Destrabar la guerra

En el Norte del Cauca se encuentra el mayor núcleo productor de marihuana para uso recreativo en Colombia y al mismo tiempo el proceso comunitario más ambicioso de transformación de prácticas ilegales a producción de insumos para productos farmacéuticos cannábicos utilizando la nueva ley y las normas que la regulan.

La ruta a seguir en este tema crucial está hoy en el centro de las preocupaciones de los Cabildos, la ACIN, el CRIC, de comuneros en Toribío, Jambaló, Páez y también de las asociaciones de campesinos e indígenas que cultivan marihuana en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Florida.

En medio de la ola de asesinatos y masacres se han escuchado voces diversas que buscan dar respuesta a la situación que, por una parte, vincula a miles de familias que obtienen buena parte de su subsistencia en esos cultivos y, por otra, se acompaña de la presencia y fortalecimiento de grupos armados y estructuras criminales que impactan en los territorios y amenazan la organización, cultura y pervivencia de los pueblos y sus comunidades.

En algunos cabildos la posición ha sido la de buscar la erradicación de esos cultivos en territorio indígena en un proceso concertado y gradual. Incluso se ha llegado a hablar de plazos de seis meses para la consulta o deliberación interna en las comunidades a partir del cual se iniciaría una nueva estrategia hacia la reconversión de las economías y sustitución de ingresos para las familias. Desde otras voces se habla de explotar las posibilidades de la producción legal para fines saludables e industriales y se discuten los alcances de esa alternativa y su posible cobertura en cuanto al número de familias.

En estas notas se presentan algunos elementos sobre la posible combinación de alternativas bajo el supuesto de quitarle piso a estrategias de guerra o militarización contra los cultivos de marihuana y destacar posibilidades de impulso a diversas industrias y usos del follaje de la planta y de su flor o cogollo. También se intenta mostrar que existe un amplio margen de opciones flexibles para una legalización o regulación del uso de la marihuana en condiciones que no se afecte la salud y se prevenga la drogadicción o abusos de consumo recreativo.

Características de los cultivos de marihuana en el Norte del Cauca

Existen estimativos de los cultivos de marihuana en el Norte del Cauca y con el equipo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hemos recogido apreciaciones en varios municipios dadas por cultivadores, líderes de asociaciones de productores, alcaldías y grupos de investigación. Entre tan diversas fuentes y cifras podemos hacer una aproximación que sirve de referencia a la hora de analizar alternativas socio económicas.

En Cauca, habría unas 240 hectáreas sembradas con marihuana según (1) Estimativos Indepaz, (2) Taller en Toribio – Indepaz, (3) Asociaciones del Norte del Cauca, (4) Grupo de investigación Simci y (5) Fundación cultivando esperanza, 2017. 

(Se omite recuadro enviado por el autor)

Un primer dato importante es la vinculación de más de 12.000 parcelas con marihuana en predios indígenas y campesinos de las cuales cerca de 5.000 están en Toribio, 3.000 más en resguardos de Caloto, Jámbalo y por lo menos 4.000 en parcelas campesinas en el Norte del Cauca. No se tienen datos significativos de marihuana en las fincas o solares de familias negras o afrocolombianas.

Esta realidad significa que buena parte de los ingresos y de la economía en esta subregión depende del cultivo y venta de la flor de marihuana y que entre 12.000 y 15.000 familias tienen una parte mayor de sus ingresos en estos cultivos.

Según algunas fuentes consultadas la modalidad es de micro cultivos, que en muchos casos tienen 200 metros cuadrados en el solar o en un rincón de la parcela. El cuidado del cultivo en sus diferentes fases se hace “por ratos” con trabajo de la <familia de modo que los ingresos mensuales de subsistencia se completan con la huerta casera, otros microcultivos y eventual jornaleo en la vereda o municipio de residencia.

El trabajo de las mujeres es de gran importancia en todas las etapas del cultivo de la marihuana. 

De manera especial en la cosecha de la flor o mota que requiere mucho cuidado. Ellas integran a la familia y ejercen controles, aunque hay manifestaciones autocriticas sobre abusos de consumo que incluyen a las mujeres y viene incrementándose entre los jóvenes y adolescentes con implicaciones críticas para las comunidades.

