El PND que se tramita en el Congreso actualmente pone en jaque la implementación de la Paz. No se incluyó el capítulo especial de inversiones en el Acuerdo, y se dejaron -según gobierno- 37 billones a lo largo del Plan. Implementar el acuerdo costaría 129 billones. Es decir, que Duque pone en la mesa apenas el 29% de lo que cuesta la construcción de paz. El PND Duque preocupa además porque en general disminuye la función social del Estado y favorece a los privilegiados y el modelo económico extractivista. #PeriodismodeVerdad se lo explica
Antes del 7 de mayo deberá ser aprobado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que presentó el gobierno de Iván Duque ante el Congreso y que, entre muchas sorpresas, dejó por fuera del capítulo especial para asignar recursos a la paz.
En las 900 páginas del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo -que deben ser estudiantes en mes y medio- no se incluyó el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz. Así lo había estipulado el Acto Legislativo 001 de 2016 que incorpora un nuevo título a la Constitución de Colombia para, nada y más y nada menos, dejar en firme la obligatoriedad de cumplir el Acuerdo de Paz. “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, es el encabezado del Acto que el gobierno Duque empezó a saltarse, al dejar sin clara financiación la materialización del tratado de paz.
Para 2019, el Prespuesto General de la Nación contempla 30 billones de pesos, incluyendo la Fuerza Pública y la rama judicial. Y para los cuatro años de su gobierno, Duque propone que se inviertan 37 billones de pesos para la construcción de paz. Pero la preocupación por la desfinanciación de la paz había empezado en el último año del gobierno de Juan Manuel Santos.
El Plan Marco de Implementación que tardó más de lo esperado en construirse en medio de las múltiples tormentas que ha enfrentado el Proceso de Paz, estuvo listo en junio del año pasado. Según los cálculos de este Plan, la implementación de la paz cuesta 129,5 billones que serían invertidos entre 2017 y 2031, es decir, en 15 años. Todo ello quedó radicado en un documento CONPES (3932 de 2018) en la era Santos, pero en el primer año de Duque, el proyecto, al igual que la tarea de crear un Plan Plurianual, están siendo ignoradas. Si vemos los cálculos del equipo de Santos, estos quince años de paz cuestan mucho menos que la seguridad y la defensa nacional en tres años; es decir que la falta de cuidado con el presupuesto de la paz no nace en este gobierno.
Sin embargo, el PND actual está preocupando a la oposición, a los ex combatientes, a los campesinos, a los líderes sociales, y, en general, a las mayorías del país que se verían beneficiadas con una adecuada implementación del Acuerdo de Paz. Ahora en manos del Congreso está el estudio del proyecto de Plan de Desarrollo, criticado además por favorecer la empresa privada, darle facultades extras al pPresidente para cambiar reglas del juego, por favorecer el sector salud privado que ya es una perversión, y por abrir las puertas -aún más- al extractivismo. El PND, según el economista Diego Carrero, no propone precisamente un cambio de enfoque en la estructura productiva del país, ni el fortalecimiento en sector agropecuario, ni industrial campesino; en cambio al sector minero energético le da más de 93 billones de pesos.
El modelo económico, que siempre fue intocable en la Mesa de Conversaciones en La Habana, ahora sí podría ser ampliamente transformado gracias al Plan Nacional de Desarrollo: se disminuye la función social del Estado al restarle inversiones en ese sentido, y se amplían los beneficios a los empresarios, no solo mineros y extractivistas, sino ganaderos y terratenientes como ocurrió con el programa Agro Ingreso Seguro.
Semejantes cambios, que no solo ponen a tambalear el presupuesto sino la democracia colombiana, deben discutirse antes del 7 de mayo. Y, tomando en cuenta que, adicional a los 183 artículos del proyecto presentado en febrero, el gobierno acaba de radicar otros 128, el rechazo de muchos sectores está creciendo como espuma. Las bancadas alternativas, otras tradicionales y la oposición del Congreso se retiraron hace unos días del recinto pues consideraron ofensivo aumentar los artículos al PND la semana anterior, apenas a 3 días de cumplirse el plazo para el segundo debate.
Ante los fuertes cuestionamientos de la opinión pública, la oposición además presentó una propuesta negativa al PND y aseguró que:
El Plan desconoce la hoja de ruta trazada en el acuerdo de paz firmado entre los excombatientes de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos” y agregó que “en ninguna parte se desarrolla el componente de gasto e inversión para la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El gobierno respondió explicando que su PND tiene un capítulo donde detallan que el Plan Plurianual de inversiones está distribuido por todo el Plan y que contempla inversiones por 37 billones de pesos. Estos recursos, según el Plan Plurianual ordenado por Constitución, deben ser adicionales al presupuesto “normal” del país. Sin embargo, según explicó la parlamentaria Juanita Goebertus, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) le habrían explicado que esos 37 billones -distribuidos a lo largo del Plan- hacen parte de 1.096 billones del presupuesto total. Es decir, que no hay recursos adicionales para la paz. Según Juanita, el Plan de Desarrollo está lejos de ser la ruta para la construcción de la paz. Y, viéndolo, punto por punto del Acuerdo, la situación es cada vez más preocupante.
