Faltan 71 días para que termine el procedimiento legislativo especial, y pasó otra semana sin avances legislativos. Ningún nuevo proyecto relacionado con materializar el Acuerdo de Paz fue presentado por el gobierno nacional al Congreso en la última semana. Sociedad manifiesta preocupación por los pasos de tortuga en la implementación.
Nombran ponentes en Comisión Primera de Cámara para el proyecto de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
El pasado 25 de julio la plenaria del Senado aprobó el proyecto de Circunscripciones Transitorias, desde entonces el articulado reposaba sobre el escritorio del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara. Sólo hasta el lunes 11 de septiembre, es decir 48 días después, fueron nombrados los ponentes en Comisión Primera de Cámara: Jaime Buenahora Febres, Silvio José Carrasquilla Torres, Albeiro Vanegas Osorio, Carlos Abraham Jiménez López, Oscar Fernando Bravo Realpe, Santiago Valencia González, Fernando De La Peña Márquez, Angélica Lisbeth Lozano Correa y Carlos German Navas Talero.
Esperamos que la próxima semana se dé el tercer debate del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
La participación de las víctimas fue tema principal en Audiencia sobre Administración de justicia para la JEP
El pasado 11 de septiembre se realizó una Audiencia Pública sobre el proyecto de Ley Estatutaria de administración de justicia para la jurisdicción especial para la paz (JEP). Participaron 24 personas pertenecientes a la academia, a las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de víctimas, sindicales y de la fuerza pública.
En términos generales quienes participaron en la audiencia consideran que el texto del proyecto recoge el contenido del Acuerdo y presentaron algunas sugerencias para mejorar y precisar el proyecto de ley. Podría decirse que el nivel de la discusión es mucho más maduro en comparación con el que se dio frente al Acto Legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.
Las organizaciones de Derechos Humanos presentaron observaciones sobre los vacíos de regulación en relación con la participación de las víctimas en los procedimientos de la JEP, propusieron que se incluyeran disposiciones que precisen el carácter de interviniente especial y que incentive su participación brindando garantías de seguridad, acompañamiento jurídico y cumplimiento del principio de contradicción procesal.
Otros aspectos mencionados son la no claridad en los términos procedimentales, la presencia de la JEP en los territorios y la no obligatoriedad de reconocimiento de responsabilidad por parte de integrantes de la Fuerza Pública, así como de los ex combatientes de las FARC, para que puedan obtener los beneficios. No faltaron las intervenciones dirigidas a expresar críticas generales al proceso de paz, sin referirse a ninguno de los temas del proyecto de ley estatutaria de la JEP.
Luego de esta audiencia, lo que sigue es la radicación de ponencia del proyecto y una vez se realice este trámite, el primer y tercer debate en comisiones conjuntas se estaría realizando la primera semana de octubre.
Fue aprobado el monto total para el Presupuesto General de 2018 y el Gobierno sigue sin aclarar el monto y forma de distribución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final
En la sesión de estudio y ajustes de las Comisiones económicas de Cámara y Senado llevada a cabo el pasado martes 12 de septiembre, se aprobó el monto total para el Presupuesto General de la Nación de 2018 por $235,553,806,729,861, pese a la votación negativa del Centro Democrático, quienes justifican su rechazo por al aumento en gastos de funcionamiento y la disminución en la inversión.
Los representantes de territorios que participaron en calidad de invitados, exigieron construcción de vías terciarias para dinamizar la economía local, las Universidades piden mayores recursos para enfrentar el déficit presupuestal en el que se encuentran, las instituciones del Estado del sector salud solicitan aumentos para sanear los pasivos con los entes territoriales, etc.
Los recursos para la implementación del Acuerdo Final siguen sin ser concretados, tanto en el monto general como en la forma que se distribuirán, a pesar de que algunos congresistas continúan exigiendo que éstos se especifiquen y se tenga como prioridad las zonas más afectadas por el conflicto.
Fue radicada la ponencia del proyecto de Reforma Política y Electoral para debate en Plenaria de la Cámara.
La nueva ponencia para segundo debate a la Reforma Política presenta un pliego de modificaciones al articulado aprobado en primer debate el pasado 4 de septiembre por la Comisión Primera de Cámara. Los principales cambios que presentaron los ponentes van dirigidos a:
- El Consejo Nacional Electoral continuará con esa denominación y se descarta El Consejo Electoral Colombiano CEC.
- Se modificaron los requisitos para postular candidatos por los Movimientos Políticos con personería jurídica. Para elecciones territoriales deberán demostrar que cuentan con un porcentaje de afiliados correspondientes al 1.5% del 50% del censo electoral nacional y para elecciones nacionales deberán demostrar que cuentan con un número mínimo de afiliados de al menos 0,3% de los censos electorales para todos y cada uno de los departamentos y del distrito capital. Esta modificación puede generar que a futuro los movimientos minoritarios no logren postular candidaturas a nivel nacional y perder con ello por ejemplo la representación en el Senado de la República.
- Los grupos significativos de ciudadanos se mantienen hasta octubre de 2019. Se eliminó la posibilidad de que posterior a esta fecha puedan postular candidatos a cualquier elección ya sea territorial o nacional
- Se permitiría la fusión de movimientos y partidos por una única vez antes del 1° de enero de 2018.
- El aporte privado a las campañas electorales no podrá superar el 25% del tope de los gastos de las mismas.
- Se adiciona la prohibición de contratar transporte para fecha de elecciones, actos políticos y manifestaciones públicas.
- Se prohíbe a las organizaciones políticas -y no a las campañas electorales- entregar, y a los ciudadanos exigir, donaciones, dádivas, regalos o empleos como contraprestación a su voto, exceptuando bienes y servicios de mínima cuantía que puedan ofrecerse en reuniones de las campañas, siempre y cuando éstos no condicionen el voto de quien las reciba y sean registrados en el informe de gastos. La reglamentación de esta disposición estará a cargo de la autoridad electoral.
- Se elimina la responsabilidad penal para particulares que violen las disposiciones relacionadas con las reglas de financiación. La responsabilidad de directivos de campaña, representantes legales de organizaciones políticas y candidatos están reguladas por la ley 1864 de 2017, que adicionó al artículo 386 del código penal disposiciones para proteger los mecanismos de participación ciudadana.
- Quienes postularán las ternas de candidatos (as) para el Consejo Nacional Electoral y para la Comisión de Aforados ya no serían los decanos de las facultades de Derecho que cuenten con acreditación de alta calidad, sino las que hayan obtenido los cinco mejores resultados en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior.
- No habrá un equipo técnico de la Fiscalía desde inicio de las campañas a disposición del CNE, sino que para adelantar investigaciones e imponer sanciones, la autoridad electoral podrá solicitar cooperación de otras entidades estatales. El CNE tendría expresiones regionales y no departamentales.
En la ponencia para segundo debate sigue quedando por fuera el tema de la posibilidad de que coaliciones de organizaciones políticas presenten listas a corporaciones públicas, así como una fórmula de paridad de género en la definición de las listas.