Los cultivos tienen un ciclo anual con un total de tres cosechas por año a partir del mes cuarto de la siembra y requieren inversiones promedio de 7,5 millones de pesos al año en costos fijos (semillas, invernadero, agroquímicos, etc.) y variables (jornales familiares o de algún asalariado en tiempo de cosecha). Con el aprovechamiento de doce horas de luz solar más iluminación nocturna están logrando hasta cuatro cosechas.

El ingreso por familia se estima en promedio por debajo del salario mínimo legal mensual y corresponde a la remuneración del trabajo de varios miembros de cada familia.

Son cerca de 50.000 personas de estas comunidades las que parcialmente viven del cultivo y otras decenas de miles perciben ingresos en actividades relacionadas de provisión de alimentos, insumos, transporte local y bienes de consumo de la canasta familiar.

La extensión cultivada es importante en el conjunto de la marihuana sembrada en Colombia, pero se trata de una suma de pequeñas porciones que en total cubre 500 hectáreas dispersas en un vasto territorio en las estribaciones de la cordillera central del Norte del Cauca. En la noche desde la carretera panamericana o la vía entre Quilichao y Florida se observan las luces de los centenares de invernaderos.

La cadena del tráfico de marihuana

La producción y tráfico de marihuana en el Norte del Cauca tiene varias décadas de historia, con importancia en cuanto a peso en la oferta nacional desde los años ochenta y con su mayor despliegue en la última década. Según informes de la Policía Antinarcóticos la oferta de marihuana en este siglo ha procedido principalmente del Cauca, Magdalena (incluida la Sierra Nevada), Meta y Antioquia.

Se calcula que en Colombia hay 3 millones de consumidores de marihuana recreativa y cerca de 500.000 consumidores de productos cannábicos artesanales que se usan con fines supuesta o realmente de salud.

No existe un registro oficial del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) o de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de hectáreas de marihuana cultivadas y tampoco seguimiento satelital en esta materia por parte de las agencias antidrogas de los Estados Unidos como si se hace para los sembrados de hoja de coca. Esta realidad refleja un manejo diferencial de facto en las políticas prohibicionistas con altos niveles de represión a la cadena de la cocaína y gran flexibilidad en lo que ha correspondido a la marihuana. Esa flexibilidad ha sido un tácito reconocimiento del bajo riesgo para la salud y de la realidad de la producción y consumo que se hace evidente en que la marihuana sea el principal producto agrícola en Estados Unidos tanto para uso medicinal como recreativo. 

Como se ha constatado en informes de monitoreo de la UNODC no hay metas anuales de incautaciones ni atención a ese tema por parte de agentes de la DEA o de las agencias antidroga de los Estados Unidos. Las incautaciones ocasionales de marihuana y el desmantelamiento o capturas de traficantes y capos de la marihuana se producen en casos asociados al tráfico de cocaína y/o armas o a acciones armadas o de violencia de gran impacto.

En los últimos años ha aumentado la esfera del tráfico de la marihuana producida en el Norte del Cauca. Se afirma que se han localizado cargamentos en sitios muy diversos de la geografía nacional como por ejemplo en Urabá y fronteras con Perú, Brasil y Venezuela. También se dice que una porción cada vez mayor de marihuana del Norte del Cauca se destina a mercados internacionales y que mafias trasnacionales más poderosas que las locales están pendientes de la producción, el tráfico y el control del orden del negocio y de la calidad del producto. Lo expuesto tiene implicaciones en el papel de los diversos actores en la cadena de valor y, en especial, le asigna un lugar más importante a quienes garantizan el tráfico regular y a sus unidades armadas.

Cannabis y usos medicinales y alternativos de la planta de marihuana

Como se dijo antes, existe una larga tradición de usos saludables de la marihuana tanto en comunidades étnicas, campesinas como en centros urbanos en el país, particularmente en el sur de Colombia.

En la actualidad se registra en el Norte del Cauca la producción de muchos productos artesanales con una demanda en crecimiento por propiedades reales y también imaginarias o de efecto placebo. La oferta incluye aceites, pomadas, jabones, cosméticos y similares.

Pero la alternativa de vincular miles de familias a la producción de marihuana para extraer cannabinoides de uso medicinal, o insumos para usos alternativos y nuevas industrias, supone exploraciones más ambiciosas en el terreno de la legalidad y de la regulación que está en marcha, y de los horizontes de la legalización regulada de consumo adulto recreativo sin abuso ni drogadicción.

Las preguntas en esa perspectiva de inclusión en empresas legales a los cultivadores actuales y potenciales de marihuana tienen que ver con la realidad de la demanda mundial y del lugar de empresas propias de asociaciones de pequeños productores en la oferta para nuevos mercados y consumos1.

Es de público conocimiento que Colombia tiene un cupo del 44% en el plan de cuotas asignadas internacionalmente para insumos de medicamentos cannabicos. Hace un año El Tiempo señaló que Colombia está desperdiciando esa oportunidad y que las cuotas sólo asignan a grandes empresas ligadas a multinacionales2. Según El Tiempo:

El país obtuvo un cupo, por segundo año consecutivo, de 40,5 toneladas para sembrar legalmente la planta, lo que equivale al 44 por ciento de la producción autorizada por la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (Jife) para este año.

Después de Colombia, Estados Unidos es el país con mayor cupo, con 33,4 toneladas aprobadas, seguido por Israel, con 10,1, y Australia con 2,5 toneladas. Un documento de la Jife habla de un cupo total de 91,9 toneladas de producción legal a nivel global.

Las ventajas de Colombia para la producción de aceites cannábicos ricos en CBD son muchas, comenzando por los costos3 y las condiciones climatológicas ideales en varias regiones derivadas del régimen de lluvias, humedad, radiación solar, calidad del suelo, acceso al agua y capacidad del recurso humano con alta calificación en el cultivo. En esta apuesta para la nueva industria cannabica han tomado ventaja regiones como Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Meta, Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Huila4.

En la reconversión de los cultivos de marihuana en el Norte del Cauca para adecuarse al marco legal actual y a las exigencias fitosanitarias y de calidad del “uso médico y científico del cannabis y sus derivados”5, están trabajando 36 asociaciones en varios municipios de la subregión con una presencia mayoritaria de cultivadores indígenas.

Se estima que 1.500 pequeños cultivadores están en ese proceso de reconversión utilizando nuevas semillas y creando alianzas para insertarse en mercados de Canada y otros países. Caucannabis, que es una de las asociaciones que agrupan a los cultivadores en Toribio y otros municipios, estima que se pude llegar rápidamente a 5.000 asociados en un programa inscrito en la actual regulación que tenga un apoyo importante del Estado.

Algunas empresas grandes como Pharmacielo han propuesto alianzas en Corinto y otros municipios, pero la situación de orden público y la ausencia de apoyo estatal a las asociaciones está dejando atrás a los “emprendedores” indígenas y campesinos.

Las asociaciones de pequeños productores que vienen ajustándose a la legalidad para el cultivo y la producción de uso medicinal tienen alta capacidad técnica y gerencial y requieren apoyo científico, técnico y comercial. Por ello se discute la posibilidad de constituir un fondo con recursos nacionales y de cooperación que fortalezca las iniciativas subregionales dirigidas al uso medicinal de la marihuana6.

De manera complementaria, existen iniciativas de generar una oferta del follaje de las plantas de marihuana para la producción de papel y material para la construcción tal como se ha desarrollado en otros países. La renovación de cultivos por introducción de otras variedades en terrenos nuevos o rehabilitados, y la resiembra por agotamiento del ciclo productivo deja un material vegetal útil en esas industrias 7.

Reforma constitucional y ley sobre regulación del consumo recreativo adulto

No es una casualidad que se haya realizado en el Cauca, en la Casa de la Moneda de Popayán, uno de los eventos más concurridos para dialogar sobre el proyecto de ley de legalización o regulación del consumo de marihuana y de la acción en contra del consumo infantil o adolescente. Asistieron centenares de delegados de comunidades indígenas, negras y campesinas a dialogar con la “alianza interparlamentaria para transformar la política de drogas” y aportar al proyecto. No fue el primer evento de esta naturaleza pues también se hicieron convocatorias en el Norte del Cauca cuando se discutía la ley que reguló la producción medicinal y todo los relacionado con ella desde el cultivo de las plantas.

