Desde 1977 -cuando se presentó el primer caso en Colombia- 60.630 víctimas de desaparición forzada se han registrado en el país. El Acuerdo de Paz de La Habana es una luz de esperanza para las miles de familias que esperan saber dónde están sus seres queridos. Recordamos tres casos que nos muestran la magnitud de esta tragedia humanitaria y lo que han vivido miles de familias en Colombia.
Jorge Soto era uno de los encargados de materializar el movimiento político de izquierda Unión Patriótica (UP), que intentaba existir en un escenario dominado por dos partidos tradicionales. Fue desaparecido en 1985, cuando llegó a Bogotá procedente de Medellín.
“Era un año crucial en la historia de este país, mucho más para quienes tratábamos de hacer política diferente: la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, un proceso de unidad fundamental entre las izquierdas; se dio la toma del Palacio de Justicia, muy conocido por los organismos del Estado. Ellos sabía que tenía que actuar y lo hicieron con terror hacia la UP”, dice Marta Soto, hermana de Jorge e integrante hoy del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Jorge fue el primer caso de desaparición forzada de la Unión Patriótica. Oficialmente se denunciaron otros 122 casos de militantes de este movimiento, en lo que fue una práctica sistemática de exterminio.
Gilberto Agudelo Martínez era el presidente de Sintraunicol (Sindicato de los Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia). Su desaparición se dio en el año 2000, una época de recrudecimiento del accionar paramilitar en Colombia que volvió a tener en la mira a líderes de izquierda como defensores de derechos humanos, del movimiento estudiantil y sindicalistas.
“Era una persona muy integral en su forma de ser. Muy solidario, comprensivo, atento y sobre todo, muy claro políticamente. Desapareció cuando se dirigía de Medellín a Bucaramanga, donde tendría una serie de actividades en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Él viajó y pasaron muchos días y no se reportaba; la familia vino y nos informó que no llegaba ni se había comunicado”, recuerda Maria Piedad León, integrante del mismo sindicato entonces.
La desaparición forzada de Gilberto Agudelo fue un duro golpe para el sindicalismo en Colombia y un eslabón más en la seguidilla de actos de terror contra líderes de las universidades públicas del país como el asesinato del líder estudiantil de la Universidad de Antioquia Gustavo Marulanda y del profesor de la misma universidad Hernán Henao, entre otros. En este contexto, Sintraunicol y Gilberto habían recibido amenazas de grupos paramilitares.
“Sabíamos lo que podía pasar. Viajó sólo, iba a Santander que era territorio dominado en aquella época por el paramilitarismo. La familia siempre guardó la esperanza de encontrarlo con vida, pero nosotros en el sindicato esperamos lo peor”. Concluye Maria Piedad.
Luis Fernando Lalinde era estudiante de sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana; cuando desapareció en 1984 estaba a la espera de su título profesional. Era el mayor de cuatro hermanos, en un hogar liderado por una madre divorciada, cabeza de hogar.
“Mi hermano era militante del Partido Comunista de Colombia, Marxista Leninista. Eran los acuerdos de tregua y cese al fuego de las guerrillas con Belisario Betancur. Debía trabajar con combatientes del EPL a ver qué iba a pasar con toda esa base guerrillera, una vez en firme la desmovilización. Debía preparar un plan de educación y reinserción a la vida civil. Él y sus amigos eran muy optimistas frente a lo que podía venir con los cuerdos”. Recuerda Mauricio, su hermano menor, exiliado desde hace más de 30 años.
Luis Fernando desapareció en el suroeste antioqueño cuando desarrollaba trabajo comunitario en el suroeste antioqueño. Por años, la determinación de su madre Fabiola Lalinde por conocer lo qué paso con su hijo y lograr hacer justicia, fue incómoda para el Estado colombiano y referente para cientos de víctimas de este delito en Colombia y el mundo. Con la reconocida Operación Cirirí[UdW1] el caso de Luis Fernando fue el primero de desaparición forzada en Colombia llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
Colombia tiene un marco normativo frente al tema: está prohibida desde el artículo 12 de la Constitución Política, penalizado por la Ley 589 de 2000 y hace parte de la Ley de Víctimas de 2011; cada caso es único y en la práctica, la acción del Estado es lenta y poco efectiva, quedando su resolución y trámite en manos de los allegados de la víctima.
