Aunque falta su aprobación por el Congreso de la República, la Jurisdicción Especial de Paz acaba de pasar uno de los más altos escalones: La Corte Constitucional la cual determinó que la participación política de Farc está supeditada a sometimiento de sus integrantes a la JEP. Por su parte, Santos presiona al parlamento para que otorgue el esperado SÍ por respeto a las víctimas.
La Corte Constitucional declaró exequible el acto legislativo 01 de 2017, el cual dio vida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como parte del Acuerdo de Paz entre gobierno y Farc. Sin embargo, el órgano impone algunos condicionamientos que implican que, líderes ex guerrilleros que ocupen cargos públicos, puedan perderlos tras su paso por el Tribunal de Paz.
1. Acreditar el sometimiento y comparecencia ante JEP
2. Acreditar la pertenencia al proceso de paz
3. Si se falta a compromiso de contar la verdad y reparar a víctimas podrían perder el cargo público.
De acuerdo con el análisis de Revista Semana:
El alto tribunal determinó que hasta tanto la JEP imponga sanciones contra exguerrilleros, las condenas impuestas por la jurisdicción ordinaria están suspendidas y con ello las inhabilidades. Es decir, que en el entre tanto, podrán participar en política. La siguiente pregunta es una vez haya sentencia de la JEP, ¿podrán continuar ejerciendo cargos públicos? La Corte determinó que la compatibilidad del cumplimiento de la pena y la participación en política debe ser establecido por los magistrados de la jurisdicción, sin embargo, hace énfasis en que en todo caso se debe tener la satisfacción de estándares internacionales al deber del Estado de perseguir y castigar los delitos que atente contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Además, la Corte aclaró en comunicado público que
El incumplimiento por parte de los excombatientes a cualquiera de las condiciones del mencionado Sistema o a cualquiera de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz, tendrá como efecto, de conformidad con el A.L. 1 de 2017, la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso. Dicho cumplimiento será verificado, caso por caso y de manera rigurosa, por la Jurisdicción Especial para la Paz".
Por su parte, el Congreso de la República le falló una vez más al debate de la JEP. Tras citarse por ´septima vez este martes 14 de noviembre, no hubo quorum para tomar decisiones sobre la JEP. Las presiones crecen pues el mecanismo de Fast Track culmina el 30 de noviembre. Algunos congresistas como Ivan Cepeda del Polo Democrático piden a organismos de vigilancia tomar nota de las ausencias y la dilatación a la que juegan partidos opositores a la paz para tomar sanciones al respecto.
Entre tanto, las víctimas y la sociedad civil, entre ellos indígenas y campesinos, exigen cumplimiento del Acuerdo y seriedad en la implementación del pacto de paz que puso fin a más de medio siglo de guerra entre guerrilla de Farc y Estado.
Foto: Referencia Pastor Alape firmando acuerdos. Cortesía Presidencia.
