Debido a acciones violentas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en los últimos días han tenido que huir 327 personas de los corregimientos de Nabugá y Huaca. Reproducimos comunicado de la Defensoría del Pueblo
Bogotá, 20 de diciembre de 2016. / El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado a las autoridades para proteger la vida, libertad e integridad de la población en Bahía Solano (Chocó), donde 327 personas de los corregimientos de Nabugá y Huaca fueron expulsadas forzosamente de sus hogares.
El desplazamiento masivo -en total 97 familias- se presentó como consecuencia de infracciones al DIH en contra de poblaciones indígenas y afrocolombianas, cometidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Dos de los hechos violentos ocurrieron en Nabugá: la desaparición forzada del indígena Daniel Cabrera Lana (4 de diciembre) y el asesinato de Deiber Potes Girón (6 de diciembre). A esto se suma el homicidio y desmembramiento del joven Roberto Jiménez Bocanegra, en Huaca, el pasado lunes 12 de diciembre, cuando también hubo amenazas generalizadas en contra de los pobladores.
El 3 de junio de 2014 la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el escenario de riesgo en Bahía Solano, Juradó y Nuquí y puso en conocimiento sobre la movilización de unos 500 hombres de las AGC desde el Urabá y el Bajo Atrato hacia Bahía Solano y Juradó. Y el 7 de junio pasado emitió un informe en el cual se advirtió sobre el riesgo para las comunidades de la Costa Pacífica, en concreto en Nabugá y Huaca.
Ante los hechos recientes, desde el domingo 18 de diciembre funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizan misiones humanitarias en los tres municipios, para verificar la situación de riesgo de desplazamiento y de confinamiento por la presencia de actores armados ilegales y la instalación de minas antipersonal.
Ante estas difíciles circunstancias, el Defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional, particularmente a los Ministerios de Defensa y del Interior, para que se fortalezca la capacidad de respuesta actual en materia de seguridad, prevención y protección en Juradó, Bahía Solano y Nuquí, así como de la Unidad de Víctimas, para restablecer los derechos de la población desplazada y en riesgo.