Lo que está claro en Colombia como sucede en muchos estados de Estados Unidos, Uruguay, Portugal, Países Bajos y muchos otros, es que está en curso una regulación del consumo recreativo de la marihuana en términos similares a lo que se definió para el alcohol y el tabaco.

En la Organización Mundial de la Salud se discute reclasificar la marihuana para enmendar el error de haberla ubicado en la lista 18 de sustancias más peligrosa. Esa reclasificación se ha asumido en muchos países en donde se ha dejado de considerar el THC como un sicotrópico de alta adicción y peligrosidad. Hay suficiente literatura científica que muestra que los riesgos para la salud individual y el bienestar colectivo son en el caso de la marihuana recreativa insignificantes frente al alcohol, el tabaco o las anfetaminas, para no hablar de los opiáceos que se consideran hoy epidémicos en Estados Unidos9.

Según Gustavo Bolívar, los tres “objetivos básicos” del proyecto de ley son: 

Primero, quitarle el negocio de las manos a los narcotraficantes. 

Segundo, proteger la vida y la salud de los consumidores.

Y tercero, generar ingresos para el país de los que buena parte irán a la lucha, prevención y educación en todo tipo de consumo, campañas que hoy no existen10.

Por su parte el senador Iván Marulanda afirmó que la iniciativa legislativa se relaciona con el respeto a los derechos humanos y la salud pública. Agregó el senador de la Alianza Verde que:

Colombia, con toda esta política prohibicionista, lo que ha hecho es entregar la economía colombiana a las economías criminales. En la medida en que logremos ir regularizando el comercio de las sustancias sicoactivas, vamos a arrebatarle el negocio a los criminales y las mafias, para que la vida no esté regularizada por las balas, ametralladoras y las bombas11.

Entre otras medidas se autorizan dispensarios de marihuana, clubes cannabicos sin ánimo de luro, sitios web a cargo del gobierno. Se mantiene la prohibición de venta a menores de 18 años y la oferta en centros educativos que promuevan el consumo entre la juventud, niños niñas y adolescentes. Se establecen impuestos al consumo adulto y medidas preventivas  contra el abuso de consumo y la drogadicción. En ese sentido en la iniciativa se crea el "el 50 % de los recursos del “impuesto al cannabis para uso adulto” a la implementación y diseño de  estrategias para prevenir el consumo.

Regulación, sustitución de usos y de ingresos en lugar de guerra absurda

Los cultivos de marihuana que hoy existen en el Cauca abastecen buena parte de la demanda actual, pero a diferencia de lo que ocurre en otras regiones cultivadoras aquí se ha concentrado la violencia armada contra las comunidades indígenas y campesinas. Ante la escalada de asesinatos y la amenaza a la cultura, autonomía y pervivencia, las respuestas han sido radicales desde las autoridades de los Cabildos indígenas que se inclinan por la prohibición de nuevos cultivos y su progresivo y concertado desmonte. Desde el gobierno la respuesta ha sido enfocarse a la estrategia militar de control territorial contra los llamados grupos armados organizados residuales que son señalados como los responsables de los asesinatos, y combinar el despliegue militar con un plan social para el Cauca.

En los diálogos que se vienen realizando en las comunidades étnicas y campesinas del Cauca se hace la distinción entre las respuestas de emergencia a la ola de violencia y las estrategias de mediano y largo plazo frente a los cultivos y el tráfico de marihuana. Es cierto que son dimensiones relacionadas, pero también que se puede lograr un desescalamiento de la violencia en términos aceptables para las comunidades y evitando que el Norte del Cauca y los territorios de las comunidades se conviertan en escenarios de la absurda guerra antidrogas. Un criterio rector puede ser la concertación de planes de reconversión económica con sustitución de ingresos, combinado con la flexibilización en lo relacionado a los cultivos de marihuana y tolerancia en la fase de transición hacia la producción legal medicinal y la regulación del consumo recreativo. 

La otra dimensión es la de reducción y superación de la violencia armada.

Las comunidades están elaborando protocolos especiales para proteger sus territorios ante la presencia de grupos armados. Esos protocolos se basan en criterios irrenunciables de defensa de derechos de autonomía, soberanía territorial, jurisdicción especial, prohibición del uso o tráfico de armas en los resguardos, proscripción en sus territorios de laboratorios de cocaína y de campamentos de armados para actividades criminales, defensa de la cultura y la cosmovisión, y afirmación de la autoridad de los Cabildos y del papel pacífico y defensivo de la Guardia Indígena al interior de los territorios.