Sustitución de cultivos de uso ilícito
De acuerdo al Plan Marco de Implementación para la Paz que dejó Santos, serían necesarios 2,5 billones de pesos para sacar adelante el acuerdo sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito entre 2019 y 2022; pero el Plan Plurianual contempla apenas 43 mil millones de pesos. Según los análisis del Centro de Pensamiento y Diálogo Político de la Universidad Nacional, serían entonces apenas 10 mil millones al año. Y recordando que hay unas 132 mil familias vinculadas,
La inversión mensual por familia sería de tan solo 6.313 pesos
Desde ya, la angustia de estas comunidades campesinas empobrecidas y los contratistas del PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) es latente. A muchas familias han dejado de pagarles, otros han sido desvinculados en el caso de los contratistas, y mientras tanto las promesas de los Planes de Desarrollo Territorial (PDTES) y de la llegada del Estado a su territorio siguen enredándose. La directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, dijo a la opinión pública que de los 37,1 billones contemplados para la paz en el PND, $20 billones se invertirán en los 170 municipios de PDETS y en los 13.000 excombatientes de las Farc.
¿Desarrollo para quién? ¿Seguridad para quiénes?
El Acuerdo de Paz contempló que en diversos municipios donde el Estado eran las Farc y donde el abandono es ley, se invertiría de acuerdo a las necesidades locales, gracias a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. En su construcción participaron unas 200 mil personas que pactaron con el gobierno una transformación de sus territorios, incluyendo la seguridad en un sentido humano y amplio donde -en concordancia con la construcción de paz- las comunidades pueden satisfacer sus derechos y vivir con dignidad, más allá de la dejación de armas de un grupo o la militarización que llega con otros.
Pero en el proyecto del PND de Duque se proyecta la financiación de la Zonas de Consolidación, nombre de la política de la renovada Consejería para la consolidación (antes Posconflicto) que busca llevar pie de fuerza a zonas apartadas y con dificultades, sin más que las tropas, lo que para movimientos sociales y observadores internacionales es un retroceso. Se supone que los PDET son la herramienta para que el “desarrollo” y el Estado lleguen integralmente; pero, de acuerdo con la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, las figuras de PDET quedaron “desarticuladas” de las Zonas de Consolidación en el PND y esto pone en riesgo su financiación.
Víctimas, tierras y seguridad
En cuanto a tierras, la ex asesora en los Diálogos de La Habana, advirtió que el PND de Duque no incluye metas de restitución y dejó por fuera a las víctimas del conflicto. La parlamentaria aseguró a medios que:
En cuanto a la reparación de víctimas esta sería la meta más baja de la historia en un cuatrienio. Pretenden reparar en el próximo cuatrienio a 282.000 víctimas menos que en el anterior, cuando hay un universo de ocho millones de víctimas y solo hemos logrado reparar al 12 por ciento –una cifra baja a pesar de los esfuerzos tan grandes que se han hecho-. La pretensión del gobierno Duque no es avanzar de manera más rápida en la reparación de víctimas cada año, todo lo contrario, es reparar menos.
Por otro lado, el PND fortalece el modelo de Estado autoritario, según los investigadores del Centro de Pensamiento de la Unal, y propone énfasis de olvido y amnistías para quienes acumularon y despojaron tierras durante el conflicto. Es decir, lo contrario al espíritu del Acuerdo de Paz que, desde la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, busca esclarecer situaciones de todos los actores del conflicto, bien sea para aportar a la verdad y la reparación, o para judicializar y brindar garantías de no repetición.
Por último, para el economista Carrero, también son menores los recursos para garantizar la seguridad a las comunidades y líderes sociales. Menos aún son para combatir a las organizaciones criminales actuales, pues son apenas -sumando ambos rubros- 11.750 millones por año. En general, según los analistas de la Universidad Nacional, este plan trae un retroceso en seguridad:
La inercia presupuestal nuevamente hace su presencia, advirtiendo, entre otras, la profundización de una política de seguridad ciudadana basada en la red ciudadana de informantes como en la lucha contra las drogas, la cual representa el 67% de la línea “Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos”
Además, la principal fuente de financiación del PND proviene de recursos del Presupuesto General de la Nación (96%), que se concentran en la línea de “Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana ” (52%); e, “Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos” (40%).
Texto: Katalina Vásquez Guzmán. Fotos: Revista Generación Paz. Portada: Cortesía Presidencia.
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