Así es la Justicia que opositores a la paz quieren borrar

Que la Justicia para los responsables del conflicto se aplique solo a la guerrilla, tal como lo propone el uribismo, ha sido considerado "inmoral" por las víctimas de Colombia y un retroceso que llevará a aumentar los niveles de impunidad. En conversación con GeneracionPaz.Co el asesor jurídico del Proceso de Paz, Enrique Santiago, explica cómo está concebida la justicia acordada en La Habana y porqué garantiza los derechos de las víctimas.

Por: 
Redacción Generación Paz

Las horas del día no alcanzan para tanto. Conversar aquí. Renegociar allá. Atender el chat. Releer la Constitución Colombiana y las fotocopias empastadas del Acuerdo Final de La Habana que carga como los pastores a las biblias. Y, a los apuros, tomarse un café. Esa era la intención del asesor de las Farc, Enrique Santiago cuando aceptó una charla en Bogotá con políticos opositores al tratado de paz con la guerrilla veinte días después del triunfo del NO en el Plebiscito. Lo anunciaron en los medios, pero lo cancelaron desde Cuba. Ese primer acercamiento directo entre opositores y Farc se vio frustrado. La desconfianza continúa.

Desde Colombia, donde el abogado español pasa ahora más tiempo que en su país intentando poner fin a nuestra guerra, Santiago explica  el polémico acuerdo de Justicia que los contradictores del Proceso de Paz intentan modificar ahora que, tras resultar triunfadores en las urnas, decidieron al fin participar  con propuestas concretas en el Proceso de Paz al que el Presidente Santos y "Timochenko" tantas veces les habían convocado.

Antes de partir a La Habana para continuar los cara a cara en los que se estudian y negocian las propuestas del NO, el jurista le explica a los lectores de GeneracionPaz.Co porqué el Sistema Integral de Verdad y su Jurisdicción Especial para la Paz no contiene la renombrada Impunidad con la guerrilla sino que, en su opinión, traza en cambio el mejor camino para alcanzar la justicia con todos los responsables del conflicto armado y no solo con las Farc que, como recuerda siempre que puede, es responsable apenas del 16% de la victimización  fatal en Colombia de acuerdo con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuyos estudios atribuyen a los paramilitares el 38% de los asesinatos selectivos (entre 1981 y 2012) y a la Fuerza Pública el 10,1%, mientras un 27% no ha sido identificado. También se refiere a la señalada fortuna de las Farc con la cual, aspiran algunos, se repare a las víctimas.

 

¿Cómo funcionará el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en caso de que se implemente tal cual se acordó en La Habana?

Se creará un Sistema compuesto por una Comisión de la Verdad para esclarecer los orígenes del conflicto y las causas de la victimización; una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y una serie de políticas de reparación a las víctimas incluidas modificaciones a la actual ley de víctimas y unas políticas de defensa de los derechos humanos. Además se establecerá una Jurisdicción Especial para la Paz  (JEP) que tiene como finalidad procesar las responsabilidades penales habidas en el conflicto. Esto no es sencillo pues son más de 7 millones de víctimas y por tanto es imprescindible crear un sistema eficaz que no permita el colapso y no se genere una situación de impunidad igual a la que se viene viviendo en Colombia donde la impunidad alcanza niveles del 95% incluidas las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

 

¿Cómo está concebida la Jurisdicción Especial de Paz?

La JEP está compuesta por una serie de salas y un tribunal. Se destaca la Sala de ofrecimiento de verdad Reconocimiento de responsabilidades, pues allí comparecerán aquellas personas respecto a las cuales haya acusaciones por graves violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH, y se les ofrecerá la oportunidad de reconocer responsabilidades. De ofrecer verdad completa, exhaustiva y detallada, se enfrentarán a unas sanciones restaurativas que consisten en la realización de reparación a las víctimas del conflicto. En caso de no reconocer responsabilidades se someterán a un juicio en el Tribunal Especial para la Paz donde, de hallarse culpable, tendrían hasta 20 años de sanción de cárcel.

