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La ONU confirmó que el miércoles el grupo guerrillero completó la entrega de unas 2.300 armas individuales que tenía con el fin de cumplir con el acuerdo de paz firmado con el Gobierno.

Un general activo pasará en los próximos días a integrar, según confirmó el vicepresidente y general en retiro, Óscar Naranjo, el comité de asesores de la mesa de negociación del Gobierno con el Eln.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas confirmó que la Organización de las Naciones Unidas ya tiene en su poder más de 2300 armas de las Farc, lo que correspondería a más del 30% de lo actualmente registrado e identificado por la Misión de la ONU en los Campamentos de las Farc.

La plenaria del Senado discutió, por varias horas con el Gobierno Nacional en un debate de control político, la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, para lo cual la oposición reiteró que ha sido a un gran costo para el país, mientras que desde los sectores gobiernistas se respaldó a los mismos.

Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, y Josías Fiesco, del uribismo, tratan de persuadir a Nilson Murgas, un ciudadano, sobre los puntos a favor o en contra de la paz. 

De los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno Nacional con las Farc, uno de los puntos que menos credibilidad tiene entre la población es aquel que dice que esa guerrilla se compromete a reparar a las víctimas de sus acciones criminales, y que para ello destinarán los bienes y rentas en su poder, acumulados tras décadas de extracción ilegal de recursos a personas y empresas.

De acuerdo con el último informe entregado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) del cese al fuego, integrado por las Farc, el Gobierno y Naciones Unidas, ambas partes de la negociación han cometido, entre febrero y comienzos de junio, un total de diez faltas a lo pactado: 4 incumplimientos, 3 violaciones leves y 3 violaciones graves. 

Durante el acto de posesión de la nueva magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al Alto Tribunal que acelere el estudio de las normas para la implementación de los acuerdos de paz.

En cumplimiento de las exigencias del Acuerdo Final, el Gobierno expidió el Decreto Ley 898 de 2017, por el cual se crea la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales…”, otro asalto a las instituciones porque, sencillamente, su objetivo es obligación constitucional exclusiva de la Fiscalía.