

Si bien es cierto que estos procesos han logrado apartar a centenares de jóvenes de actividades ilegales, no han logrado acabar con las organizaciones criminales de la ciudad, e incluso muchos de los líderes e integrantes de los grupos desmovilizados han reincidido en las actividades delictivas.

Las organizaciones criminales como “actores políticos”

Aunque la discusión ha estado centrada en las actividades del ex secretario de seguridad de Medellin, no debe perderse que de fondo hay un debate sobre la caracterización de los grupos armados de la ciudad, el contenido político de lo que se está negociando, y las acciones que buscan construir confianza y generar acercamientos entre las partes.

Debe partirse del reconocimiento de que en Colombia existen límites jurídicos para los acercamientos con grupos armados ilegales- límites que de ser trasgredidos implican incurrir en conductas delictivas- estos son conocidos por los funcionarios públicos. Aunque desde el punto de vista jurídico organizaciones vinculadas con el narcotráfico, como la Oficina de Envigado, no pueden ser consideradas como un actor político, es necesario insistir en que sus acciones y relaciones con la legalidad han hecho en la práctica que sus objetivos sean políticos, tanto por su relación con el Estado, como por su incidencia en la forma en la que se organiza, administra, y reproduce el poder político en la sociedad, y por sus nexos y alianzas con sectores económicos y políticos legales.

Además, en el pasado y en el presente, estas organizaciones han sido responsables de una buena parte de la violencia política de la ciudad.  En alianza con sectores institucionales, han actuado en contra de integrantes partidos políticos alternativos, sindicatos, intelectuales, organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos.

Sin embargo no se debe adelantar una negociación política donde estos grupos ilegales ganen espacios en organismos colegiados o de participación y ciudadana, o donde se deba definir junto con ellos la inversión social en algunos territorios de Medellín. Por el contrario, el contenido debe hacerse en términos de sometimiento y referirse a las condiciones que deberían cumplir para obtener un tratamiento penal alternativo.

Un proyecto enclenque

Respecto del proyecto de sometimiento a la justicia de un sector de la Oficina de Envigado que viene impulsando la Alcaldía de Medellín, hay varios asuntos que preocupan, en especial lo que concierne a su efectividad para disminuir la violencia criminal, que es en últimas el objetivo principal; no se trata solo de buscar condiciones favorables para que los criminales respondan ante la justicia.

De acuerdo con lo que se conoce del proyecto, este no incluye de manera explícita un compromiso de desmantelar de manera definitiva la organización por parte de quienes se acojan al proceso. No se entiende tampoco por qué se permite el sometimiento individual, cuando esto debilita las opciones de terminar con este tipo de grupos. Una de las condiciones para obtener beneficios debería ser la colaboración eficaz para acabar con la organización; de otra forma, se acaba por favorecer individualmente a sus integrantes.

Aunque en el artículo primero del borrador del proyecto aparece como objetivo “promover el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, estos derechos no se logran ver en la propuesta final. Por ejemplo, la forma como está planteado el derecho a la verdad no considera que no es solamente un derecho individual de cada víctima sino que también es el conocimiento de la verdad histórica colectiva y en especial de las relaciones que han tenido estos grupos con sectores legales e institucionales. 

Pensar en garantías de no repetición sin el esclarecimiento y transformación de las condiciones que han permitido que estas organizaciones existan desde hace décadas y con las condiciones propicias para su expansión, significa mantener vivas las oportunidades para su reactivación.

El proyecto no establece con claridad la ruta de acceso de las víctimas al derecho a la justicia, ni especifica la forma en que las víctimas pueden participar del proceso penal, o bien, los mecanismos especiales que se deben habilitar para controvertir las declaraciones. Tampoco está claro cómo los recursos de estas organizaciones contribuirán a la reparación integral de las víctimas, ni los mecanismos de restitución de bienes.

Un proyecto de sometimiento a la justicia que busque el fin de las organizaciones criminales debe asegurar el cese de estas actividades violentas que tanto daño han provocado a miles de personas. Debe además buscar la verdad sobre las formas violentas utilizadas por estos grupos, la suerte de las víctimas de desaparición forzada, los lazos que tienen con la legalidad y las instituciones y contribuir definitivamente a la reparación integral de las víctimas y al avance de la no repetición.

Las deudas de la Fiscalía

Otro punto importante es la discusión en torno a la legalidad de las acciones realizadas enel proceso de acercamiento como parte de la negociación entre Gustavo Villegas e integrantes de la Oficina de Envigado, la mayoría de las cuales se desarrollaron a través de Mariano Zea, contratista de la secretaría de seguridad y presunto intermediario entre Villegas y la Oficina.

El proyecto no establece con claridad la ruta de acceso de las víctimas al derecho a la justicia ni mucho menos lo garantiza.

La Fiscalía debe aportar información clara que confirme si las conductas punibles atribuidas a Villegas efectivamente se llevaron a cabo, en especial en relación con la filtración de información confidencial sobre operativos policiales contra organizaciones delictivas, sobre concertación de resultados operacionales para que fueran presentados como logros por las autoridades, y si el hoy ex secretario de seguridad de Medellín buscaba su favorecimiento económico y político por estas organizaciones.

Desde hace varios años se conoce de la infiltración criminal en entidades estatales, en la Fiscalía, la fuerza pública, y otras entidades del Estado, también hay conciencia de la existencia de alianzas entre sectores políticos y grupos criminales. Esto tiene un efecto devastador en la confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Por esta razón las investigaciones deben adelantarse con transparencia y celeridad, con las debidas garantías procesales, y buscando que la impunidad, como ha ocurrido en el pasado, no sea la constante en estos hechos.

La responsabilidad del alcalde

El alcalde Federico Gutiérrez debe asumir la responsabilidad política por lo que ha pasado. Si se demuestra que algunos de sus resultados en materia de seguridad y los réditos políticos de esos buenos indicadores se deben a la concertación con organizaciones criminales deberá hacer frente a las consecuencias de una alianza ilegal e ilegítima.

Pero además no deja de ser llamativo que desde la misma Alcaldía que tanta sensibilidad ha tenido por su inconformidad con el proceso y acuerdo de paz con las Farc, se impulse un proyecto de sometimiento que es bastante pobre en materia de derechos de las víctimas.

Si el señor Villegas es encontrado culpable de las conductas criminales señaladas, el alcalde no podrá negar que tenía conocimiento de los hechos, ni decir que fue a sus espaldas. Mucho menos podrá alegar que cuando nombró a Villegas este era un “buen muchacho”. Gutiérrez deberá enfrentar los efectos políticos de la conducta de su secretario de seguridad.

Tomado de Razón Pública

http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/10401-la-crisis-...