Discurso Presidencial durante creación de Comisión de la Verdad

Bogotá, 5 de abril de 2017

Hoy es un día muy importante –realmente trascendental– para el proceso de paz, para las víctimas y para todos los colombianos.

Y lo es porque hoy firmamos los decretos-leyes que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Marco del Conflicto, los dos primeros componentes que reglamentamos de todos los que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que aprobó el Congreso la semana pasada.

Además, damos vida jurídica al comité seleccionador que escogerá a los miembros de dicha comisión, al director de dicha unidad especial y a los magistrados del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz

¿Y por qué son tan importantes esta comisión y esta unidad? 

Antes que nada, porque ponen a las víctimas en el centro, como ha sido nuestra intención desde el inicio del proceso de paz.

Las víctimas serán las protagonistas y serán también las principales beneficiarias.

En mi experiencia de todos estos años, lo que más exigen las víctimas –por encima incluso de las reparaciones o de la justicia– es la verdad.

Las víctimas quieren saber qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó y por qué pasó, y todos les debemos esa respuesta.

Hoy estamos por fin listos para construir y entregar esa verdad, y lo estamos –precisamente– porque llegamos a un acuerdo para terminar el conflicto. 

Antes solo podíamos aspirar –si acaso– a la verdad judicial. Ahora las víctimas van a poder obtener la verdad total, que es la suma de la verdad, de las experiencias, de todos los involucrados en el conflicto. Y no solo las víctimas: también la sociedad. 

Entre todas las justificaciones que se han propuesto para la creación de comisiones de verdad en los distintos conflictos hay una del escritor y académico canadiense Michael Ignatieff que me gusta particularmente.

Dice Ignatieff: ¨Lo que buscan las comisiones de la verdad es reducir el número de mentiras que circulan impunemente en el discurso público”.

Esta definición cobra aún más validez en esta época de posverdades y hechos alternativos en que se llega a absurdos tales como atribuir un desastre natural, una tragedia inmensa como la avalancha de Mocoa, a uno de los actores del conflicto. ¡Hasta dónde pueden llegar el cinismo o la ignorancia!

Es bien sabido que una sociedad no puede superar un pasado de violencia si no conoce –y reconoce– lo que ocurrió.

¿Qué esperamos conocer a través de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad?

En primer lugar, conocer las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que ocurrieron por cuenta del conflicto. 

Esto es lo que más piden las víctimas: una explicación de lo que pasó. No simplemente saber quién fue el responsable.

En segundo lugar, conocer el impacto desproporcionado que ha tenido el conflicto sobre diferentes grupos y poblaciones, como las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, los sindicalistas y periodistas, los agricultores y ganaderos, los líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

El país aún no es consciente de lo que significó la violencia sexual ejercida en contra de las mujeres, o el desmedido número de asesinatos y violaciones de sus derechos que sufrieron los pueblos indígenas y la población afrodescendiente.

En tercer lugar, la Comisión nos permitirá conocer el efecto devastador que tuvo el conflicto sobre nuestra democracia y nuestras instituciones.

Más de 300 concejales fueron secuestrados y más de 500 asesinados en los últimos 30 años, en el marco del conflicto. ¡Ninguna democracia puede funcionar así!

¡Y qué decir de la violencia ejercida contra los miles de miembros de la Unión Patriótica!

Tenemos que saber y entender lo que ocurrió en el pasado para asegurarnos de que nunca más, ¡nunca más!, se vuelva a repetir.

Y, en cuarto lugar, la Comisión nos ayudará a conocer las dinámicas del conflicto en toda su complejidad, y a constatar no solo las graves violaciones, sino también procesos positivos, como el creciente profesionalismo de los miembros de nuestra fuerza pública, a quienes tanto les debemos.

Ahora bien –como ya dije–, tan importante como conocer el pasado es reconocer lo que ocurrió; es abrir espacios para que las víctimas puedan dar su versión de los hechos y verse reconocidas como ciudadanos con derechos, y para que los victimarios puedan dar un paso adelante y reconocer su responsabilidad.

El encuentro frente a frente, mirándose a los ojos, entre quienes causaron daño y quienes sufrieron ese daño es a la vez difícil y liberador, pero más liberador que otra cosa, tanto para quien dice la verdad como para quien la escucha.

Aquí quiero recordar un principio fundamental no solo de la Comisión y de la Unidad Especial, sino de todos los componentes del Sistema Integral, y es que todos –¡todos!– debemos reconocer responsabilidad, en la medida que nos quepa a cada cual.

De eso se trata el fin del conflicto: de responderles a todas las víctimas y de promover el reconocimiento de todos quienes tuvieron responsabilidad. Y de que se llegue a una verdad total –holística–, no a una verdad fraccionada o parcial.

