Francisco Ruiz, quien padecía Guillain Barré, falleció en la cárcel modelo de Bogotá la semana pasada sin recibir atención médica. En Valledupar, Doña Juana y La Picota los presos siguen en huelga de hambre pues la crisis del sistema se ha agravado. Defensoría del Pueblo considera insuficiente la declaratoria de emergencia penitenciaria y carcelaria por parte del MinJusticia.
Sobrevivió el paramilitarismo, pero no la cárcel. Una extraña enfermedad hizo que su sistema inmunitario atacara los nervios periféricos. El Guillain Barre le llegó a Francisco en sus años de reclusión cuando, condenado por rebelión, purgaba una pena ya por cuatro años en la cárcel modelo. Estaba en el patio de la tercera edad y, como se esperaba, perdió la vida. A pesar de su diagnóstico y de que el Inpec cuenta con recursos para proteger la salud de sus internos, ni la salvación le llegó a Francisco ni a los 118 mil presos que hay en todo Colombia. Según informes del Inpec de enero de 2015 la población carcelaria en Colombia es de 118.658 internos (109.798 hombres y 8.960 mujeres), mientras que la capacidad de las 155 cárceles es de 76.000 personas.
El promedio de hacinamiento carcelario en Colombia es del 53%
Existen más de 45.000 personas hacinadas en las cárceles. En prisión domiciliaria, 22.780 personas. Mientras, según el Movimiento Nacional Carcelario, 13 de cada 100 presos que recuperan la libertad regresan a las cárceles; de ahí que 15.000 de ellos, son reincidentes.
Las tres comidas de un preso cuestan $7.960 (menos que un almuerzo ejecutivo), y la sociedad gasta en un preso $1.200.000 mensual. Hay 108 niños menores de 3 años en las cárceles junto a sus madres. Cada mes están ingresando a las cárceles entre 3.000 y 3.500 nuevos presos.
El colapso en la atención de salud en las cárceles es aterrador. Según la Defensoría del Pueblo en los 134 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, la Entidad ha podido establecer que en el 55% no se cumple con el suministro de medicamentos, el 83% no cuenta con insumos médicos y el 88% no aplica protocolos para la recolección de residuos hospitalarios. Como si fuera poco, cerca de 10.000 pacientes registran represamiento de los procedimientos médicos solicitados.
Y al respecto la solución del Ministerio de Justicia ha sido declarar una crisis carcelaria. En medio de todo esto, algunos contaron con la buena nueva de salir indultados en el marco del proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, pero fueron apenas un puñado. Los demás, la mayoría "presos sociales" no presos políticos, tienen que soportar el infierno de la comida podrida, las degradantes condiciones sanitarias, el hacinamiento y las enfermedades que se propagan por doquier, llevando incluso a la muerte como le ocurrió a Francisco. Este padrede familia, fue integrante de la Unión Patriótica UP en su Caquetá natal, donde además fue concejal. La vida se le apagó por la negligencia médica de la que fue víctima sistemáticamente, en un espacio donde la sociedad condena a los más pobres y mandos bajos de la cadena delincuencial.
Allí, según expresa el Movimiento Nacional Carcelario, "no existe formación ni resocialización (...) las instituciones tienen como objetivo aislar, silenciar y hacer sufrir al preso. Su escuela está cimentada bajo la copia norteamericana de la justicia acusatoria, bajo el preconcepto de que delinquir es violar las normas establecidas por el legislativo, mediante las cuales se proscriben algunas conductas que atentan sobre todo contra la propiedad privada, como el hurto, el contrabando, la extosión".
Es alarmante, desde hace años, cada pronunciamiento de la Defensoría, los mismos presos y organismos como el CICR sobre la crisis en la cárcel. Por ejemplo, hace un mes, públicamente decían que "es motivo de preocupación para el organismo humanitario el manejo de los residuos hospitalarios, como se constató en la cárcel San Isidro de Popayán, donde hace más de 3 meses dichos elementos no son retirados del establecimiento y con su progresiva descomposición representan un riesgo elevado para la integridad". Más recientemente, se manifestaron considerando insuficiente la declaratoria de emergencia penitenciaria y carcelaria.
La emergencia carcelaria tiene que ser una emergencia humanitaria, es la propuesta de los presos y sus familiares.
En los fríos y oscuros pasillos y celdas de las cárceles, hombres y mujeres se preguntan cuál es la paz de las cárceles, y porqué un sector de la sociedad colombiana insiste en que las penas de privación de libertad deben ser pagadas en centros de reclusión. Acciones como coserse la boca, aguantar hambre, o realizar jornadas de protesta son la constante en las cárceles colombianas, así como la visita y denuncia de organismos, sin que nada mejore para los presos. "La Defensoría había presentado una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al gerente del Fondo y se pidió a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación que revisen el manejo administrativo de 83.000 millones de pesos asignados para la atención médica de los internos", según comunicado del organismo.
Así las cosas, la Defensoría insiste en la necesidad de decretar una emergencia social carcelaria, es decir un auténtico estado de excepción que permitiría implementar decisiones de fondo como, por ejemplo, modificar el actual modelo de prestación de salud; destinar nuevos y mayores recursos presupuestales para garantizar los derechos de la población carcelaria; modificar transitoriamente el régimen penitenciario y el código penal para permitir la excarcelación de los delincuentes de bajo perfil, que no suponen un peligro para la comunidad, y facilitar la vinculación de un mayor número de personas al cuerpo de custodia y vigilancia.
Fotografías: Tomadas del Flickr del CICR - Licencia Creative Commons.
