Víctimas

Medellín, 12 de mayo de 2017

Señor

Federico Gutiérrez

Alcalde de Medellín

Cordial Saludo.

Recibimos con preocupación su comentario al Área Metropolitana tras la valiosa y necesaria Cumbre Metropolitana de Paz. Según su cuestionamiento no hace parte del mandato del Área ocuparse de la paz. Su postura es muy preocupante, no solo porque resulta desproporcionada, sino porque se suma a una serie de mensajes que evidencian una clara oposición al Proceso de Paz por parte de la Alcaldía de Medellín.

Según la Defensoría del Pueblo aumenta el riesgo de ataques y atentados contra miembros de la Fuerza Pública, principalmente contra la Policía Nacional. Se trata de un Plan Pistola de presuntos integrantes del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo.

El Sistema de Alertas Tempranas se refiere a los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Cundinamarca (Soacha) y en el Distrito Capital Bogotá.

Cada vez que el calendario marca la conmemoración de una tragedia sufrida por Colombia a causa del conflicto, es inevitable sentir el dolor de no poder regresar en el tiempo a cambiar lo ocurrido.

Y si la paz hubiera llegado antes…, si se hubiera logrado un acuerdo para su liberación…, si no los hubieran secuestrado, para empezar…, si no les hubieran disparado… si hubieran respetado su vida…

En entrevista con GeneracionPaz.Co a orillas del río Atrato, el líder afrocolombiano Miguel Quejada recuerda que esos que son indiferentes en las ciudades ante la la paz, también tienen que ser parte de este momento histórico. En medio de los ataques y homicidios a líderes sociales en Colombia tras la implementación del Acuerdo de Paz entre gobierno y Farc, los más humildes y golpeados por la guerra piden la solidaridad y compromiso también de los ciudadanos urbanos.

A pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional sobre el alarmante número de asesinatos, actos de violencia y amenazas contra activistas colombianos, su situación de seguridad continua siendo grave. La violencia socava profundamente la sostenibilidad de la paz.

En el municipio de Riosucio, norte del Departamento de Chocó continúa la expansión de los grupos paramilitares de extrema derecha, los que seguimos combatiendo; en igual forma como lo hemos hecho, en los últimos años, como en el 2015, cuando los confrontamos conjuntamente con unidades de las Farc, pese a que éstas se encontraban en los diálogos de La Habana.

Desde el Punto Transitorio de Normalización (PTN) en Miranda, Cauca, se informó la segunda muerte de un integrante de Farc tras la firma del Acuerdo de Paz entre esa guerrilla y gobierno. Hasta abril de este año no se había producido ninguna, pero ahora se suman dos en una semana. La preocupación de las mismas Farc y la sociedad que apoya el proceso de paz crece pues una de las garantías más importantes para el éxito de la implementación es la seguridad de los ex combatientes.

El ex guerrillero que hacía parte del grupo de indultados fue asesinado de tres impactos de bala.  El comando de la Zona Veredal Transitoria de Normalización, Ariel Aldana de las FARC-EP, lo informó mediante comunicado público este 19 de abril. Es el primero de los integrantes de Farc asesinados tras la firma del acuerdo de paz entre gobierno y esa guerrilla. Las Farc dieron a conocer:

Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos esta comunicación, algunas pertenecientes desde hace cerca de dos años a la Mesa por la Verdad, espacio que tiene por objetivo el impulso y la exigibilidad del buen funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), hemos venido reflexionando sobre la formulación de los alcances y desarrollos de lo establecido en el punto 5.1.1. del Acuerdo Final, así como sobre los retos y desafíos de su labor para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en Colombia.

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en conjunto con la Unidad para la Víctimas, la Defensoría del Pueblo, y la administración municipal de Riosucio, Chocó, realizaron entre los días 28 y 30 de marzo una misión humanitaria a las comunidades de la cuenca del río Truandó, confirmando la crítica situación de confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado y riesgo de afectación por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, que afecta a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan este territorio.