Yo sé que eso no les gusta a ciertos sectores que pretenden que el proceso se limite tan solo al desarme de las FARC, precisamente porque no quieren reconocer responsabilidad.

También se han opuesto rabiosamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque le tienen miedo a la verdad.

Ahora bien: no se trata de desatar una cacería de brujas o una cascada de señalamientos indiscriminados, sino de alentar a quienes hayan tenido alguna responsabilidad por las violaciones cometidas en el marco del conflicto, a reconocerla.

La Comisión –recordemos– es un mecanismo extrajudicial que no pretende establecer responsabilidades penales individuales.

Lo que en ella se diga NO tendrá efecto judicial, pues su principal función es la verdad, solo la verdad: la verdad que tanto necesitamos los colombianos.

Sin embargo, quien reconozca responsabilidad ante la Comisión y ante la Jurisdicción Especial para la Paz –siempre y cuando no sea por la participación determinante en la comisión de los delitos más graves–, se puede ver incluso beneficiado con tratamientos penales especiales, como la renuncia a la acción penal. 

Porque, en el fondo, tanto la Comisión como el Sistema no buscan solamente una rendición de cuentas sobre el pasado sino también mirar hacia adelante y contribuir a la convivencia, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto. Y por eso la Comisión tiene un enfoque territorial.

¡Cómo vamos a poder construir paz en el Urabá o en el Catatumbo o en el Putumayo si no nos decimos mutuamente las verdades y rompemos las desconfianzas!

La verdad debe servirnos NO para la venganza, sino para la convivencia; NO para el odio, sino para encontrar el camino de la reconciliación; NO para separarnos, sino para encontrarnos.

En otras palabras, para sanar las heridas y poner cimientos firmes al nuevo país que estamos construyendo entre todos.

Tal vez no haya víctimas que reclamen tanto y tan justamente la verdad como los familiares de las personas desaparecidas, es decir, las decenas de miles de colombianos que hasta el día de hoy no han tenido noticia de un ser querido víctima de una desaparición forzada o de un secuestro.

Esas son heridas abiertas que solo la verdad puede ayudar a cicatrizar. Porque más doloroso –más insoportable– que la muerte de un ser querido es no tener la certeza de dónde está, de si está vivo o muerto, de qué le pasó, de si sufre o sufrió. 

En estos últimos días –en Mocoa– me ha tocado ver el sufrimiento de cientos de familias que lo perdieron todo, y pude constatar que los más desesperados, los más angustiados, eran los que preguntaban por sus familiares desaparecidos en la avalancha, los que no sabían si estaban vivos o no, heridos o no. ¡Porque la incertidumbre es la peor tortura!

Por eso, acordamos en La Habana la creación de una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del Conflicto, como una garantía para todas esas miles de víctimas que llevan años o décadas esperando una respuesta.

El compromiso del Estado es hacer todos los esfuerzos necesarios para dar con el paradero de los desaparecidos o encontrar sus restos, y –en todo caso– entregar a cada familia un informe oficial sobre los resultados de las investigaciones.

Hasta hoy las organizaciones de víctimas de desaparición tenían que acudir directamente a sus victimarios en las cárceles para obtener información, sin ningún apoyo del Estado, con excepción de los importantes esfuerzos de exhumación que ha hecho la Fiscalía General de la Nación.

En adelante, tendremos a una institución del Estado de carácter humanitario dedicada exclusivamente a dar con el paradero de los desaparecidos. Y ese trabajo lo hará de la mano de las organizaciones de víctimas porque la búsqueda en sí misma es una forma de reparación.

Y una claridad: si bien la Unidad tendrá un carácter humanitario y extrajudicial –lo que debe facilitar la obtención de información–, los informes forenses de exhumación podrán ser utilizados para efectos judiciales.

En lo inmediato, lo más importante es poner en marcha la Comisión y la Unidad, cuyos integrantes y director serán escogidos por el mismo comité de selección de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los cinco miembros del comité seleccionador –cuyo decreto de creación firmo también hoy– son delegados del Secretario General de las Naciones Unidas, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Centro Internacional de Justicia Transicional, de la Corte Europea de Derechos Humanos, y de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

¡Qué mayor garantía de imparcialidad y de calidad de las decisiones que tomé este comité, que las entidades que delegaron a sus integrantes!

El comité seleccionador obrará con absoluta autonomía, y lo hará bajo parámetros de publicidad y transparencia, facilitando el seguimiento y veeduría por parte de la sociedad, incluyendo la recepción de comentarios u opiniones sobre los candidatos.

