Con tristeza recibieron los campesinos la noticia de la salida de Farc de Ituango. El gobierno y los ex guerrilleros coordinan acciones para que las familias puedan realizar una salida organizada y con garantías, ahora sí, de tierras, seguridad y reincorporación económica y social. GeneracionPaz.Co les cuenta cómo avanzó la reunión con los firmantes de la paz quienes, pese a las dificultades cada vez más mayores, siguen firmes en cumplir el Acuerdo y hacer de la palabra y sus proyectos productivos su única forma de lucha. #4AñosGeneraciónPaz
Más de 60 exguerrilleros que actualmente están en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda Santa Lucía de Ituango, abandonarán la zona luego de amenazas, asesinatos y la constante zozobra por falta de garantías de seguridad para habitar el territorio. El gobierno nacional y miembros de Farc se reunieron en Ituango para acordar una salida organizada y revisar no solo para dónde van los más de 100 hombres, mujeres y niños que se desplazarán forzadamente, sino qué pasará con los proyectos productivos que se desarrollan en la vereda: El Café Paramillo, los proyectos de ganadería, el proyecto avícola, el servicio de internet, y otros en los ex combatientes han invertido sus esfuerzos, tiempo y dinero desde que dejaron las armas.
GeneracionPaz.Co acompañó la reunión en la que estuvieron presentes delegados de la ARN, la Alcaldía, Misión de Naciones Unidas, Gobernación de Antioquia, y otros.
Por su parte el alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira, lamenta la decisión que han tomado los excombatientes pues las comunidades quedarán solas. “Es muy triste”, dice y, según él, “están siguiendo el juego a los violentos que desean que abandonen la zona”. Los campesinos también lamentan la salida de Farc pues, en alguna medida, el Acuerdo de Paz les trajo inversión y puso al fin los ojos sobre sus alejados territorios. Pero los miembros de Farc que habitan el antiguo ETCR aseguran que la situación es preocupante y no quieren vivir con miedo e incertidumbre sobre su vida, ni seguir enterrando compañeros.
“El tema de la inseguridad en la zona no es nuevo, nosotros tratamos de resistir lo más que pudimos, pero vemos que desde que firmamos la paz, el Estado colombiano no ha sido capaz de tener el monopolio de las armas. Van 12 compañeros asesinados y ninguno de nosotros quiere ser el número 13 de la lista, por esa razón y con tristeza decidimos dejar el lugar”
expresa Gustavo López o ‘Agustín’, uno de los líderes de Farc en el antiguo ETCR de Santa Lucía, que, de ser abandonado por completo, estaría próximo a desaparecer. Por ahora una decena de personas decidieron quedarse para estar al cuidado de las vacas, las gallinas, los camuros y el café.
Con el fin de establecer una ruta segura e integral para su salida, el director de la ARN Andrés Stapper llegó a Ituango y conversó, además de Farc, con las comunidades y autoridades locales quienes manifestaron su sinsabor por la salida de los ex combatientes.
Entre las conclusiones más importantes, Stapper se comprometió a todos los esfuerzos para que el proceso de traslado sea rápido y seguro. Además, anunció que tanto los exguerrilleros que abandonan Santa Lucía como quienes decidieron continuar en el lugar seguirán contando con los mismos beneficios y suministros que hasta ahora han tenido y que están contemplados en el acuerdo final de paz. Sin embargo, el Alto Consejo para el Posconflicto Emilio Archila no se hizo presente en la reunión -había sostenido encuentros con líderes de Farc en Bogotá- e insistió desde medios de comunicación en que el gobierno está cumpliendo el Acuerdos. Los cuerpos de 12 ex combatientes de Ituango, más de 180 ex farc en todo el país y más de 500 líderes sociales asesinados lo contradicen, al igual que la falta de tierra y proyectos productivos amplios apoyados por gobierno. En ANtioquia, de más de 30 proyectos que adelantan los que están cumpliendo el Acuerdo, apenas 6 son apoyados por gobierno.
Por esta y otras razones -como la ausencia de curules para las víctimas, el no copamiento militar de los territorios abandonados por Farc, el estacamiento de la reforma política, la disminución de presupuesto para el Sistema Integral de Verdad (SIVJRNR), entre otras- la FARC y la sociedad civil que defiende el Acuerdo de Paz señala que sí hay incumplimiento del Acuerdo y exige como una medida inmediata el compromiso del gobierno nacional y departamental como respuesta ante la crisis en Ituango. El movimiento Defendamos La Paz - Capítulo Antioquia realizó un pronunciamiento público al respecto al que se sumaron más de 110 organizaciones y personas de la región y el país diciendo que la grave situación del Etcr Santa Lucía se debe a la falta de compromiso del gobierno y el incumpimiento del Acuerdo.
