Desde este 15 de febrero se retomarían tareas de desminado conjunto en Briceño, Antioquia, según le informó al Alcalde de la localidad, el general retirado Rafael Colón, quien encabeza la comisión del Gobierno que trabaja el desminado. Después de eso vendrían las fases de verificación y entrega oficial de las tierras despejadas a la comunidad. Qué es y en qué va el desminado pactado en La Habana.
Colombia es el segundo país con más minas antipersonal instaladas a nivel mundial, después de Afganistán. La confrontación armada de más de medio siglo en nuestro país llegó a tal degradación que hoy tenemos explosivos sembrados en 688 municipios, de los 1123 que tiene Colombia. Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas, en los últimos 25 años se han registrado alrededor de 11 mil víctimas de minas antipersonal. Quienes sobrevivieron la explosión y a las complicaciones médicas en semanas o meses de hospitalización, hoy llevan a cuestas una amputación; son invidentes, o bien, limitados para trabajar, y todo ello, adicional al abandono forzado del campo, que en muchas situaciones generó la pérdida de la familia, de los sueños, y del proyecto de vida.
Esos artefactos son una tragedia instalada, en muchos casos a manos de las guerrillas, en nuestras tierras rurales habitadas por campesinos, afrocolombianos e indígenas. Por eso un plan de desminado fue objeto de discusiones en La Habana: en marzo de 2015 la Mesa de Conversaciones anunció su acuerdo para descontaminar las tierras de la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra.
Las partes en la Mesa acordaron que, paralelo al plan de desminado humanitario que se adelanta desde la Dirección de Acción contra Minas, comenzarían un plan piloto de desminado humanitario porque aun cuando la guerra termine, quedarán las minas: despejar el país podría tardar entre 20 y 25 años. Miles de minas sembradas durante más de cinco décadas de guerra tendrán que ser retiradas, algunas de manera mecánica, pero en la mayoría de los territorios, a mano, una por una. Esto con la participación de guerrilleros, algunos que llegan directo de La Habana al país para esa tarea, y con personal de la Fuerza Pública colombiana.
Por su parte, el desminado humanitario es la asistencia que se le presta a las comunidades que conviven con las minas, siguiendo estándares internacionales y los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, pero no se trata de acciones que hayan comenzado a partir de los acuerdos de La Habana.
En Cuba, también se pactó que delegados del Gobierno y de las FARC harían un mapeo inicial de sitios priorizados según el riesgo en que estaba la comunidad, y que se harían estudios no técnicos para identificar las áreas realmente contaminadas. En mayo estuvo lista esa hoja de ruta para el plan piloto. Los puntos seleccionados fueron el corregimiento El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), y Santa Elena, en Mesetas (Meta).
Las minas antipersonal no distinguen entre combatientes y civiles y causan daños desproporcionados, infringiendo los principios del Derecho Internacional Humanitario. Por eso en el año 2000 Colombia firmó la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, y sobre su destrucción. Es lo que se conoce como Tratado de Ottawa que entró en vigor en marzo de 2001. En 2010 Colombia pidió prórroga para cumplir el tratado hasta 2021, por el uso excesivo e indiscriminado que los grupos armados hicieron de estos artefactos.
El Orejón: más minas que personas
El plan piloto empezó en El Orejón por tratarse de la zona más minada del país. En este pequeño poblado de 100 habitantes, se encontraron 30 minas por persona, es decir, tres mil en total.
En mayo de 2015, a la zona llegó un equipo conformado por un coordinador y verificador de la Ayuda Popular Noruega, dos delegados de las FARC, dos del Gobierno y dos de las comunidad. Ese mismo mes, Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo negociador del Gobierno, dijo que las FARC entregaron mapas precisos de la ubicación de las minas y contribuyeron activamente a delimitar las áreas minadas Gobierno y Farc comentaron la importancia de trabajar juntos para fortalecer la confianza entre las partes. “¿Quién se hubiera imaginado que un sargento del Ejército, experto del Batallón de Desminado Humanitario, y un explosivista de las FARC, pasarían días enteros intercambiando opiniones y recogiendo información precisa sobre la ubicación de los artefactos? Eso fue lo que pasó en el Orejón”, dijo Lombana.
El Batallón de Ingenieros de Desminado (BIDES) estuvo a cargo del desminado y la Ayuda Popular Noruega, al frente de la coordinación del proyecto piloto. Y así se tendría que mantener el equipo para todo el proceso: mapeo, estudios no técnicos, estudios técnicos, despeje, verificación y entrega a la comunidad.