Además, deberá observar unos criterios de selección que garanticen la excelencia de los escogidos. 

Por ejemplo, los miembros del Tribunal de Paz deberán tener las mismas calidades que para ser magistrado de las altas cortes.

El comité seleccionador deberá comenzar su trabajo este mismo mes, para escoger a los miembros de la Comisión de la Verdad, a los magistrados del Tribunal de Paz y al director de la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos.

Y quiero invitar a las universidades, a las organizaciones de víctimas, a las entidades de derechos humanos, a los gremios y empresarios, a las cortes –incluidas las cortes marciales–, a que postulen candidatos para conformar la Comisión y el Tribunal.

Finalmente, quiero enfatizar lo siguiente: los decretos-leyes que crean la Comisión y la Unidad recogen lo consagrado sobre el particular en el Acuerdo Final de Terminación del Conflicto, y son el resultado de un proceso muy largo, en el que las víctimas han tenido un papel primordial.

Cuando se comenzó a discutir estos temas en La Habana, en junio de 2014, se organizaron cuatro grandes foros en Colombia –en Villavicencio, en Barrancabermeja, en Barranquilla y en Cali–, en los que participaron más de 3 mil víctimas, con 22 mil propuestas sobre el sistema integral que garantiza sus derechos.

Luego –como ustedes saben– invitamos a 60 víctimas a La Habana para que nos dieran sus testimonios y sus propuestas.

Adicionalmente, varias instituciones –como la Fundación Kofi Annan– organizaron foros especializados para apoyar la discusión del acuerdo sobre la Comisión de la Verdad.

Y ahora, en el proceso de elaboración de estos decretos-leyes, consultamos de nuevo a diferentes organizaciones de víctimas.

Es decir, la voz de las víctimas se ha escuchado y ha sido tenida en cuenta desde el planteamiento inicial hasta la concreción de este mecanismo. Por eso mismo, tengo la convicción de que su éxito dependerá fundamentalmente de la movilización de las propias víctimas en todo el país.

Serán las víctimas quienes asegurarán que la Comisión, más allá de producir un informe, sea un verdadero punto de inflexión, un espacio de un alto poder simbólico, que nos sirva para rendir cuentas sobre lo ocurrido, cerrar el conflicto, y sentar las bases de la convivencia y la no repetición.

Y recordemos también que, en la discusión del acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se trató extensamente el tema de la Comisión y la Unidad Especial que hoy oficializamos mediante decretos-leyes.

Es decir, las normas que hoy expedimos son fruto del Acuerdo de Paz, contaron con la participación de las víctimas, y tuvieron debida discusión y aval en el Congreso de la República.

Ahora bien, nuestra comisión de la verdad –a diferencia de lo que pasó en otros países donde tuvieron que partir prácticamente de cero– se beneficiará del trabajo de construcción que ya ha hecho en Colombia el Centro Nacional de Memoria Histórica, con más de 50 informes publicados.

También se ha avanzado en el esclarecimiento de la verdad gracias al trabajo de las universidades en general; de las comunidades en los territorios, que han hecho sus propios procesos de memoria –como ha sido el caso de San Carlos, en Antioquia–, y de la Comisión Histórica que trabajó en La Habana.

Apreciados amigos:

En naciones tan disímiles como Sudáfrica, Guatemala, El Salvador, Sierra Leona y Kenia han funcionado comisiones de la verdad que les permitieron avanzar en sus procesos de reconstrucción del tejido social.

Estas experiencias nos han dejado importantes lecciones, que hemos tenido en cuenta para no cometer los mismos errores. 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas serán –de alguna manera– el estado del arte de este tipo de mecanismos en el mundo y responderán a las características de nuestro conflicto.

Siempre dijimos que, con la terminación del conflicto, iba a llegar de la hora de la verdad, la hora del esclarecimiento de los hechos más graves que se presentaron en más de 50 años de violencia entre hijos de una misma nación.

Hoy podemos decir que ese momento ha llegado para todas las víctimas del conflicto armado, sin distingo alguno: víctimas de las guerrillas, víctimas de los paramilitares o víctimas de agentes del Estado. ¡Todos tienen los mismos derechos!

Hoy por fin –¡por fin!– podemos proclamar –con enorme satisfacción y esperanza– que no solo a las víctimas, sino a todos los colombianos, ¡nos ha llegado LA HORA DE LA VERDAD! 

La hora de conocer y reconocer nuestro pasado, nuestra realidad, nuestras dolencias, nuestras heridas… para poder sanarlas, para poder curarlas, para que cicatricen definitivamente.

La verdad nos hace libres. ¡Bienvenida hoy y siempre la verdad!