La Misión SOS Colombia de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, de 12 países, entregó su Informe Final este 7 de octubre, a 5 meses del paro nacional. Asegura que además de que el Estado dio un tratamiento de guerra a la protesta, y que hay una cacería contra manifestantes, quienes protestan en Colombia sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad. La Misión también documentó que hubo un daño intencionado a los ciudadanos, en especial a los jóvenes, no solo contra sus cuerpos sino daños psicológicos y morales.
Uno de los principales hallazgos de la Misión pone el foco en el actuar de la Fuerza Pública colombiana, pues se constató que no solo incurre en uso desproporcionado de la fuerza, sino que emplea técnicas de combate y de guerra para someter y aniquilar a manifestantes. Para poner fin a la emergencia humanitaria y grave crisis de #DDHH que enfrenta el pueblo colombiano, las/os integrantes de la Misión plantean 6 recomendaciones principales y 50 acciones dirigidas al gobierno y Estado colombiano, a las instancias multilaterales internacionales, a las empresas y a la comunidad internacional.
La Misión visitó 11 regiones el 3 y el 12 de julio de 2021 y recibió 180 testimonios directos y más de 70 informes de organizaciones sociales. Uno de los comisionados internacionales, Félix Ovejero, responsable de las Américas del Sindicato Comisiones Obreras de España afirmó en la rueda de prensa que, gracias a los testimonios recogidos por la Misión y las reuniones que sostuvieron con entidades territoriales y organismos de control, pudieron establecer que:
“El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados”. Es decir que “se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno”.
El informe relata once estrategias de tratamiento de guerra dado a la protesta social en Colombia:
- Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
- La utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad sobre la salud y la vida.
- Casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del ESMAD.
- Métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras de derechos humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la Fuerza Pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesias y cualquier persona que decida apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones.
- Montajes judiciales, implantación de pruebas y/o abuso de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes.
- Acciones de terror y control social a través de toques de queda, el uso de macanas para golpear directamente a jóvenes y personas manifestantes, aun cuando éstas estaban resguardadas en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridas.
- Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y/o líderes y lideresas.
- Se pudo identificar, en algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados que, en connivencia con la Fuerza Pública atacaron con armas de fuego de largo y corto alcance a las personas manifestantes.
- Se pudo identificar en distintos testimonios violencias basadas en género manifiestas en tocamientos y lesiones al cuerpo de mujeres durante la protesta con contenido sexual (senos, brazos y cabello principalmente); amenaza de violación contra mujeres manifestantes (incluidas menores de edad), brigadistas, periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos.
- Discursos clasistas y racistas como acciones de agresión contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y jóvenes de sectores populares.
- Utilizar la oscuridad de la noche para perpetrar las agresiones masivas más violentas y la persecución a los manifestantes y no manifestantes.
En su Informe Final por las garantías a la protesta y contra la impunidad, la Misión identificó tres grupos a quienes eventualmente se les puede atribuir responsabilidad penal:
Agentes del Estado: Fuerza Pública (Policía Nacional, ESMAD, Fuerzas Militares), Ministerio de Defensa y Presidencia de la República
Grupos paramilitares: los cuales en algunos casos habrían actuado en connivencia con la Fuerza Pública
Personas civiles armadas: las cuales, en connivencia con la Fuerza Pública como se evidencia en el material probatorio y audiovisual reunido por la Misión, perpetraron acciones violentas.
Impunidad y daño a quienes se movilizan son intencionados
Jessica Arellano, integrante de ALUNA Acompañamiento Psicosocial de México, expresó la preocupación de la Misión ante la impunidad demostrada en “las pocas investigaciones penales y disciplinarias contra integrantes de la Fuerza Pública”, así como en el seguimiento a la actuación de agentes estatales, empresariales y “del fenómeno paramilitar”.
¿Para qué disparar a los ojos de los y las manifestantes?, ¿cuál es el objetivo de que no puedan ver?, ¿para qué torturar sexualmente a las mujeres y dejar huellas en sus cuerpos físicos y emocionales?, cuestionó Arellano quien comentó
“La hipótesis de esta Misión es que la actuación de las fuerzas del Estado tiene como objetivo causar un daño profundo a modo de castigo ejemplar”.
Las recomendaciones
Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group de Estados Unidos, concluyó el evento presentando las recomendaciones de la Misión SOS Colombia al Estado y entidades internacionales en cinco áreas:
La garantía en el acceso a la justicia a las víctimas de las violaciones de DD.HH. en el marco de las protestas; que se detengan los actos de persecución contra las personas involucrados en las manifestaciones y las personas que brindan apoyo a los manifestantes; el reinicio de un espacio de diálogo por parte del Gobierno con los sectores involucradas en en el Paro Nacional para abordar sus causas estructurales; la realización de una reforma estructural de la Policía y que se garantice el derecho a la protesta para que estos hechos no se repitan.
El informe contiene también 18 acciones inmediatas que se solicitan al Gobierno de Colombia, 8 acciones solicitadas a Instancias Multilaterales Internacionales, 14 acciones que involucran al Estado colombiano, 4 a la Comunidad Internacional y 6 a las empresas.
Descarga el Informe en este link: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20211008_Informe_Mision_SOS.pdf
Encuentre la transmisión del lanzamiento en español acá: https://fb.watch/8vehCeweMk/
Encuentre la transmisión del lanzamiento en inglés acá: https://youtu.be/gbc3ec3cuS0
Texto tomado de Cinep.org.co https://bit.ly/3arMakx / Fotos: Cortesía Esteban Agudelo