Jorge Soto habló con su familia vía telefónica dos días después de emprender su viaje a Bogotá, para preguntar por el estado de su madre y hermana. Hoy, sus familiares presumen que ya estaba en poder de quienes lo desaparecieron por su trabajo con la UP. El Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos pidió perdón en 2016 por no actuar para proteger a los miembros de la UP: “Debemos reconocer que el estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones a pesar de la evidencia de que esa persecución estaba en marcha”, dijo el mandatario en alocución presidencial frente a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
En el caso de Jorge Soto no hay un cuerpo, ni se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero por información recopilada en más de 32 años de búsqueda de la familia, no necesariamente con apoyo del Estado, Marta cree que fue asesinado, sus restos incinerados y llevados al cementerio del Sur en Bogotá.
En el caso de Gilberto, parte de la verdad llegó en la voz de sus victimarios, excombatientes de las autodefensas que, tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz, revelaron en una de sus versiones libres que fue asesinado, e informaron las coordenadas del lugar donde su cuerpo fue enterrado. Los restos fueron exhumados en mayo de 2005, después de cinco años y 56 días de la desaparición, y entregados a su familia por una comisión de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, que los halló en una fosa en una vereda de Matanza, muy cerca del lugar al que se dirigía rumbo a la Universidad Industrial de Santander.
De Luis Fernando se supo que fue retenido, torturado y asesinado por miembros del Batallón Ayacucho, adscrito a la Brigada VIII del Ejército, a través de la Operación Cuervos ideada para acabar con su vida. La familia recibió sus restos en 1997. Pese a los pronunciamientos de organismos internacionales y de la Corte suprema de Justicia, nadie ha sido juzgado, aunque se conoce con certeza cada uno de los implicados.
“Ya en estos momentos de la vida, viendo lo que todo esto ha implicado para mi familia y muy especialmente para mi mamá, es muy doloroso y desilusionante ver que no hay un solo culpable juzgado y pagando por el crimen de mi hermano”, afirma Mauricio Lalinde.
La esperanza en los acuerdos de La Habana
En 2015 gobierno y Farc anunciaron avances en los acuerdos respecto a desaparición forzada, relacionados con la entrega de restos de combatientes. En marzo de 2016 Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista y Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad en Medellín, presentaron una serie de recomendaciones a la mesa de conversaciones que se adelantaba entre el gobierno nacional y las Farc, en representación de víctimas y organismos de derechos humanos, convocado por la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada.
En definitiva, se logró acordar la entrega de información sobre posibles personas desaparecidas y la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública, inhumados como N.N. Se creó la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que trabajará conjuntamente con organizaciones de víctimas y expertos.
“Creemos firmemente que este acuerdo dará paso a cerrar las heridas aún abiertas”. Señaló Marta Soto.
Un mes después de la firma del acuerdo de paz, la familia Soto Gallo fue visitada por personal de la Fiscalía y tomaron muestras biológicas a los padres de Jorge y Marta con el fin de avanzar con las investigaciones, un procedimiento que habían solicitado por años, sin ser escuchados.
Por la memoria de Jorge, Gilberto y Luis Fernando
Las grandes protagonistas de estas historias hoy son Marta, María Piedad y Fabiola, quienes representan a los familiares y amigos de los desaparecidos y han convertido su dolor en una gran fuerza creadora para hacer memoria y generar condiciones para la no repetición.
“El problema de este país es la desmemoria. La gente aquí no sabe qué paso y muchas veces quizá como mecanismo de defensa, no quiere saberlo”, anota Maria Piedad quien sigue haciendo parte de organizaciones sindicales en Colombia y es una historiadora comprometida con la memoria histórica.
La Familia Lalinde y muy especialmente su madre, Fabiola, logró gran visibilización del crimende Luis Fernndo a nivel internacional, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en el mismo y acciones puntuales de reparación. La manera como Fabiola Lalinde documentó el caso de su hijo fue crucial en el proceso: el 23 de octubre de 2015 la Unesco incluyó este archivo en el Patrimonio Documental de América Latina y el Caribe. Como parte de la reparación, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa en octubre de 2013, realizar un documental con la historia de Luis Fernando, este fue dirigido por Alejandro Lizarazo, ya empezó a proyectarse y deberá difundirse en todas las salas de cine del país, en colegios y escuelas.
Desde la organización sindical universitaria se ha promovido una cátedra educativa en memoria de Gilberto Agudelo para dar cuenta de la situación de los trabajadores, trabajadoras y líderes sindicales en Colombia y su afectación por causa del conflicto armado. A través de su activismo incesante Marta Soto acompaña a otras víctimas y se esfuerza por generar condiciones de verdad y reparación para su familia y las demás.
Hoy recordamos a Jorge, a Gilberto y a Luis Fernando, y a todas las víctimas de desaparición forzada, con un clamor por hacer memoria de sus historias, por la verdad, la justicia y la reparación, y como un grito contundente de ¡Nunca Más!
Foto: Isabel Valdes. Cortesía CNMH