En la reunión de Ituango, Farc y ARN se comprometieron en la conformación de tres comisiones que abordarán los asuntos iniciales más importantes que deben definirse para iniciar el proceso de traslado a un nuevo espacio. Primero, la tierra. Se debe encontrar un nuevo predio a donde llegarán los exguerrilleros con sus familias. La Agencia compartió una lista de 500 predios en todo el país pertenecientes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que exploren y escojan la mejor opción; de éstos Farc identificó ocho espacios posibles en el Oriente y Suroeste antioqueño, y está visitándolos para valorar directamente las condiciones. Sin embargo, el trámite de legalización de estos predios podría tomar varias semanas o meses y por eso los ex combatientes se mantienen en zozobra: constantemente los mensajes de terror les llegan hasta sus casas en la vereda o incluso a sus celulares. Pero tienen, además de temor, el valor y la convicción de continuar su compromiso con la paz. Según "Agustín":
“El objetivo principal es que podamos continuar en Antioquia. Queremos estar en una zona que no tenga problemas de seguridad y con una extensión suficiente para que cada familia tenga la posibilidad de desarrollar cualquier proyecto agrícola”.
Una segunda comisión tendrá la tarea de evaluar la continuidad y factibilidad de los proyectos productivos que se desarrollan en el antiguo ETCR y en veredas cercanas. Actualmente los exguerrilleros trabajan en iniciativas agrícolas, ganaderas y de servicios en las que han invertido más de mil millones de pesos y años de trabajo. Esta es una de las principales razones por las cuales hasta el momento cerca de 20 excombatientes han manifestado su interés de permanecer en Santa Lucía a pesar de los peligros.
“Nos quedamos buscando una mejor oportunidad económica, política y social para el municipio. No nos sentimos con raíces en ninguna otra parte del país, nuestras raíces están aquí y por eso queremos quedarnos. Mientras haya al menos una oportunidad para seguir luchando por Ituango lo vamos a hacer”
Manifiestó James Valle, uno de los 105 exguerrilleros asociados al proyecto ganadero que actualmente se desarrolla en cinco predios arrendados cercanos al antiguo ETCR.
Finalmente, en el encuentro se acordó el establecimiento de una tercera comisión que en las próximas semanas trabajará en la construcción más completa posible de un censo para determinar tanto el número de personas que salen del lugar como de quienes se quedan para que a partir de allí se tomen medidas sobre su seguridad y bienestar en los respectivos territorios.
“Con base en la información que estas mesas de trabajo nos van a proporcionar, vamos a establecer un cronograma con temas que van desde la gestión para la adjudicación de tierras hasta las soluciones definitivas de vivienda en el nuevo espacio. Primero, debemos atender estos puntos para luego pensar en lo siguiente. Estamos aquí comprometidos para que ese traslado sea eficiente, en los tiempos que se lleguen a definir tal y como hemos acordado con los habitantes”
Así lo aseguró Andrés Stapper.
Cómo garantizar que otro desplazamiento masivo no se dé en otros ETCR de seguridad crítica como Cauca o Tumaco donde el asedio de los ilegales también es constante y la Fuerza Pública y su eficiencia son cuestionadas, no se trató en la reunión del municipio de Ituango. Y, al parecer, no se está trabajando con anticipación desde lo nacional, a juzgar por las declaraciones de Archila de las últimas semanas que se ha referido al futuro desplazamiento masivo de ex combatientes como un asunto que se veía venir y que el mismo gobierno sugirió reconociendo así la incapacidad del Estado de ofrecer garantías para la reincorporación en Santa Lucía.
Tampoco está claro de qué modo se protegerá a las comunidades campesinas no solo de Santa Lucía sino de Santa Rita, y diversas veredas que permanecen en el fuego cruzado entre disidencias, paras, bandas criminales y narcos, en el que el Ejército no logra proteger la vida de los más vulnerables. Entre tanto, la sociedad civil prepara una caravana humanitaria para visitar y exigir al gobierno y los violentos un cese al fuego y condiciones para vivir en paz.
Fotos: GeneracionPaz.Co.
Etcr Vereda Santa Lucía, Ituango, Antioquia en la última semana de enero 2020, tras el asesinato de César Herrera, el ex combatiente no. 12 de este espacio de reintegración que es asesinado. Un mes atrás fue asesinado Manuel González, en la misma vía de acceso que César, lo que había provocado la salida de varias familias que en su afán no pudieron llevarse todas sus pertenencias.