Las Guardias Campesinas y Cimarronas completamente subordinadas a sus organizaciones comunitarias tienen criterios similares a las indígenas, aunque moduladas por sus relaciones con el territorio y referentes específicos de legitimidad y legalidad.

Es evidente que la acción no violenta y masiva de las comunidades contra la agresión de grupos armados significa una poderosa fuerza disuasiva y moral y al mismo tiempo que tiene límites frente a niveles superiores de violencia indiscriminada. En teoría por fuera de la propiedad privada colectiva étnica y comunitaria, el control de la presencia y movilidad y conductas criminales le corresponde a la fuerza pública. Esto significa que la incautación de cargamentos al narcotráfico en las vías públicas debería ser función de la policía. La presencia de grupos con armamento de combate y uso privativo de las Fuerzas Armadas justifica que la acción de la policía este acompañada por el ejército y al mismo tiempo debería circunscribir la función militar a operaciones complementarias, defensivas y sin afectar los derechos territoriales y humanos de las comunidades.

Un tema sensible a considerar y regular desde las comunidades es el de los límites de la actuación de la fuerza pública cuando grupos armados ilegales que atentan contra la población se refugian en territorios colectivos o en predios de propiedad privada de campesinos y otros pobladores rurales. En lo que se refiere a propiedad privada individual y de personas jurídicas existen normas sobre fragancia y límites impuestos por la prioridad absoluta de protección de la vida, la integridad y los bienes de las personas. En este texto no se pretende profundizar en este asunto, pero sí llamar la atención sobre la necesidad de abordarlo abiertamente y definir desde las comunidades los protocolos pertinentes a la luz de la defensa de sus derechos y del marco constitucional y legal vigente.

Diálogo y concertación para crear una economía de cannabis regulada y para desarticular la violencia

La violenta disputa territorial por rentas y rutas para el tráfico de marihuana en el Cauca, han activado el debate nacional sobre la regulación de la marihuana para usos medicinales y recreativos. El proyecto de acto legislativo del uso adulto del cannabis y la normativa que permite su uso medicinal y científico, propician escenarios para un nuevo diálogo nacional que considere todas las esferas del tema incluida la revisión de normas sobre el control de la llamada “dosis” personal que ha merecido apasionados enfrentamientos de posiciones.

Este inevitable debate debe partir de rechazar la idea de escalar en Colombia y en el Cauca una estrategia de guerra prohibicionista y de tratamiento militar con “licencia para matar” a los criminales y a mafiosos narcotraficantes asociados a este negocio.

En la agenda de este diálogo es urgente contrarrestar la estigmatización a las mujeres y pequeños cultivadores y avanzar rápidamente en la aprobación de normas de tratamiento diferencial y descriminalización de esa actividad que realizan los micro minifundistas.

En la gobernación del Cauca, con el apoyo de todos los partidos políticos y congresistas que han participado en las reuniones con centenares de pequeños cultivadores, se ha avanzado en un programa que se denomina “la cadena de valor de la marihuana” y en el mismo sentido han trabajado propuestas varios alcaldes del Norte del Cauca. Estas iniciativas pueden ser punto de apoyo para concertar medidas de política pública con “sentido común” como lo expresó el senador Iván Marulanda de la Alianza Verde13.

En la reunión del Consejo Departamental de Seguridad realizada en Santander de Quilichao en octubre de 2019, Indepaz le presentó a las autoridades civiles y militares, también a los delegados de los órganos de control, la propuesta de impulsar estas deliberaciones y considerar la formulación concertada y consultada de un “Programa de alternativas de uso y de sustitución de variedades, cultivos e ingresos” para afrontar los conflictos alrededor de la marihuana y aislar a los grupos violentos. En este camino pueden aportar mucho los alcaldes, concejales, diputados y el nuevo gobernador, en una confluencia de propósitos con las organizaciones sociales, gremios, empresas, asociaciones de pequeños productores que permita al Cauca salir del círculo infernal de guerras y militarización.

Foto: Tomada de Flickr.Com.