El pacto cobija a más de 36 mil familias campesinas que, se estima, cultivan 20 mil hectáreas de coca en Putumayo y contribuirá significativamente a lograr la meta de sustituir 50 mil hectáreas por medio de consensos con las comunidades rurales. Hace parte de la implementación del acuerdo de paz con Farc. Reproducimos comunicado de Gobierno.
Puerto Asís, Putumayo, 18 feb (SIG).
En el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, firmó con más de 50 organizaciones sociales y productivas del Putumayo, el primer acuerdo departamental de sustitución de cultivos ilícitos, que también incluye pactos colectivos en los niveles veredal y municipal.
Con la mediación de delegados de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, el director de Sustitución de Cultivos Ilícitos del Gobierno, Eduardo Díaz; y el miembro del secretariado de las Farc, Pastor Alape, alcanzaron este acuerdo que abarca a más de 36 mil familias campesinas que, se estima, cultivan 20.068 hectáreas de coca en Putumayo, el segundo departamento con más de esos cultivos en Colombia.
El pacto firmado contribuirá significativamente a la meta de sustitución voluntaria a nivel nacional, que busca reemplazar este año 50 mil hectáreas a través de consensos con las comunidades rurales, y que fue presentada el 27 de enero. Es decir que en menos de un mes el Gobierno ya ha alcanzado importantes acuerdos a favor del bienestar de las familias campesinas.
La Dirección de Sustitución de Cultivos ilícitos también ha logrado acuerdos con organizaciones campesinas de zonas cocaleras como el Catatumbo, en Norte de Santander; y Tumaco, en Nariño. Se espera que en los próximos días se firmen nuevos acuerdos en departamentos, como: Caquetá, Meta y Nariño.
Los acuerdos pretenden, además de encaminar las economías locales a la legalidad, establecer alternativas productivas sostenibles que permitan dinamizar las regiones más afectadas por el conflicto armado.
La hoja de ruta contemplaría tres etapas: la primera, de alistamiento, que contemplaría la construcción del acuerdo, con compromisos de las partes, financiación, cronogramas y requerimientos logísticos entre otros puntos. Luego vendría la etapa de socialización entre todas las comunidades involucradas con un plan de comunicación dispuesto para este objetivo. Por último, la implementación que corresponde en gran parte a un Plan de Atención Inmediata organizado así:
Primer año:
- Remuneración de $1’000.000 mensuales por trabajo, para cada familia de las zonas que se vinculen a los acuerdos
- Por una sola vez, se entregará a cada familia $1’800.000 para un proyecto que garantice su seguridad alimentaria de manera inmediata
- 9 millones de pesos para un proyecto de ingreso rápido
Segundo año:
- 10 millones de pesos para un proyecto productivo
- Programas de alimentación escolar y para la tercera edad
Formalización de la tierra y créditos blandos.
Todos los acuerdos colectivos contarán con los mecanismos de veeduría, interventoría, verificación de cumplimiento de los acuerdos, rendición pública de cuentas, instancias de seguimiento y monitoreo.
(Fin/jtc/bco)