Algunos sectores políticos y sociales de Colombia se opusieron al acuerdo, porque no era justo, desde su perspectiva, que miembros del Ejército tuvieran que quitar una por una las minas que sembraron los grupos armados. El debate llegó a su punto más álgido cuando Wilson de Jesús Martínez, uno de los 48 soldados que participaban en el proceso, murió durante las inspecciones de estudio técnico al activar una mina. La familia del soldado insistió en que eran las FARC quienes debían estar a cargo del despeje; sin embargo, los guerrilleros no pueden participar masivamente del proceso, porque no tienen la preparación que tienen los militares en esto. Para desactivar los explosivos, hay que estándares internacionales que las FARC no podrían cumplir. Y si así se decidiera, sería necesario levantarles las órdenes de captura o indultarlos, y después entrenarlos.
La comunidad en El Orejón tiene diferentes puntos de vista. “Las FARC están colaborando. No sé por qué dicen que no. Ellos han estado ahí mostrando los lugares que están contaminados. Yo los veía siempre cuando pasaba por el camino del Chiría. Sentíamos lástima por ellos, por los soldados, por todos porque en cualquier momento les podía pasar algo. Pero también nos daban alegría y tranquilidad. Imagínese, la región se está limpiando”, dice Eugenia Olguín, presidenta de la junta de acción comunal del corregimiento.
Qué sigue
En agosto se retomó el piloto. El equipo que estuvo en El Orejón encontró una mina cada 135 metros cuadrados y tres áreas peligrosas que suman 12 mil 500 metros cuadrados. Mientras trabajaban en el despeje, funcionarios del gobierno cumplían otro de los acuerdos sobre este desminado conjunto: el trabajo social. Se dictaron talleres a cerca de 70 personas y hubo reuniones en las que se discutieron acciones para un plan de reparación de la comunidad en la que se priorizaron ocho proyectos: mejoramiento de la producción, transformación y comercialización del café, granjas integrales sostenibles, acceso a servicios de salud a través de medios virtuales, formación de técnicos de salud pública, construcción de la escuela y de la placa polideportiva, formación en fútbol y talleres lúdicos y capacitación a líderes comunitarios, para el fortalecimiento de la participación ciudadana.
En noviembre la mesa informó que después de 7 meses de trabajo en la zona y con base en información suministrada por las FARC, soldados del BIDES han desactivado 33 artefactos explosivos, producto del despeje de un poco más de 14 mil metros cuadrados de territorio.
Las actividades de limpieza se suspendieron desde diciembre. En lo que va de 2016 aún no se retoman las visitas ni el accionar de guerrilleros y ejército, esta vez, unidos en una causa contraria a la guerra. La comunidad está llena de incertidumbres. Eugenia Holguín, aunque esperanzada por el futuro de su pueblo, no puede evitar el miedo. Dice que le “entra una angustia”, al pensar que el equipo de desminado puede no volver. “Nosotros, como campesinos a los que nos ha pasado tantas cosas, no creemos del todo. Esperamos que sí vuelvan y terminen. Y que además cumplan con todos los proyectos productivos que acordamos”. Pero la angustia se intensifica cuando piensa que las FARC y el Gobierno pueden convertirse en un mismo “bando” para seguir subyugándolos. “Imagínese que no haya quién le haga control a quién y sigamos siendo gobernados por gente a la que no le importamos. Obvio que no queremos más guerra, pero ya estamos acostumbrados a imaginarnos lo peor”.
El alcalde José Danilo Agudelo le dijo a Generación Paz que la comunidad tiene muchas expectativas y que espera que los planes no se queden en el aire. “Estamos articulados con el proceso, pero nuestra gran incertidumbre es de qué nos sirven todos los proyectos productivos si no tenemos cómo comercializarlos porque no hay vía. Necesitamos construir una. Eso es prioritario”. El general retirado Rafael Colón, quien encabeza la comisión del Gobierno que trabaja el desminado, le informó al alcalde de Briceño que el equipo estará en zona nuevamente desde el 15 de febrero hasta marzo. Después de eso vendrían las fases de verificación y entrega oficial de las tierras despejadas a la comunidad. Cada paso en este minado será una posibilidad menos de que un artefacto explosivo o mina antipersonal trunque la vida de otro colombiano que no escogió perderse en la guerra.
Fotografía: Prensa Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
