El nuevo director de esta entidad, Jairo Herrán Vargas, los cuatro directores que estuvieron antes de su llegada, y organizaciones sociales y de víctimas, dan a conocer en esa serie periodística sus apreciaciones y propuestas sobre los problemas que enfrenta el Museo.
Cinco grandes problemas enfrenta el Museo Casa de la Memoria de Medellín: bajo presupuesto, dilaciones en la construcción de la segunda etapa, discontinuidad en sus procesos, rupturas en las relaciones con las víctimas y las organizaciones sociales, y falta de compromiso político de la Alcaldía y el Concejo Municipal. De esa forma quedó expuesto en la serie periodística El incierto futuro del Museo Casa de la Memoria, elaborada por Hacemos Memoria.
Tal vez el asunto más crítico y del cual se desprenden varios de los problemas históricos de esta entidad es el presupuesto que, desde su fundación, ha sido insuficiente para garantizar un equipo permanente de profesionales, para asegurar el mantenimiento del edificio y para realizar la renovación de contenidos o la reparación artefactos tecnológicos usados en las exhibiciones, como refirió Adriana Valderrama, directora entre enero de 2016 y octubre de 2018.
Los problemas de presupuesto son tan persistentes que el Museo pasó de tener 17.600 millones pesos para el cuatrienio 2016-2019, a 15.397 millones para el cuatrienio de la actual administración del alcalde Daniel Quintero. Un recorte que, según Cathalina Sánchez, directora entre enero de 2019 y junio de 2020, dejó a este lugar de memoria “por debajo del mínimo necesario para su funcionamiento, una cosa muy retadora porque el Museo necesita mínimo 4 mil millones de pesos por año para funcionar y en este momento no los tiene”.
Ante esta situación, Carlos Uribe, primer director del Museo quien estuvo en el cargo entre diciembre de 2012 y octubre de 2013, hizo un llamado al Concejo de Medellín para que blinde a esta entidad garantizándole “un presupuesto permanente que le permita mantener su acción interna, expandirla a organizaciones de memoria y derechos humanos que están realizando trabajo en los barrios de la ciudad y, también, tener injerencia en otros lugares y museos de memoria en Antioquia”.
Asociado al asunto presupuestal, está la construcción de la segunda etapa del Museo que se quedó en el papel desde 2012 cuando el edificio actual abrió sus puertas al público. La segunda etapa contempla más espacios museológicos, que hoy son insuficientes según Valderrama, una sala infantil, una sala temporal y oficinas administrativas. De ahí que para Sánchez “no es que al Museo le haga falta una segunda parte, sino que aún no se ha terminado como estaba concebido”.
Esta situación denota la falta de voluntad política que ha tenido la ciudad para con este espacio, considerando que la terminación de este lugar de memoria es una deuda de las alcaldías de Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez que, al parecer, dejará también la administración de Daniel Quintero, señaló Uribe.
De la falta de presupuesto para que el Museo pueda desarrollar de manera integral su misión: la construcción de memorias colectivas sobre el conflicto armado colombiano para reparar a las víctimas, se desprende también la falta de continuidad en los procesos de memoria que desarrolla esta entidad con víctimas, reincorporados, organizaciones sociales y comunidades; asunto guarda relación con los manejos y direccionamientos políticos a los que se ve sometida la entidad con cada cambio de administración.
“Cada cuatro años se vuelve como a empezar, y hay que tener en cuenta que la construcción de memoria necesita tanta confianza, cercanía y tacto, que romper drásticamente los vínculos con las comunidades es perjudicial”, explicó Sánchez.
El vínculo con la sociedad
Crítica de la situación actual del Museo, Lucía González, directora entre 2013 y 2015, afirmó que la dirección de esta entidad “se convirtió en un cargo que se entrega en un favor político”, algo que para ella pone en duda el valor que le dan los gobernantes a estos lugares de memoria, e impacta muchas de las acciones de la institución porque “ya la mirada no está en el centro: las víctimas, sino en otros intereses”.
Para González, el Museo ha perdido el rumbo, en parte, porque se resquebrajaron sus relaciones con las víctimas y las organizaciones sociales que han impulsado este proyecto de ciudad, y porque dejó de abrir debates ciudadanos en torno a temas como la guerra, el ser humano y la sociedad, principalmente en el periodo del alcalde Federico Gutiérrez, apuntó.
Ante este panorama, el director entrante, Jairo Herrán Vargas, afirmó que para él es necesario “reivindicar que el Museo es una casa para todos”, por lo que aseguró que enfocará sus esfuerzos “en la interacción y el estrechamiento de lazos con las organizaciones sociales, y la realización de todo tipo de diálogos y discusiones”.
Para alcanzar sus objetivos, Herrán dijo tener “el propósito de discutir de nuevo con las organizaciones los objetos sociales, la misión y la visión del Museo”, a fin de ampliar y reformar algunos aspectos del Acuerdo Municipal 05 de 2015, por medio del cual se creó el establecimiento público Museo Casa de la Memoria de Medellín. Admeás, planteó la posibilidad de buscar mecanismos de autofinanciación.
El gran desafío, en ese camino, será convocar en este propósito a las víctimas y organizaciones sociales que se sienten excluidas de la toma de decisiones relacionadas con el Museo, por lo que hoy organizaciones como El Derecho a no Obedecer, la Corporación Región, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y el Instituto Popular de Capacitación, reclaman la necesidad de que Medellín tenga una política pública que integre los temas de paz, memoria y reconciliación, y evite que la orientación del Museo se transforme cada que llega un nuevo director o hay cambio de administración.
Estos y otros asuntos se abordan en cada una de las entregas de este especial:
