1.760 guerrilleros de las Farc privados de la libertad se declararon en desobediencia civil para exigir el cumplimiento de la Ley de amnistía e indulto. Esperan que el Gobierno Nacional busque alternativas para agilizar la aplicación de la Ley.
La Ley de Amnistía fue expedida en diciembre de 2016. Siete meses después solo han sido beneficiados 832 de los 3.400 guerrilleros acreditados por las Farc para recibir este indulto. Los 1.760 guerrilleros que permanecen recluidos en 19 cárceles del país, se declararon en desobediencia civil hasta recuperar su libertad.
El incumplimiento con la amnistía a los presos políticos de las Farc, a pesar de que esta guerrilla finalizó el proceso de desarme el pasado 27 de junio, se debe, según Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a que la Ley no está funcionando como debiera. En su opinión, la primera falla la tiene la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues solo ha expedido 2.500 certificados que son necesarios para que jueces y fiscales procedan a tramitar la libertad de los presos; es decir, este organismo aún no ha tramitado la documentación requerida para que 900 guerrilleros sean reconocidos como potenciales beneficiaros de esta Ley.
“Es un proceso es muy engorroso; por ejemplo, los guerrilleros que no cometieron crímenes graves deben pasar por un proceso de verificación individual que adelantan los jueces de ejecución de penas y cada una de las fiscalías. Por otro lado, también hay muchísima presión, pues hay un componente ideológico que está haciendo mella en los jueces y en los fiscales: buena parte de la sociedad no quiere que estas personas recuperen su libertad y muchos jueces están actuando de acuerdo a esa idea”, asegura Castañeda.
Ariel Ávila, analista político y miembro de la Fundación Paz y Reconciliación, también considera que los incumplimientos recaen, en gran medida, en los jueces de la república: “La Ley 1820 estableció que los jueces tendrían la responsabilidad de establecer las medidas necesarias para resolver la situación de los presos políticos. Dependiendo de sus crímenes, estos guerrilleros recuperarían su libertad o serían trasladados a una Zona Veredal para esperar el juicio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ahí hay un tema muy grave: los jueces de la república están extorsionando al Gobierno, pues quieren que les suban los salarios para poder tomar las decisiones de la amnistía de los guerrilleros”.
En Antioquia, por ejemplo, se esperaba que 280 guerrilleros fueran cobijados por la Ley de Amnistía. Sin embargo, 140 insurgentes están a la espera de los beneficios. De ellos, 60 permanecen en las cárceles y 80 están en detención domiciliaria o tienen otro tipo privación de la libertad como la vigilancia electrónica.
Según Paola Duque, abogada de la Corporación Nibaru, que atiende los casos de los guerrilleros de las Farc presos en Antioquia, hasta el momento se han promulgado 30 libertades condicionadas, 60 amnistías, 20 trasladados a la Zonas Veredales y 30 formas de excarcelación mixta; es decir, personas que fueron amnistiadas y recibieron libertad condicionada o que fueron amnistiadas y trasladadas a Zonas Veredales.
Los 60 guerrilleros que permanecen recluidos en las seis cárceles de Antioquia se unieron a la huelga de hambre y a otras protestas que comenzaron el 27 de junio. Con esta desobediencia civil, los presos políticos no solo exigen que se cumpla la Ley, también piden que se les brinden garantías para afrontar la Jurisdicción Especial para la Paz.
Las trabas que se le han puesto a la Ley 1820 son menores si se piensa en las trabas que podrá tener la Jurisdicción Especial para la Paz, porque allá no solo serán 3.400 personas las que tendrán una situación jurídica indefinida; en esta instancia, se resolverá la situación de más de 10 mil insurgentes que están en proceso de reintegración a la vida civil.
Explica Paola Duque.
¿Cómo agilizar la aplicación de Ley de Amnistía?
Según los defensores de Derechos Humanos que velan por el cumplimiento de la amnistía, el Gobierno Nacional debe tomar medidas efectivas para que la Ley se cumpla y los guerrilleros que siguen en las cárceles recuperen su libertad.
Según Franklin Castañeda:
Los miembros de las Farc que no están condenados por crímenes graves podrían salir por orden del Gobierno. El Presidente puede promulgar un Decreto ya mismo para sacar a esas personas de las cárceles.
Por su parte, Paola Duque, dice que es necesario que las entidades del Estado inicien un proceso de diálogo que permita bajar los niveles de nerviosismo entre los jueces y fiscales que están aplicando la norma: “Es necesario expedir directrices por parte de la Fiscalía General de la Nación o por parte del Consejo Superior de la Judicatura que indiquen la forma en que debe aplicarse la Ley. Nos hemos encontrado con jueces y fiscales que dicen que les da susto aplicar la Ley, porque por error pueden dejar en libertad a grandes delincuentes y eso sería echarse un gran peso encima”.
Ariel Ávila asegura que la promesa que hizo el Gobierno Nacional de emitir un nuevo decreto para despejar las dudas frente a la aplicación de la Ley de Amnistía es paradójica, pues esa tarea ya se hizo con la expedición del Decreto 277 de febrero de este año, que buscaba esclarecer el procedimiento que deben seguir jueces y fiscales para aplicar el indulto de los guerrilleros. Según Ávila:
Solo en un país como Colombia ocurre algo así. Las Farc se desarmaron el pasado 27 de junio y le cumplieron al país prácticamente a cambio de nada, y eso que el Estado colombiano ni siquiera ha terminado las Zonas Veredales donde los guerrilleros están concentrados. Algo que parece increíble: cumplieron primero los ilegales que el Estado, pero esto en Colombia no es nada nuevo.
Foto: Cortesía Álvaro Cardona
Donación a GeneracionPaz.Co en marzo de 2017