 

¿Cuál es el punto más sensible de lo acordado en esta Jurisdicción?

El debate ha surgido en torno a si las penas restaurativas pueden considerarse a penas genuinas conforme a lo que establece el derecho internacional penal. Lo cierto es que no hay una norma en este derecho que obligue a que las penas genuinas sean únicamente de cárcel. La cárcel ni resocializa al infractor ni mucho menos repara a la víctima. En esta Justicia se trata de reincorporar al infractor a la sociedad y reparar efectivamente a las víctimas.

 

Los líderes del NO que triunfó en el Plebiscito piden que el Sistema tenga un límite. ¿Cómo sería si se siguen al pie los textos firmados en Cartagena?

El Sistema Integral no tiene tiempo de finalización establecido. El modelo de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz procesará las responsabilidades habidas desde el inicio del conflicto armado hasta la finalización, desde que entre en vigor el Acuerdo Final y se dé por concluido el conflicto.

Mientras la duración de la Comisión de la Verdad se ha establecido por tres años. Esto significa que la verdad política, ética, social deberá establecer antes unas premisas y unas constataciones que ayuden a entender lo sucedido.La relación entre la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Paz y la JEP es que esta ultima podrán utilizar las conclusiones y testimonios logrados por la Comisión pero esta Comisión no podrá judicializar sus conclusiones.

 

¿Lo acordado por guerrilla y gobierno implica impunidad?

El acuerdo no implica ninguna impunidad. Es el primer modelo alcanzado en una mesa de conversaciones donde ambas partes, por mutuo acuerdo y sin necesidad de la intervención de la comunidad internacional o sin ser ninguna derrotada por la otra, someten todas sus responsabilidades a un tribunal constituido para examinarlas.

Se prevé una ley de amnistía y de tratamientos penales diferenciados para agentes del estado que en ningún caso amnistiará o dejará sin perseguir los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y el delito de genocidio. Es decir, el Sistema en absoluto provoca impunidad. Cumple debidamente con lo que el derecho internacional exige a cualquier estado respecto a la causación de graves crímenes en un conflicto o situación de violación masiva  a los ddhh.

Están garantizados el derecho a la justicia, a la verdad, a la persecución e imposición de sanción para obtener una reparación y además tiene competencia suficiente para conocer sobre responsabilidades de amplios sectores de Colombia que nunca antes han dado cuentas, especialmente  civiles: políticos, empresarios, financiadores paramilitarismo etc.

 

Los del NO propone que la justicia transicional se aplique solo a Farc.¿Quiénes podrán ser juzgados en el Sistema de acuerdo a lo pactado en La Habana?

El Sistema prevé examinar no solo las responsabilidades de combatientes, los que llevan puestos los uniformes, sino de civiles, políticos, y personas ligadas a grupos económicos que hayan financiado grupos ilegales como los paramilitares. El mayor reto del Tribunal será contar con la información completa de lo que ha ocurrido, procesar esta información rápidamente y en un contexto de reconciliación nacional garantizar que se produce el debido equilibrio entre construcción de la paz, justicia y sanción a los responsables.

 

Se dice que las Farc tienen gran una fortuna y con ella deben reparar a las víctimas. ¿Qué opina?

No existe la tal fortuna de las Farc.  El fin de la rebelión ha sido un fin no altruista. Lo que existe son recursos de economía de guerra, propios de cualquier ejército, imprescindibles para garantizar el funcionamiento de una guerrilla durante 52 años. Tanto los recursos de guerra y cualquier medio que haya servido para sustentar el alzamiento armado de las Farc se incluirán en el proceso de dejación de armas y serán verificados por el sistema de monitoreo. Después de finalizar la dejación de armas de las Farc, todos los recursos que pudieran existir deberán aplicarse a los fines establecidos en el acuerdo como reparación a las víctimas y para garantizar la reintegración de los antiguos combatientes guerrilleros.