El 13 de agosto de 1999 fue asesinado el comunicador, humorista, humanista Jaime Garzón por orden del paramilitar Carlos Castaño en alianza con los militares. A 18 años del crimen, su mensaje sigue entre la #GeneracióndelaPaz: Nadie va a venir a arreglarnos el país. Nos toca a nosotros.
Tenía 38 años y se había convertido en la conciencia del país. Uno de los periodistas más destacados de su tiempo, pero sobretodo una persona que amaba a los demás y trabajaba por ellos. También abogado y pedagogo medió en la liberación de muchos secuestrados a manos de las Farc. Y no tenía pelos en la lengua para señalar la relación de las mafias con la política en su formato de humor inolvidable. Se encargó de insistir en los mensajes a la juventud alentándola a tomar las riendas del país.
"Creo en la vida. Creo en los demás. Creo que este cuento hay que lucharlo por la gente. Creo en un país en paz. Creo en la democracia. Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos. Creo que estoy tiene salvación".
Así lo reseña Wikipedia:
El 13 de agosto de 1999 fue asesinado en Bogotá por dos sicarios cerca de los estudios de la emisora Radionet donde trabajaba. En diferentes ocasiones, Garzón había expresado que era víctima de amenazas de muerte. Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que hubo desviaciones en la investigación por parte del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. (antiguo organismo de seguridad del estado), en conveniencia con reconocidos políticos y miembros de las Fuerzas Militares. La muerte de Jaime Garzón es otro caso de crimen de Estado en Colombia que sigue sin resolverse.23
Por el homicidio de Jaime Garzón, hasta el momento, sólo ha sido condenado el comandante paramilitar Carlos Castaño en el año 2004, después de su muerte, mientras que el ex-subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue vinculado a la investigación en 2011. En julio de ese mismo año, la familia Garzón Forero presentó una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–CIDH-, por la participación de funcionarios públicos en el homicidio y por la incapacidad de la justicia nacional para perseguir y sancionar a todos los responsables en un periodo de tiempo razonable. Hoy, sigue siendo una deuda de la justicia con la familia de Jaime Garzón y el país, establecer completamente la cadena de mando que operó detrás de este crimen. En 2016, el crimen de Jaime Garzón fue declarado por la Fiscalía de Colombia como delito de lesa humanidad, debido a la participación de agentes del estado en el homicidio junto a grupos paramilitares, en el marco de un plan ejecutado en esos años para eliminar civiles que promovían la defensa de los derechos humanos y de posiciones ideológicas de izquierda. De esta manera, este hecho no corre riesgo de quedar impune por prescripción.